No sólo estamos hablando de lo que está sucediendo en la presa de La Boquilla en Chihuahua o en la capital del país, en pleno Centro Histórico con los manifestantes de FRENA, y ya no digamos lo que ocurre en la periferia de la capital, como en el Ajusco, y bueno, de terror, lo que acontece en el sureste con los migrantes centroamericanos, sino de los riesgos que conlleva la militarización en todo el territorio nacional, en donde el Ejército, tan adorado y ahora vilipendiado, se puso el uniforme de la Guardia Nacional para reprimir incluso con violencia a la gente, y no porque lo hagan por gusto o convicción, porque también son pueblo, sino por órdenes de autoridades civiles que cuando no tenían el poder, ellos sí atentaron contra instalaciones estratégicas y pozos petroleros, pero ahora, se escudan en la represión para impedir las manifestaciones, el libre tránsito y la libertad de expresión.
El avance gradual de los militares como autoridad policiaca ocasiona graves violaciones a los derechos humanos en todo el territorio nacional que, so pretexto de combatir a la delincuencia y sin la preparación adecuada para ello, arremeten con los argumentos con los que fueron entrenados: las armas y el asesinato.
Aunado a ello, el organismo que por antonomasia debería defender a los ciudadanos ante el abuso del poder por parte de la milicia, se preocupa más en esclarecer el tipo de viandas que guardaba celosamente la Piedra que despacha en la CNDH, "no eran cortes, sino bisteces".
Estamos en el peor de los mundos en eso de dejar indefensa a la sociedad; por un lado, el Ejército patrulla el territorio nacional en tareas propias de corporaciones civiles, y por otro la CNDH es omisa y por tanto cómplice de las violaciones de los derechos humanos contra cientos de mexicanos.
Durante más de dos décadas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) ha expuesto los graves riesgos que plantea la militarización de la seguridad pública a los derechos fundamentales del hombre.
Algunas de las consideraciones más importantes que ha hecho esta organización internacional dedicada a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas apuntan a que un problema fundamental con la militarización de la seguridad pública es que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil.
Las fuerzas policiales civiles están capacitadas para enfrentar las amenazas a la seguridad pública, utilizando la menor fuerza posible, con la confianza y la cooperación de la población. En contraste, los soldados están entrenados para usar la fuerza para vencer a un enemigo en situaciones de combate, haciéndolos incapaces de estar en contacto cercano con civiles.
Hay que decirlo con todas sus letras, hasta el día de hoy la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia y ha provocado graves violaciones a los derechos humanos
Con el Ejército en las calles se vulnera aún más los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación con violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, amén de que obstaculizan las investigaciones criminales
La mejor manera de abordar la inseguridad en México y de combatir a las organizaciones criminales es con investigaciones e inteligencia que conduzcan a condenas y fortalecer las instituciones de la policía civil.
Desde San Lázaro, la diputada del PRD, Mónica Bautista Rodríguez, exigió al gobierno federal que comience con el retiro gradual de los elementos militares a los cuarteles, para evitar que continúen violando los derechos humanos de la población, y a su vez se dé una debida capacitación a policías estatales y federales, para que tomen las riendas de seguridad pública en el país.
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