El 24 de agosto se marca 10 años del descubrimiento de 72 migrantes—58 hombres y 14 mujeres, de países como Guatemala, Ecuador y Brasil—que fueron asesinados por un grupo criminal en San Fernando, Tamaulipas, en el norte de México. La tragedia es emblemática no solo por la violencia y los peligros que enfrentan los migrantes cuando viajan por México, sino también por la incapacidad del gobierno mexicano para abordar y prevenir esos abusos. El caso también es simbólico por la falta de justicia para los delitos contra los migrantes: una década después, nadie ha sido condenado.
La tragedia de San Fernando no fue una anomalía. Los migrantes fueron secuestrados y asesinados, supuestamente por negarse a trabajar para el grupo criminal. En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) estimó que aproximadamente 20,000 migrantes fueron secuestrados en México. Diez años después, el secuestro sigue siendo uno de los delitos más comunes que los migrantes reportan haber vivido. Un estudio de 2019 encontró que aproximadamente uno de cada tres migrantes sufre algún tipo de violencia cuando transita por México. Las autoridades mexicanas han identificado cientos de restos de migrantes extraídos de fosas comunes; por ejemplo, en el 2011 en San Fernando se descubrieron 48 fosas con 196 personas, y en el 2012 en Cadereyta, Nuevo León, se descubrió 49 torsos al lado de la carretera. Tales descubrimientos plantean la siguiente pregunta: ¿Cuántas de las decenas de miles de restos no identificados en México pueden pertenecer a migrantes desaparecidos?
Mientras no se priorice la justicia y la protección de los migrantes, México no habrá aprendido las lecciones de la masacre de San Fernando.
Lo que creó las condiciones para que una tragedia como la masacre de San Fernando sucediera fue la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados violentos, la corrupción desenfrenada en sectores de la justicia y otros organismos gubernamentales, la falta de investigación y enjuiciamiento por delitos contra los migrantes, y la aparente indiferencia de las autoridades ante los abusos a los que son sometidos los migrantes. Actualmente, estos mismos problemas siguen siendo endémicos en México, aunque algunos de los riesgos que enfrentan los migrantes han evolucionado. Pero políticas como “Quédate en México” siguen resaltando la indiferencia ante el sufrimiento de los migrantes: el gobierno de Estados Unidos sigue expulsando a los migrantes y solicitantes de asilo a ciudades fronterizas mexicanas (algunas son entre las más violentas del mundo) donde sufren agresiones violentas.
Debido a la presión y las amenazas del gobierno estadounidense, el gobierno mexicano accedió a la expansión de “Quédate en México” y aumentó drásticamente las detenciones y deportaciones. Así vemos al gobierno de México nuevamente dándole prioridad a las duras políticas migratorias, en lugar de tratar a quienes ejercen su derecho a migrar de manera digna, enfocado en la compasión y los derechos humanos. Mientras no se priorice la justicia y la protección de los migrantes, México no habrá aprendido las lecciones de la masacre de San Fernando.
El gobierno de Estados Unidos tiene que desempeñar un papel fundamental en abordar los peligros que enfrentan los migrantes en tránsito en México. Primero que todo, es fundamental revertir las políticas dañinas y desastrosas del gobierno de Trump. Hay que restaurar el derecho a solicitar asilo en la frontera y acabar con “Quédate en México” y otras políticas que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en ciudades fronterizas mexicanas donde no están seguros. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses deben seguir colaborando en investigaciones que involucran crímenes transnacionales contra migrantes, así como compartir información con contrapartes mexicanas y apoyar los esfuerzos en México para identificar los restos no identificados.
Las familias de las víctimas de la masacre de San Fernando han esperado demasiado tiempo para la verdad y la justicia.
Cuando ocurrió la tragedia de San Fernando, diplomáticos estadounidenses señalaron que debido a la corrupción extensa que hay en México, se había comprometido la capacidad de las fuerzas de seguridad y las autoridades gubernamentales para investigar adecuadamente la atrocidad, mucho menos mantener el orden en partes del noroeste de México. (Como WOLA ha documentado, hay una abundancia de casos en los que grupos criminales trabajan con oficiales públicos para secuestrar y cometer otros delitos contra migrantes). La corrupción sigue siendo un problema extenso que le impide a México abordar los desafíos de la migración y la violencia; como tal, el gobierno estadounidense debe seguir reconociendo la importancia fundamental de apoyar los esfuerzos en México para fortalecer el estado de derecho y los esfuerzos anticorrupción.
Las familias de las víctimas de la masacre de San Fernando han esperado demasiado tiempo para la verdad y la justicia. La Fiscalía General de México debe profundizar su investigación y crear una comisión multidisciplinaria especial encargada del caso, y asegurar que las familias puedan participar en la investigación sin tener que hacer el costoso viaje a México. El gobierno mexicano también debe tomar medidas para identificar los nueve restos no identificados del caso y brindar certeza a otras familias que trágicamente continúan teniendo dudas sobre la identidad de los restos que recibieron.
