(AP Photo/Rebecca Blackwell)
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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, México, recientemente emitió un comunicado sobre la falta de avances en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas que fueron torturadas sexualmente por miembros del ejército mexicano en 2002. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de México en 2010, pero el gobierno mexicano no ha cumplido plenamente con las obligaciones establecidas por el tribunal en su sentencia.
En una reciente audiencia privada de cumplimiento, delegados del gobierno mexicano, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas y representantes de cuerpos civiles se reunieron para abordar la falta de avance en la sentencia de la corte para los casos.
La audiencia privada abordó ampliamente la implementación parcial de varios aspectos de la sentencia, incluyendo las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar los delitos, un protocolo para investigar los casos de violencia sexual y las medidas preventivas que podrían tomar para poner fin a la violencia y la discriminación contra las mujeres. Las víctimas mencionaron específicamente su preocupación por la falta de avances en la investigación de los militares que violaron sus derechos y recortes presupuestarios a instituciones que atienden a las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas de México.
WOLA ha abogado por las víctimas durante la duración del caso, y la Vicepresidenta para Programas y Directora para México y Derechos de Migrantes, Maureen Meyer, presentó recientemente un amicus curiae a la Corte Interamericana sobre las implicaciones de la militarización de la seguridad pública en los derechos humanos en México y faltas en la investigación y el enjuiciamiento de soldados involucrados en violaciones de derechos humanos contra civiles.
Inés y Valentina continúan buscando justicia diez años después de la decisión de la Corte y 18 años después de los crímenes ocurridos. Para dar cumplimiento a la sentencia, el gobierno mexicano debe abordar las deficiencias en las reformas al código de justicia militar y las implicaciones de derechos humanos de la militarización de la seguridad pública en el país, mientras aumenta el apoyo a las comunidades de Guerrero y a los programas e instituciones que abordan la violencia contra las mujeres, en particular las mujeres indígenas.
