(AP Photo/Rodrigo Abd)

17 Nov 2020 | Pronunciamiento de WOLA

Los peruanos se manifiestan para defender su democracia y sus derechos humanos

Franciso Sagasti, nuevo presidente interino de Perú, ahora debe abordar el tema de la corrupción, hacer que los violadores de los derechos humanos rindan cuentas y asegurar unas elecciones inclusivas en abril de 2021

Los peruanos salieron a las calles en masa durante la semana pasada para protestar pacíficamente contra la toma de la presidencia por parte de una coalición de partidos políticos del Congreso. La indignación por la toma de poder se intensificó cuando las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes haciendo uso de la violencia, matando a dos jóvenes e hiriendo a decenas más mientras que llevaron a cabo detenciones arbitrarias masivas. 

El coraje de los peruanos en defensa de su democracia fue premiado el 15 de noviembre cuando el presidente interino Manuel Merino renunció a la presidencia a tan solo una semana de que Merino y sus aliados en el Congreso expulsaran inconstitucionalmente a Martin Vizcarra de la presidencia. Después de la salida de Merino, el Congreso seleccionó a Francisco Sagasti, miembro del centrista Partido Morado, para ser el nuevo líder del Poder Legislativo posicionándolo para sustituir a Merino como presidente interino de Perú.

Sagasti, un ingeniero con una larga trayectoria de trabajo en temas de ciencia, tecnología e innovación, incluso en las Naciones Unidas, fue uno de los principales activistas a favor de la democracia durante la dictadura de Fujimori. Además, presta servicios en la legislatura por primera vez, y en particular se negó a aliarse con el círculo corrupto de Merino para derrocar a Vizcarra.

El juramento de Sagasti como presidente el 17 de noviembre es testimonio de las exigencias de millones de peruanos de un gobierno responsable y receptivo. Mirtha Vásquez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y que también es la primera legisladora del Frente Amplio, fue elegida vicepresidenta del Congreso y, por lo tanto, se desempeñará como jefa del Congreso con el ascenso de Sagasti a la presidencia.

El presidente Sagasti hereda enormes desafíos mientras el Perú se tambalea por las devastadoras consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del COVID-19. Además de encarar la pandemia, el nuevo gobierno también debe avanzar en la lucha contra la corrupción en Perú. 

Moreno y sus aliados del Congreso habían maniobrado para asumir la presidencia en gran parte para protegerse de los cargos pendientes de corrupción. Más de la mitad de los actuales legisladores están siendo investigados por actividades corruptas, pero no pueden enfrentar cargos por la inmunidad parlamentaria. Otra señal de la arraigada corrupción en Perú es que todos los presidentes vivos, salvo Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), están arrestados por corrupción o se enfrentan a un arresto pendiente. El nuevo gobierno debería comprometer los recursos necesarios para avanzar en esos casos de manera expedita e imparcial.

El nuevo gobierno también debe actuar con rapidez para garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad responsables de la violenta represión de los manifestantes, incluidos los directamente implicados y los comandantes que dieron las órdenes. Indignados por la flagrante violencia desatada por la policía en contra de los ciudadanos que salen a las calles a defender su democracia, los peruanos ahora exigen que se rindan cuentas a los autores intelectuales y que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Antes del descalabro político de la semana pasada, miembros de la policía hicieron uso de la fuerza excesiva en otros contextos más locales, relevando un patrón que debe ser abordado. El Presidente Sagasti debería crear una organización independiente para proponer reformas a la Policía Nacional a fin de garantizar que la policía respete los derechos de los manifestantes pacíficos y se abstenga de hacer uso excesivo de la fuerza.

El presidente Sagasti ha dicho explícitamente que se compromete a asegurar que su gobierno interino supervise las elecciones presidenciales y del congreso ya programadas para abril de 2021. El cumplimiento de este calendario electoral es fundamental para ayudar a preservar la gobernabilidad democrática en el Perú y fortalecer las frágiles instituciones del país. Mantener un claro compromiso con las nuevas elecciones también validará el coraje de los peruanos en defensa de su democracia, y proporcionará la estabilidad que Perú necesita desesperadamente para enfrentar los continuos estragos del COVID-19.