(Foto AP/Rodrigo Abd)
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Washington, D.C.—La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresamos nuestra preocupación ante el grave deterioro democrático y de derechos humanos en el Perú, a partir de la reciente remoción del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso y la represión policial hacia las personas que han salido a la calle para manifestar su rechazo a este hecho en ejercicio de su derecho a la protesta.
El Perú recuperó la democracia y el estado de derecho en el año 2000 gracias a pacíficas movilizaciones ciudadanas y el apoyo de la comunidad internacional. Dos décadas después, ese logro democrático ha sufrido un duro golpe por parte del Congreso que, en uso inconstitucional de su potestad para declarar la vacancia de la presidencia por “incapacidad moral permanente” (Artículo 113.2°), el pasado 9 de noviembre removió de su cargo al presidente Vizcarra luego de un proceso de escasos días y un debate de pocas horas que no respetó las garantías del debido proceso.
Exhortamos al gobierno del Perú y a la comunidad internacional a garantizar la democracia y la separación de poderes, así como el derecho a la protesta social, mientras se resuelva la crisis actual a través de mecanismo democráticos.
El modelo de la Constitución peruana otorga inmunidad al presidente y solo permite acusarlo durante su mandato por infracciones específicas mediante un procedimiento con debidas garantías, distinto del mecanismo de vacancia. Existen acusaciones aún no corroboradas contra Vizcarra por actuaciones irregulares durante su mandato como gobernador de Moquegua, que vienen siendo investigadas por la fiscalía, y que debían seguir su curso para determinar su responsabilidad al culminar su mandato. En abierta violación de las reglas constitucionales, el Congreso peruano removió el lunes al presidente Vizcarra y el martes el presidente del Congreso, Manuel Merino, juramentó como nuevo titular del Ejecutivo.
Esta vacancia presidencial es además un abuso de poder que rompe el equilibrio de poderes, pilar de la democracia representativa consagrada por la Carta Democrática Interamericana. La CIDH ha condenado la acelerada e irreflexiva vacancia de un presidente democrático por una causal discrecional que se presta a arbitrariedad (“incapacidad moral permanente”) y que, precisamente por ello, viene siendo evaluada por el Tribunal Constitucional. Esta medida afecta el equilibrio de poderes al concentrar en exceso el poder político en el Parlamento, con el riesgo adicional de anularse su principal contrapeso, si el Congreso insiste en continuar con la elección de los próximos integrantes de dicho Tribunal, que se encuentra en curso.
“Es preocupante que el Congreso haya ejercicio una facultad, a sabiendas de que la legitimidad de esa causal estaba pendiente de ser resuelta por el Tribunal Constitucional, lo cual muestra un desprecio del legislativo ante el rol de árbitro que cumple dicha institución”, sostuvo Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF.
Por otro lado, ante el legítimo ejercicio pacífico del derecho a la protesta social para expresarse en contra de esta decisión adoptada por el Congreso, las fuerzas del orden vienen reprimiendo con excesiva dureza y deteniendo en forma arbitraria a los manifestantes, en especial a jóvenes estudiantes.
“El derecho de la ciudadanía a manifestar su protesta, de manera pacífica, está consagrada en la Constitución y en el derecho internacional”, señaló Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. “Estamos sumamente preocupadas por los diversos incidentes de violencia policial hacia las personas que están manifestándose de manera pacífica, y por las detenciones arbitrarias que están ocurriendo en el contexto de las protestas. Invocamos a la fuerza pública a respetar los derechos humanos de los manifestantes”.
Como organizaciones internacionales que velamos por el respecto a los derechos humanos y la democracia, exhortamos al gobierno del Perú y a la comunidad internacional a garantizar la democracia y la separación de poderes, así como el derecho a la protesta social, mientras se resuelva la crisis actual a través de mecanismo democráticos.
Asimismo, esperamos que el Tribunal Constitucional peruano se pronuncie en el más breve plazo sobre los límites que el Congreso debe respetar al ejercer su potestad de declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, lo que permitirá aclarar si la decisión adoptada por el Congreso el pasado 9 de noviembre se ajustó, o no, al orden constitucional e interamericano.
