15 May 2020 | Pronunciamiento de WOLA

Los cargos incorrectos del gobierno de Trump contra Cuba dañan las perspectivas de las conversaciones de paz en Colombia y en otros lugares

Washington, D.C. – El 12 de mayo, el Departamento de Estado notificó al Congreso estadounidense que Cuba y otros países fueron clasificados, bajo la Sección 40A(a) de la Ley de Control de Exportación de Armas, como “no cooperantes” en los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos en el 2019. Es el primer año que Cuba ha sido certificada de esta manera desde el 2015. En su declaración, el Departamento de Estado se refirió a la negativa de Cuba ante la solicitud de Colombia para la extradición de los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que siguen varados en La Habana después de que las conversaciones de paz fueran interrumpidas y por la presencia de fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses que han vivido en Cuba durante décadas. Estos cargos motivados políticamente y destinados a complacer a los electores en EE.UU., socavan la cooperación de seguridad existente entre Estados Unidos y Cuba, así como la posibilidad de negociaciones de paz en Colombia y potencialmente en otros lugares.

Las sanciones que implica la designación de “no cooperante”—la prohibición de la venta o exportación de equipos y servicios de defensa al país designado—no tienen consecuencias prácticas para Cuba, ya que las regulaciones del embargo de los Estados Unidos prohíben la venta de equipos y servicios relacionados con la defensa. Sin embargo, la designación empeora aún más la relación diplomática entre Cuba y los Estados Unidos.

Designar a Cuba como ”no cooperante” implica un paso hacia la designación del país a la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado (Cuba fue eliminada oficialmente de la lista en el 2015). La justificación citada por el Departamento de Estado para designar a Cuba como “no cooperante” es similar a las justificaciones invocadas por los gobiernos anteriores por mantener a Cuba en la lista de terrorismo.

Desde la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba han profundizado la cooperación de seguridad en temas de interés mutuo y para beneficios de ambos países. En enero de 2017, estos esfuerzos culminaron con la firma de un memorando de entendimiento sobre cuestiones de aplicación de la ley, donde ambos gobiernos se comprometieron a ampliar la colaboración operativa en materia de lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas, cibercrimen y ciberseguridad, entre otros temas. Además, ambos gobiernos establecieron grupos de trabajo específicos en nueve áreas separadas para intercambiar información, compartir buenas prácticas y la coordinación operativa directa en casos específicos, incluido el contraterrorismo.

La reunión técnica pública más reciente tuvo lugar en enero de 2018 entre los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Cuba y funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado, quienes destacaron la importancia de la cooperación en estas áreas y acordaron continuar reuniones técnicas en el futuro.

Uno de los factores citados por el Departamento de Estado para la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en el 2015 fue el rol crítico de Cuba en las exitosas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el antiguo grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En mayo de 2018, el gobierno de Colombia, el grupo guerrillero del ELN y el gobierno de Noruega le pidieron a Cuba que organizara diálogos exploratorios entre Colombia y el ELN, que habían tenido lugar en Ecuador. Cuba y Noruega estuvieron sirviendo como “países garantes” para esas conversaciones, destinadas a poner fin a un conflicto que comenzó en 1964.

En abril de 2016, al comienzo de los diálogos, todos los involucrados, incluidos los representantes del gobierno colombiano, firmaron un conjunto de protocolos, los cuales declararon que, si las conversaciones del ELN tuvieran una ruptura, los negociadores del ELN no serían detenidos, tendrían 15 días para abandonar Cuba y recibirían un pasaje de regreso seguro a Colombia. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque, que asumió el cargo en agosto de 2018, fue mucho más escéptico sobre los diálogos de paz. En enero de 2019, el ELN fue autor de un ataque con un carro bomba en las instalaciones de la academia de la Policía Nacional de Colombia, que mató a 22 personas y forzó el fin de las negociaciones. Después de eso, el gobierno colombiano no cumplió con los protocolos que regiría los pasos de una ruptura del diálogo. Exigió que Cuba entregara a los negociadores del ELN para su detención, y luego solicitó formalmente su extradición. Cuba no accedió a la demanda y los negociadores guerrilleros aún siguen varados en territorio cubano. Los propios líderes del ELN continúan exigiendo que se les permita salir de Cuba, como se detalla en los protocolos que firmó el gobierno de Colombia.

Las comunidades en las que opera el ELN han demandado constantemente al gobierno colombiano que participe en conversaciones exploratorias de paz con el grupo guerrillero, especialmente en medio de la pandemia del COVID-19. Estas acciones recientes de los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia ignoran la seguridad y el bienestar de los afrocolombianos, indígenas y campesinos que no tienen otra alternativa que enfrentar las implicaciones negativas de grupos ilegales como el ELN que operan en sus territorios. En lugar de crear obstáculos para consolidar los esfuerzos del establecimiento de la paz, el gobierno colombiano debería tomar todas las medidas posibles para crear las condiciones necesarias para restablecer el diálogo y trabajar para establecer una paz duradera.

La designación de “no cooperante” sienta un precedente perjudicial para futuros procesos de paz.

Envía el mensaje de que si un estado está dispuesto a participar en negociaciones de paz, y no viola su palabra, ese estado aún podría enfrentar graves consecuencias por su contribución hacia la paz y la seguridad global. En Colombia, a pesar de que las acciones del ELN son condenables,  la designación estadounidense envía un mensaje perverso a cualquier grupo que pueda decidir entrar en un futuro proceso de paz con el gobierno colombiano.

En última instancia, este paso del gobierno de Trump socava la cooperación continua en materia de seguridad nacional y la cooperación en aplicación de la ley entre Cuba y los Estados Unidos, al tiempo que socava la diplomacia internacional efectiva.