En una carta dirigida al Presidente Joe Biden, 22 organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos e Internacionales instaron al gobierno a hacer que la implementación completa de los acuerdos de paz de 2016 por parte del gobierno de Colombia sea el tema central de las políticas de Estados Unidos a Colombia. Los grupos incluían importantes organizaciones religiosas y humanitarias, así como organizaciones colombo-americanas.
“Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia”, dice la carta. “Esto comenzaría con un mensaje que provenga de todo el Gobierno enfocado en las siguientes prioridades: exhortar al Gobierno colombiano a que implemente plenamente el acuerdo; promover un acuerdo humanitario con el ELN, así como impulsar las negociaciones para un acuerdo de paz si las circunstancias lo permiten; a través del papel de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, promover la consolidación de la paz en Colombia; y continuar haciendo aportes sustanciales de asistencia estadounidense para la implementación”.
La carta reconoce que el gobierno de Biden ha hecho tempranas señales alentadoras de su intento por hacer de la paz y la protección de los derechos humanos las metas principales de las políticas de Estados Unidos en Colombia. Apunta a que es importante para el gobierno de los Estados Unidos continuar ayudando a la Comisión de la Verdad en Colombia, y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y que debería comenzar a ayudar a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha registrado avances significativos en lograr la rendición de cuentas por algunos de los abusos de derechos humanos más brutales cometidos durante el conflicto colombiano.
La carta señala que, dado el impacto desproporcionado de la violencia posterior al acuerdo y el desplazamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas, los Estados Unidos deben priorizar la implementación del Capítulo Étnico de los acuerdos de 2016; una sección de los acuerdos que salvaguarda los derechos de los colombianos afrodescendientes e indígenas. Para ayudar en la protección de la vida de personas negras e indígenas en Colombia, el gobierno de los Estados Unidos también debería promover diálogos humanitarios y acuerdos que protejan a la población civil en los territorios étnicos, y alentar al gobierno colombiano a respetar los acuerdos civiles a los que llegaron con los Comités de Paro Cívico de Buenaventura y el Chocó. Éstos fueron acuerdos que llegaron después de una protesta masiva en 2017 hecha por los residentes de Buenaventura, pidiendo al gobierno que solucione sus necesidades básicas: agua potable, infraestructura, seguridad y trabajo digno.
“Los mensajes públicos de primera línea sobre la alianza entre los Estados Unidos y Colombia no deben eclipsar el reconocimiento de que siguen existiendo grandes obstáculos para la implementación del acuerdo de paz, la reforma militar y la protección de los defensores de los derechos humanos”, dice la carta. La carte pide “un enfoque intensivo de prevención de la violencia contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los líderes y las lideresas sociales”, incluyendo los defensores ambientalistas en Colombia, los sindicalistas, y los activistas indígenas y afrodescendientes.
