La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las horribles condiciones en las cárceles de todo el mundo y ha creado una mayor urgencia para implementar las reformas necesarias para reducir drásticamente el número de personas que van a prisión. Un nuevo documento informativo analiza un programa en Kenia que brinda apoyo entre pares a mujeres encarceladas y liberadas de la detención, a fin de brindarles las herramientas que necesitan para tener éxito en sus vidas.
El estudio de caso sobre Kenia es la última entrega de una serie de varias partes que destaca enfoques innovadores para la política de drogas en todo el mundo. Desde las reformas a las sentencias por drogas en el Reino Unido hasta el perdón a personas encarceladas por ofensas de drogas de bajo nivel, la serie examina programas que sirven como modelos útiles de cómo debería ser un enfoque más orientado a los derechos humanos en políticas de drogas y de justicia penal. El programa Clean Start [Nuevo Comienzo] de Kenia es otro ejemplo de cómo algunos gobiernos y comunidades de todo el mundo están adoptando enfoques innovadores para abordar temas relacionados con las mujeres impactadas por el encarcelamiento.
Clean Start es un emprendimiento social en Kenia liderado por mujeres que han estado en prisión. Esta organización —única en su tipo en África— se propone restaurar la esperanza, dignidad y autoconfianza de mujeres y niñas que están o han estado encarceladas, al mismo tiempo que romper los ciclos de pobreza y reincidencia. El documento informativo examina cómo el programa Clean Start brinda servicios de apoyo a mujeres y niñas encarceladas y anteriormente encarceladas por medio de formación profesional y otros programas. Estos programas pre-y post-liberación apoyan a las mujeres cuando éstas regresan a sus comunidades, brindan oportunidades para sostenimiento de mujeres y niñas que han estado encarceladas y, según Clean Start, muestran una reducción en los índices de reincidencia.
Producido por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y Dejusticia, los 17 estudios de caso, que cubren nueve países, se pueden consultar aquí.
