WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(AP Photo/Matt York)

28 Jan 2021 | Pronunciamiento de WOLA

Una presunta masacre de 19 personas subraya los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes en México

Estados Unidos y México deben trabajar conjuntamente para restaurar el acceso al asilo y centrar los derechos humanos y la seguridad en las políticas migratorias

WOLA condena y expresa su profundo dolor por el hallazgo el 22 de enero de 19 víctimas de una masacre en un camión quemado en el estado fronterizo de Tamaulipas, al norte de México. Se cree que las víctimas son personas migrantes de Guatemala, según la información proporcionada por testigos, familiares y declaraciones de funcionarios guatemaltecos. Los informes preliminares de los medios de comunicación basados en los relatos de los testigos indican que los guatemaltecos fueron atacados por un grupo criminal organizado. Varias familias del departamento de San Marcos, en el noroeste de Guatemala, que creen que sus hijos se encuentran entre las víctimas, declararon que la escasez de alimentos a causa de la pandemia había obligado a sus hijos a partir hacia Estados Unidos a principios del mes.

Esta sombría noticia recuerda otras masacres de personas migrantes en tránsito por México, como el emblemático caso de 72 personas migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, hace poco más de una década. Estos asesinatos forman parte de un panorama más amplio de agresiones diarias contra las personas migrantes en México, propiciadas por un clima de impunidad constante ante estos crímenes. En los últimos meses, el desastroso programa de “Quédate en México”, impulsado por la administración de Trump, ha ilustrado la frecuencia y la brutalidad de la violencia contra las personas migrantes: hasta diciembre de 2020, Human Rights First había recopilado una lista de más de 1.300 casos de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y otros ataques denunciados públicamente contra solicitantes de asilo obligados a esperar en México bajo el programa.

Estos patrones endémicos de violencia demuestran la urgencia de la cooperación entre México y Estados Unidos para enfrentar los flujos regionales de migración mixta de una manera que proteja la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes, así como la necesidad de restablecer el acceso al asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. 

Aunque los planes de ambos gobiernos para enfrentar las causas de la migración en Centroamérica son de gran relevancia, también queda claro que la migración a través de México no terminará pronto. Por el contrario, la región verá un flujo continuo de personas que buscan asilo y mejores oportunidades debido a huracanes que han alcanzado cifras récord, la extrema pobreza exacerbada por el COVID-19 y la violencia persistente en Centroamérica.

Hace tan sólo unos días, por ejemplo, las autoridades mexicanas encontraron a 128 hombres, mujeres y niños, en su mayoría procedentes de Centroamérica, hacinados en la parte trasera de un camión de transporte en el estado de Veracruz. El uso de estas peligrosas formas de transporte se debe en gran medida a las políticas migratorias de México de detener y expulsar, que dejan a las personas obligadas a huir de sus hogares sin más opción que buscar rutas clandestinas hacia Estados Unidos, exponiéndolas a un mayor riesgo de ataques y otros peligros.

México y Estados Unidos deben trabajar juntos para prevenir una crisis evitable de violencia contra las personas migrantes. Ahora es el momento de asegurar que la reversión de las políticas fronterizas perjudiciales de Estados Unidos y los planes conjuntos para enfrentar las causas de la migración en Centroamérica vayan acompañados de acciones igualmente necesarias en el largo y muy peligroso viaje a través de México.

El gobierno mexicano puede hacer mucho para proteger a las personas migrantes en su territorio. Prevenir, investigar y castigar los delitos contra las personas migrantes, así como garantizar el acceso al sistema de asilo de México, son acciones prioritarias. En este caso concreto, el gobierno mexicano debe garantizar una pronta investigación del crimen, la identificación forense de las víctimas y permitir a los familiares de las víctimas y a sus representantes legales el pleno acceso al expediente del caso. A través de la cooperación y las investigaciones conjuntas de los delitos transnacionales contra las personas migrantes, Estados Unidos también puede ser un socio importante en los esfuerzos por proteger a las personas migrantes. Ambos países deben garantizar que la seguridad de las personas, en todas las etapas del tránsito, esté en la vanguardia de los debates y planes actuales para enfrentar la migración regional.