(Imagen por @chavodeltoro)
(Imagen por @chavodeltoro)
El 6 de octubre, un grupo de organizaciones y personas de la sociedad civil de México, junto con otras organizaciones internacionales incluyendo a WOLA y al Fundación para el Debido Proceso (DPLF), anunciaron el Colectivo Contra la Impunidemia, un colectivo que analiza y estudia cómo enfrenta México su crisis de impunidad generalizada. La nueva campaña de “Impunidemia” identifica las acciones y omisiones de las fiscalías como responsables de la crisis de impunidad en México, y busca monitorear las amenazas a la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República (FGR). Muchas de las organizaciones y personas en el colectivo vinieron de los esfuerzos de una previa campaña, #FiscalíaQueSirva.
Lea el Fiscalómetro, el informe principal de la campaña sobre la actuación y las omisiones de las fiscalías en el país.
Los siguentes preguntas y respuestas explican más sobre el propósito de la campaña:
Nos ha convocado la urgencia de hablar de los costos humanos de la crisis de impunidad que atraviesa el país y la preocupación en torno al desempeño de quienes se deberían encargar de combatirla: las fiscalías. Queremos mostrar lo que la impunidemia está costando en términos humanos: familias en agustia, una situación parecida a la tortura. Una violencia institucional en contra de las familias y las víctimas y los problemas estructurales que la maquinaria de la impunidad ha construido y mantenido desde el aparato de las fiscalías a nivel federal y estatal.
Es nuestra crisis de crisis, una de nuestras pandemias más letales para la justicia. La de la impunidad generalizada de más de 90% en el país. La que trastoca la vida de las personas. La de la vieja anormalidad. La que siempre toca nuevos fondos y nunca alcanza un pico. La del colapso de las instituciones de procuración de justicia. La que tiene enfermo al país desde hace décadas porque a ningún gobierno le ha importando atenderla, curarla. La que está causando que exista más violencia en el país porque no hay consecuencias cuando alguien desaparece, cuando alguien mata, cuando alguien tortura o comete feminicidio. La que ha afectado a periodistas, migrantes, mujeres, y miles de familias con casos de ejecución y desaparición. La que nos está dejando terribles secuelas para nuestra democracia.
Es un informe sobre la actuación y las omisiones de las fiscalías en el país, partiendo de la Fiscalía General de la República y su diseño constitucional y legal, que fue trabajado con la sociedad civil.
Es un instrumento vivo, que en su primera entrega enfatiza en la designación del primer Fiscal General, Alejandro Gertz Manero y las designaciones ilegales que él hizo en las fiscalías especializadas electoral, anticorrupción y derechos humanos, así como en las obligaciones legales incumplidas por la FGR desde su creación –hace ya más de año y medio– y los esfuerzos ciudadanos por monitorear la realidad que enfrenta ante los ministerios públicos que no investigan.
Esta primera entrega termina presentando un mapeo colectivo de casos graves que se encuentran en la impunidad, a través de 11 primeros casos expuestos en el documento, esperando incorporar más.
Es un grupo de organizaciones y personas de la sociedad civil que decidimos encontrarnos para analizar, estudiar y dar a conocer las acciones y omisiones de las fiscalías como responsables de la crisis de impunidad, “la impunidemia”, que vive el país; así como para monitorear las amenazas a la transición de la PGR a la FGR. Muchas de las organizaciones y personas venimos de los esfuerzos de #FiscalíaQueSirva en años pasados.
Comenzamos por la Fiscalía General de la República, donde encontramos una institución que no investigan, cuando esa es su función. Un proceso de transición fuera de la ley; un desdén de la Fiscalía General de la República a su propia ley. Procesos incompletos, como el de la creación de un consejo ciudadano; designaciones sin la participación efectiva de la ciudadanía, empezando por la del Fiscal General y las de las personas titulares de las fiscalías especializadas, realizadas por el fiscal general; así como una falta de claridad sobre las prioridades de la FGR en la versión provisional del Plan de Persecución Penal que presentó Gertz Manero al Senado.
Una fiscalía que se dice autónoma en el papel, pero que en los hechos no lo han mostrado. Una fiscalía que nunca logró la transformación, que ni siquiera tuvo un proceso de depuración de su personal y que no le ha apostado a generar nuevos equipos de trabajo ni nuevas metodologías de investigación.
