(AP Photo/Moises Castillo)
(AP Photo/Moises Castillo)
El pasado 27 de mayo, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público guatemalteco llevó a cabo diligencias de captura de 11 ex oficiales militares y policiales acusados de ser los responsables materiales e intelectuales de torturas, violación sexual, desapariciones forzadas, y asesinatos de 183 personas durante el gobierno del militar Óscar Mejía Víctores (1983-1986), registrados en el documento conocido como el “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.
El “Diario Militar” fue develado en 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA-National Security Archive), quien ayudó a verificar su autenticidad como documento producido por las Fuerzas Armadas de Guatemala. Es un documento de 73 hojas que incluye un registro pormenorizado de 183 personas que fueron sometidas a diversos actos de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes; de las cuales al menos 140 fueron asesinadas o desaparecidas. Bajo el concepto de la Doctrina de Seguridad Nacional, los militares consideraban a estas personas como “enemigas internas”.
Ante la falta de respuesta a nivel interno, las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas acudieron a instancias internacionales, logrando que en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado en el caso Gudiel Álvarez (“Diario Militar”) Vs. Guatemala, por graves violaciones a los derechos humanos y por no investigar estos crímenes registrados en el Diario, ordenándole, entre otras medidas, investigar, procesar y sancionar a todos los responsables por estos hechos.
Las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas han esperado largos años para la verdad y la justicia. En este sentido, las capturas realizadas por la Fiscalía son un avance significativo hacia la justicia y la reparación en Guatemala, inmersa en un contexto muy preocupante en el cual los poderes pro impunidad buscan cooptar las instituciones y socavar la independencia judicial. Frente a este panorama, la labor de operadores de justicia independientes para concretar las detenciones de 11 de los presuntos responsables, representa un avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.
Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra solidaridad a los y las sobrevivientes y familiares de las víctimas del Diario Militar y extendemos nuestro apoyo en su continua lucha por verdad, justicia y reparación, a fin de que las personas responsables rindan cuentas por sus actos. A la vez, reconocemos la importante labor de los y las fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos quienes han trabajado junto con los querellantes para investigar el caso y llevar a los responsables a la justicia. Valoramos los esfuerzos de los jueces y juezas independientes que trabajan para que haya una justicia real para las víctimas en este y tantos otros casos de graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno.
Exhortamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar un proceso judicial justo e imparcial, libre de intervenciones, que asegure el derecho al debido proceso a los imputados, así como el derecho de las víctimas de acceder -sin represalias de ningún tipo- a la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Asimismo, llamamos a que continúen todas las diligencias necesarias para identificar, juzgar y sancionar a otras personas responsables por este emblemático caso.
Firmantes:
Fundación para el debido proceso (DPLF)
Latin America Working Group (LAWG)
Protection International
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Plataforma International contra la Impunidad
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Abogados sin fronteras – Canada (ASF Canada)
American Jewish World Service
Impunity Watch
Washington Office on Latin America (WOLA)
