16 Dec 2020 | Pronunciamiento conjunto

Promoviendo los derechos de las mujeres trans privadas de la libertad en América Latina

América Latina enfrenta una crisis profunda en los sistemas penitenciarios, exacerbada por la pandemia de COVID-19. Este contexto ha impactado de forma desproporcionada el ejercicio de los derechos de las mujeres trans comparado con otros grupos en situación de vulnerabilidad, debido a las distintas experiencias que atraviesan sus vidas. Por ello, las organizaciones firmantes exigimos a los Estados descriminalizar y promover alternativas al encarcelamiento, en particular, para las mujeres trans, así como incorporar perspectivas interseccionales y un enfoque diferenciado que proteja los derechos de las personas LGBTI+.

Las condiciones de vulnerabilidad y abusos que viven las mujeres trans privadas de la libertad, previo a la crisis por COVID-19, fueron reportadas en el informe colectivo “Mujeres trans privadas de la libertad: La invisibilidad tras los muros”. Por su parte, el informe de la Red Regional Corpora en Libertad muestra parte de los efectos nocivos que enfrentan, en la actual crisis, las personas LGBTI+ privadas de su libertad en la región y propone recomendaciones para proteger los derechos de este colectivo.

A pesar de estas recomendaciones, así como de las demandas de diversos organismos internacionales, los Estados en la región siguen sin incorporar una perspectiva interseccional y de género para aquellos grupos de personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad, como las personas LGBTI+. Por ejemplo, las medidas anunciadas por varios países para mitigar, prevenir y atender el contagio por COVID-19 en centros de reclusión no tienen en cuenta los antecedentes ni necesidades específicas de las personas trans.

Por lo anterior, varias de nuestras organizaciones participaron, en conjunto con otras organizaciones de América Latina, en una respuesta a la solicitud de Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para expresar comentarios sobre la aplicación de los enfoques diferenciados sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en contexto de reclusión. La respuesta abogó por la aplicación de los estándares interamericanos sobre privación de la libertad con enfoque de género y diferencial para las mujeres trans. De igual manera, se recomendó a la Corte IDH a exhortar a los Estados a proteger y defender los derechos de estas personas, mediante el respeto a su identidad y el uso de medidas de protección que no sean restrictivas de derechos. Los Estados también deben prevenir, atender y sancionar abusos físicos y psicológicos, así como tratos discriminatorios tales como restringir las visitas, obligar el uso de ciertas prendas o negar el acceso a los tratamientos médicos adecuados a su condición y a sus necesidades diferenciadas.

Como organizaciones de la sociedad civil lideradas y/o que trabajan con personas trans privadas de la libertad, observamos con mucha preocupación que los Estados siguen incumpliendo con sus obligaciones internacionales y nacionales de proteger a grupos en situación especial de riesgo, como son las mujeres trans privadas de la libertad.

 

Por tal motivo, reiteramos a los Estados sus obligaciones de:

 

  • Promover la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y/o acciones de liberación a mujeres trans, que sean acorde a los máximos estándares de derechos humanos y se otorguen a través de un análisis de las particularidades de cada caso.
  • En el marco de la crisis por COVID-19, priorizar la liberación de mujeres trans privadas de la libertad, especialmente de quienes tienen mayores riesgos asociados con la salud, como personas mayores de edad, con padecimientos crónicos, que viven con VIH u otra condición inmunodeficiencia.
  • Promover la participación de mujeres trans que han estado privadas de la libertad en las instancias de planificación e implementación de políticas públicas destinadas específicamente a la promoción de derechos humanos de la población trans, así como en las políticas penitenciarias y del sistema de justicia, entre otras.
  • Establecer un sistema de información y recolección de datos con perspectiva de género y diversidad sexual con la finalidad de conocer cuántas personas LGBTI+ están privadas de la libertad e identificar los impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad.
  • Establecer un sistema de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia en contra de mujeres trans, en sus distintas modalidades, por parte de funcionarios/as y otras personas internas, el cual asegure el acceso a medidas de protección y brinde acompañamiento a las víctimas.
  • Garantizar que las mujeres trans tengan acceso adecuado a la salud integral, suministros de higiene y alimentación, y consejería apropiada a sus necesidades y particularidades, en particular ante un posible contagio de COVID-19.
  • Habilitar espacios y acciones en los centros penitenciarios que garanticen el derecho de las personas privadas de la libertad a mantener una comunicación con familiares, amistades y organizaciones que brindan acompañamiento o asesorías.
  • Promover la sensibilización y capacitación permanente de los y las operadores del sistema de justicia y penitenciario, así como al resto de población reclusa, en orientación sexual, identidad y expresión de género.
  • Apoyar la reinserción social de las mujeres trans que salen de prisión garantizando, al menos, servicios de atención médica apropiados; acceso a una casa intermedia y una forma segura para transportarse a ella; apoyo financiero y de acompañamiento para comida y empleo, y suministro inmediato de documentos de identificación oficiales.

 

Organizaciones firmantes:

Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans (Honduras)

Almas Cautivas (México)

Casa de las Muñecas Tiresias A.C (México)

Casa Hogar Paola Buenrostro (México)

Corpora en Libertad (Red Regional)

Colectivo Trans del Uruguay

COMCAVIS TRANS El Salvador

Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC)

Equis Justicia para las Mujeres (México)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Reset – Políticas de Drogas y Derechos Humanos (Argentina)