Organizaciones de la sociedad civil demandan buen trato a la nueva caravana

El 15 de enero, más de 300 organizaciones de la sociedad civil e individuos firmaron un pronunciamiento pidiendo que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos garanticen un trato humano a las personas migrantes centroamericanas que viajan por caravana en la región. El comunicado exige a esos gobiernos respetar las leyes nacionales e internacionales garantizando la posibilidad de pedir asilo para los que huyen de la violencia y persecución, así como de los impactos de los huracanes Eta e Iota en la región, entre otras demandas.

El pronunciamiento analiza las condiciones sociopolíticas que han obligado a tantas personas a abandonar sus hogares, así como las vulnerabilidades únicas de los grupos marginados en Centroamérica, especialmente las mujeres, LGBTQ y grupos indígenas. Los Estados Unidos, a través del programa Quédate en México y los Acuerdos de Cooperación de Asilo con varios gobiernos regionales, creó las condiciones para respuestas opresivas que violan la seguridad y los derechos de las personas que intentan salir.

Los firmantes expresan preocupación por los peligros del uso de las fuerzas armadas para responder a la caravana, por su falta de capacitación para interactuar con poblaciones vulnerables y su papel en la seguridad pública. Estas preocupaciones se materializaron el 18 de enero cuando migrantes hondureños fueron obligados a regresar o detenidos por las fuerzas armadas en Guatemala que no les permitieron pasar.

El pronunciamiento también indica preocupación sobre los esfuerzos de los gobiernos de la región para impedir que sus propios ciudadanos huyan de sus países y sobre las amenazas pasadas del gobierno mexicano de procesar penalmente a los migrantes por exponer a otros al riesgo de COVID en lugar de implementar medidas sanitarias para garantizar el derecho a pedir asilo.

Para abordar estas preocupaciones, la declaración describe las condiciones que garantizan el trato humano a las personas migrantes, de conformidad con el derecho internacional:

• Garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan como destino seguro.
• Incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución a personas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo.
• Atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19 e incluir a la población migrante y quienes les atienden en las medidas preventivas y de atención a la salud en este contexto.
• Desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos.
• Garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados.
• Asegurar que las respuestas estatales involucren activamente en el diseño e implementación de cualquier medida a las autoridades competentes en materia de refugiados, salud, protección a derechos de la infancia y otras dependencias que en razón de sus facultades deben velar por el bienestar y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
• Promover y garantizar la rendición de cuentas de agentes migratorios y otros elementos desplegados para acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección, así como por quienes defienden sus derechos.
• Retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional en México, y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.
• Asegurar que cualquier persona con documentos válidos de haber solicitado asilo en Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México”, pueda viajar libremente y en condiciones de seguridad al puerto de entrada donde se deba presentar para dar seguimiento a su proceso migratorio.

Lea el pronunciamento aquí.