(AP Photo/Salvador Melendez)
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Washington, D.C. – Pocas horas después de ser posesionado el 1 de mayo, el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional de El Salvador, encabezado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, actuó rápidamente para reemplazar a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general del país; acciones que el presidente Bukele describió favorablemente como “limpiando nuestra casa.” Al tomar estas medidas, el partido de Bukele quiso eliminar todos los controles y equilibrios sobre los poderes del Ejecutivo y socavar la independencia del Órgano Judicial.
Durante el último año, la Sala Constitucional falló que el presidente se había excedido en su autoridad constitucional al emitir órdenes ejecutivas de gran alcance, ignorando acciones legislativas y desobedeciendo órdenes judiciales. El fiscal general también abrió investigaciones por corrupción contra varios de los ministros del gabinete del presidente e inició una investigación sobre posibles negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de la MS-13, una influyente pandilla callejera. Ahora, los magistrados de la corte y el fiscal general han sido destituidos y reemplazados.
Aunque la Asamblea tiene el poder constitucional de destituir a los magistrados y al fiscal general, expertos constitucionales insisten en que la Asamblea solo puede actuar dado un conjunto específico de razones, debe celebrar audiencias y debe asegurar a los funcionarios el debido proceso a previo actuar. En sus decisiones, la Asamblea citó diferencias con el gobierno.
La Asamblea puede nombrar nuevos magistrados y un nuevo fiscal general, pero, según la Constitución, sólo después de pasar por un proceso de postulación que requiere la participación de un consejo judicial, el Colegio Nacional de Abogados y otros. No se cumplió con ninguno de estos procedimientos ni requisitos.
La policía además habría estado vigilando las salas de la corte y las oficinas del fiscal general para asegurar que los funcionarios depuestos no pudieran ingresar.
La Asamblea rápidamente nombró nuevos magistrados a la corte y un nuevo fiscal general, quienes se cree son aliados del presidente. Uno de los nuevos magistrados defendió en otoño pasado la negativa del presidente de obedecer una orden de la Sala Constitucional de abrir archivos militares a un juez que investigaba la infame masacre de El Mozote, y a los oficiales militares responsables de ella.
“En un día, el presidente Bukele y sus socios en la Asamblea tomaron control de dos órganos de gobernanza independientes que han controlado su poder y desafiado su autoridad. El presidente Bukele y sus aliados están usando su nueva mayoría en la Asamblea para destituir adversarios políticos. Éste es un claro ataque a las instituciones democráticas del país y muestra una preocupante concentración de poder”, dijo Geoff Thale, presidente de WOLA.
Para responder a las críticas de instituciones internacionales, miembros del Congreso estadounidense, y la administración de Biden, Bukele tuiteó “con todo respeto […] eso no es de su incumbencia.”
La administración de Biden ha intentado colaborar con El Salvador y los otros países del Triángulo Norte para fortalecer el Estado de derecho y abordar las factores fundamentales que obligan a migrar a las personas. Funcionarios de la administración han publicado trinos en los que critican el actuar del presidente Bukele y sus aliados, incluso la vicepresidenta Harris, y el secretario de Estado Tony Blinken, quien llamó al presidente Bukele el domingo para señalar el compromiso de EE.UU. con el Estado de derecho en El Salvador.
“Las acciones del Presidente Bukele y sus socios en la Asamblea dejan claro que el gobierno salvadoreño no actúa como un aliado confiable en el esfuerzo de fortalecer las instituciones democráticas y la gobernanza, y que la administración de Biden no podrá cooperar con Bukele para abordar estos problemas. A largo plazo, eso no es conveniente para la gente salvadoreña,” dijo Adriana Beltrán, directora de Seguridad Ciudadana de WOLA.
Varias organizaciones salvadoreñas de derechos humanos y sociedad civil, incluso la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Cristosal, y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), entre otros, criticaron las acciones de la Asamblea como un ataque contra el Estado de derecho y las instituciones democráticas.