Es el documento orientador de la política criminal de la FGR, que debió construirse con aportaciones de la sociedad civil, y con el cual se definen las prioridades de la FGR para investigar y perseguir delitos.
Hace falta seguir y cumplir con los procesos que quedaron establecidos en la Ley con absoluta transparencia. La Ley orgánica, la Ley operativa de la Fiscalía, fue construida durante la época de transición del nuevo gobierno y contaba con elementos para un monitoreo y colaboración de la sociedad para verificar sus procesos. Tanto así que por eso se incluyó el Consejo Ciudadano que no ha sido designado por el Senado de la República.
El avance en casos emblemáticos son sumamente importantes, pero no son un buen parámetro para hablar de un cambio. Estos casos, por ser mediáticos, no reflejan la realidad en la generalidad de los miles de asuntos que tiene pendientes la FGR. Por el contrario, en gran mayoría de los casos hay un nivel de estancamiento y además el Fiscal rechaza reunirse con víctimas organizadas o en lo particular.
NO. Es una campaña y un esfuerzo permanente enfocado a contar con un monitoreo del funcionamiento de las Fiscalías de todo el país, no solo de la FGR, y mostrar las secuelas que esto ha causado a partir de algunos casos. Los pactos de impunidad y el deterioro de las instituciones de procuración de justicia no solo se presentan en la FGR, sino prácticamente en todas las fiscalías de México.
Tortura
A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR), reportó haber iniciado 13,560 investigaciones penales por el delito de tortura entre 2006 y 2019. De este número de investigaciones, sólo 30 averiguaciones previas han sido consignadas, es decir, el 0.22%. De 2006 a 2019, se dictaron 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias.
A nivel estatal, las cifras suman 21.360 investigaciones penales iniciadas por este delito de 2006 a 2019, según los reportes de 27 de las 32 entidades del país. De acuerdo a tribunales estatales existen 16 sentencias por tortura dictadas entre 2006 y 2019 .
Desaparición
Los registros más actuales de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, entre 2006 y 2019, indican que se recibieron sólo 188 denuncias por desaparición forzada y 368 denuncias por desaparición por particulares. Las cuales se refieren a 2,072 víctimas, de las cuales el 85% son hombres y 15% mujeres. Del total de indagatorias sólo seis han sido consignadas-judicializadas. Respecto a la condena de esta grave violación de derechos humanos, el Consejo de la Judicatura Federal ha dictado sólo 27 sentencias a nivel federal, de las cuales sólo 13, es decir, menos de la mitad, son condenatorias.
A nivel estatal existen un total de 11,150 averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición forzada y desaparición por particulares. Siendo los estados de Colima (3,039), Guerrero (2,140), Tabasco (2,096) y Jalisco (1,643), los que más casos de desaparición concentran. Por el delito de desaparición forzada hay 16 sentencias y por desaparición por particulares son 10 sentencias a nivel estatal.
Impunidad en delitos cometidos contra periodistas
La cifra de impunidad sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión, y denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) perteneciente a la FGR, representa actualmente el 98%. Lo anterior implica que los esfuerzos de la Fiscalía General de la República no han sido suficientes esclarecer los hechos, sancionar a los culpables y procurar la reparación del daño.
Nosotras estamos convencidas de la importancia de la participación ciudadana en los asuntos de la justicia, no a que la justicia se consulte, pero sí de su participación (principalmente de las víctimas) en los procesos que terminan impactando las vidas de las personas si las instituciones encargadas de procurar justicia terminan siendo parte de una tortura institucional para quienes pretenden acceder a la justicia. Por eso trabajamos e incidimos para que la ley de la fiscalía contará con elementos de participación ciudadana efectiva que lamentablemente el Fiscal General y el Senado han ignorado.
El Fiscalómetro tiene fichas de casos que se mantienen en la impunidad, de personas desaparecidas, periodistas, migrantes, feminicidios, de la fiscalía general y locales.
Casos como el del feminicidio de Karla Pontigo, el asesinato del periodista Moisés Sánchez, Cadereyta o la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
