El gobierno de Colombia se está acercando a restablecer un programa, suspendido en 2015, que asperjaría herbicidas desde aviones sobre territorios donde se cultiva la coca. Veinticinco organizaciones estadounidenses y colombianas se han unido en esta carta dirigida al presidente Joe Biden en la que le instan a evitar el apoyo a un renovado programa de “fumigación”, exponiendo sucintamente las razones por las que esto sería un desafortunado error político. La carta fue compartida con la Casa Blanca el 26 de marzo.
26 de marzo de 2021
Presidente Joseph R. Biden, Jr.
La Casa Blanca
Washington, DC
Estimado Presidente Biden,
Le escribimos con gran preocupación por el inminente reinicio de un programa que su administración está heredando de su antecesor: un esfuerzo para erradicar la coca en Colombia mediante la fumigación de herbicidas desde aviones. Le animamos a que no financie este programa, que no sólo no ha logrado los objetivos anteriores, sino que envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado. Socavará los acuerdos de paz que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden.
La fumigación aérea puede reducir a corto plazo el número de hectáreas sembradas de coca. Pero la experiencia del pasado muestra no sólo que estas ganancias se revierten rápidamente, sino que la estrategia debilita otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no.
Muchas de nuestras organizaciones han publicado estudios que documentan el daño que las fumigaciones han causado en el pasado. El informe de diciembre de 2020 de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, de carácter bipartidista, encontró que la erradicación forzada trajo “enormes costos y pésimos resultados”. Sólo desde finales de febrero, hemos visto fuertes críticas a la erradicación forzosa y a las fumigaciones por parte del International Crisis Group; la Fundación Ideas para la Paz, un think tank del sector empresarial colombiano; una lista de más de 200 académicos, y siete relatores de derechos humanos de la ONU.
Entre 1994 y 2015, un programa respaldado por Estados Unidos apoyó una flota de aviones, y equipos de pilotos contratados y personal de mantenimiento, que rociaron el herbicida glifosato en 1.8 millones de hectáreas de territorio colombiano, una superficie de tierra tres veces y media el tamaño del estado de Delaware. En 2015, el gobierno colombiano suspendió el programa de fumigación, alegando problemas de salud pública basados en un estudio de la Organización Mundial de la Salud que determinó que el glifosato era “probablemente cancerígeno para los seres humanos.”
Durante los años siguientes, el gobierno colombiano no sustituyó la estrategia por nada, ni la erradicación ni la asistencia a las zonas afectadas. A finales de la década de 2010, los cultivos de coca en Colombia aumentaron hasta alcanzar niveles récord. Casi todo el aumento se produjo exactamente en los municipios y comunidades donde la fumigación había sido más intensa. Tras 20 años de erradicación constante, los agricultores siguen enfrentándose a la misma realidad sobre el terreno.
La mayoría de los productores colombianos del arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado ni partidarios de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas. Las estimaciones sobre el número de familias que viven de la coca varían entre “más de 119.500″ y 215.000. Si se supone que hay cuatro personas por familia, más del 2% de los 50 millones de colombianos dependen de la coca. Los hogares ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año con el cultivo, lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína.
Viven en zonas de “frontera agrícola” en las que escasean las evidencias de la existencia del gobierno de Colombia. No hay carreteras asfaltadas ni mantenidas. La red eléctrica nacional está muy lejos. No existe agua potable ni títulos de propiedad. En algunas zonas, incluso el efectivo es difícil de conseguir, y las tiendas ofrecen la opción de pagar los alimentos con pasta de coca.
Estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado. Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso. Pero el programa tiene otras desventajas importantes:
En marzo de 2020, Donald Trump se reunió con el presidente colombiano Iván Duque y le dijo: “Vas a tener que fumigar”. El máximo tribunal del país ha exigido al gobierno de Duque que cumpla con una serie de requisitos sanitarios, ambientales, de consulta y otros. El Ministro de Defensa de Colombia prevé ahora que las fumigaciones podrían reanudarse en abril.
Esta vez, ha declarado el embajador estadounidense Philip Goldberg, el papel de Estados Unidos en el programa no será tan amplio. Aun así, durante la administración Trump, el Departamento de Estado apoyó el mantenimiento de la flota de aviones de fumigación, la mejora de algunas bases, y la formación del personal de erradicación, entre otros servicios. Los informes del Departamento de Estado enviados al Congreso a finales de febrero y a principios de marzo saludaron el inminente reinicio de la fumigación como una señal de progreso.
No obstante, reiteramos nuestra esperanza de que el gobierno de Biden deje de apoyar el programa de fumigación de Colombia mientras haya tiempo de evitarlo. Estados Unidos no debe apoyar la fumigación aérea en Colombia de nuevo. Tampoco tiene que hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer.
Los agricultores con títulos de propiedad casi nunca cultivan coca. Los agricultores que viven cerca de carreteras pavimentadas casi nunca cultivan coca. Los grupos criminales se ven muy debilitados por la proximidad de un gobierno que funciona y es capaz de resolver disputas y castigar las infracciones.
Se trata de un proyecto a largo plazo, pero el acuerdo de paz de Colombia de 2016 ofrecía un buen plan para ponerlo en marcha: un programa de sustitución de cultivos consultivo y de rápida ejecución, vinculado a un programa de reforma rural más lento pero integral. Aunque estos programas existen y algunas partes del gobierno de Duque los están llevando a cabo con diligencia, carecen de fondos suficientes y están muy por detrás de lo que deberían estar cuando la implementación del acuerdo entra en su quinto año.
No es demasiado tarde para ayudar a Colombia a poner en marcha el modelo que ofrece el acuerdo de paz de Colombia, que la administración Obama-Biden apoyó tan enérgicamente. Le instamos a que tome ese camino en lugar del de las nuevas fumigaciones, que sabemos que es un callejón sin salida.
Sinceramente,