(AP Photo/Julio Cortez)
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El 6 de enero de 2021, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump incitó violentos disturbios para interrumpir el proceso electoral constitucional. La invasión del Capitolio puso a los congresistas y su personal en grave riesgo. Este oscuro acontecimiento es el resultado directo de la campaña del presidente por cuestionar la validez del proceso electoral en los Estados Unidos, y sus esfuerzos por avivar disturbios para aferrarse injustamente al poder.
Los asesores y líderes políticos que lo instigaron son cómplices de estos vergonzosos actos. Ya es hora de que el presidente acepte los resultados de las elecciones y se comprometa plenamente a una transición pacífica del poder, y que los líderes responsables actúen para limitar cualquier otro daño que Donald Trump pueda infligir a nuestras ya frágiles instituciones democráticas.
Los acontecimientos del 6 de enero fueron la culminación de poderosas fuerzas autoritarias que se han ido acumulando durante los últimos cuatro años, impulsadas por el presidente y sus partidarios, incluidos destacados líderes políticos, que han promovido de manera sistemática y desenfrenada las mentiras, la división racial y el extremismo en su búsqueda de poder. El caos en el Capitolio también subrayó el escalofriante racismo detrás de las decisiones y las acciones de muchas de nuestras agencias policiales. Aunque las agencias de seguridad pública movilizaron respuestas fuertemente armadas y demasiado agresivas contra las protestas por la justicia racial el verano pasado, no pudieron resistir eficazmente una toma violenta del Congreso de los Estados Unidos por extremistas blancos.
El gobierno de Biden debe reconocer y afirmar que el camino para recuperar nuestros ideales democráticos comienza con adoptar una postura firme contra el extremismo, y apoyar a los líderes civiles y políticos que realizan el trabajo diario de construir la democracia, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
El gobierno entrante de Biden enfrenta una tarea monumental y debe encontrar la manera eficaz de resolverla. Ese trabajo comienza en casa, abordando las importantes amenazas domésticas que enfrentamos por el autoritarismo, el extremismo, y la discriminación y la desigualdad racial.
América Latina enfrenta desafíos igualmente abrumadores para la democracia y el estado de derecho en la región. Si los acontecimientos en el Capitolio dejan alguna lección sobre cómo el gobierno entrante debe reorientar su enfoque hacia América Latina, es ésta: los ideales democráticos son globales y no deben darse por garantizados; los Estados Unidos y América Latina comparten desafíos en común y la responsabilidad de defender estos ideales como aliados.
El presidente Donald Trump y las hordas que atacaron el Capitolio fallaron en su violenta misión. Golpeada como está, nuestra democracia resistió el asalto y el Congreso certificó la elección de Joe Biden a la presidencia. Durante esta elección y los últimos cuatro años, hemos visto el surgimiento de millones de activistas, líderes de la sociedad civil y otros que reconocen que la democracia no está garantizada; más bien es una tarea diaria, algo que se construye cuando hay determinación de participar en el proceso político y exigir mayor equidad, transparencia y el estado de derecho. El gobierno de Biden debe reconocer y afirmar que el camino para recuperar nuestros ideales democráticos comienza con adoptar una postura firme contra el extremismo, y apoyar a los líderes civiles y políticos que realizan el trabajo diario de construir la democracia, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
