Perú vota por presidente el domingo en una carrera ajustada

Tras una campaña polarizada, el resultado de la votación tendrá importantes implicaciones para la lucha contra la corrupción y la impunidad en Perú

Washington, D.C.— El domingo 6 de junio, los peruanos votarán por un presidente luego de una reñida carrera electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Sea cual sea el resultado, la institucionalidad democrática del país se enfrentará a retos importantes.

Pedro Castillo, un profesor de colegio del partido de izquierda Perú Libre, tomó la delantera en la primera vuelta debido a su promesa de cambiar el modelo neoliberal dominante. Llevaba una cómoda ventaja sobre su rival y candidata (por tercera vez) a la presidencia, Keiko Fujimori, del partido derechista Fuerza Popular. Su plataforma de mano dura evoca al gobierno autoritario de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 por graves violaciones de derechos humanos, corrupción y abuso de autoridad.

Existen grandes preocupaciones sobre el compromiso de ambos candidatos de mantener el rumbo de Perú en la lucha contra la corrupción. En el caso de Castillo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue condenado por corrupción y se enfrenta a cargos adicionales; Castillo ha intentado distanciarse de Cerrón, pero necesita el apoyo de todos los congresistas de Perú Libre, varios de los cuales son leales a Cerrón. En el caso de Keiko Fujimori, el ministerio público le ha acusado formalmente de lavado de activos y de ser la jefa de una organización criminal, y han pedido una condena de 30 años de prisión. Docenas de sus asesores cercanos, así como su esposo, también enfrentan cargos de corrupción.

Keiko Fujimori tiene una razón muy personal para querer ganar la presidencia: Le otorgaría inmunidad de estos cargos. Ha dicho públicamente que se someterá a cualquier investigación una vez finalizado su mandato. Sus críticos recuerdan los esfuerzos que su padre (al que ha prometido indultar si llega a la presidencia) hizo para eliminar el equilibrio democrático, incluyendo el cierre del Congreso, la suspensión de la Constitución y el despido deliberado de jueces para asegurar su control total sobre el poder judicial. Los esfuerzos de su propio partido en los últimos cinco años a través de la supermayoría que tienen en el Congreso para remodelar el Tribunal Constitucional, conseguir el despido de los fiscales anticorrupción e influir en las decisiones judiciales, generan serias dudas con respecto a su sinceridad frente a esta promesa.

En un evento auspiciado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), el Centro para el Derecho Internacional y la Justicia (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) el 3 de junio, la Dra. Jo-Marie Burt, experta en justicia transicional, violencia estatal y derechos humanos en Perú y asesora principal de WOLA, señaló: “Se sabe que sea cual que sea el resultado, hay riesgos latentes para la lucha contra la corrupción y la impunidad, los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y cómo preservar los logros de dichos esfuerzos en los últimos años”.

“[Keiko Fujimori] reivindica el régimen de su padre, que fue una dictadura que con el apoyo de los militares anuló la constitución, cerró el Congreso, y controló el poder judicial para establecer, esencialmente, un control total” comentó la Dra. Burt en el último episodio de Hoy en América Latina.

La Dra. Burt vivió en Perú durante los años 90 y escribió un estudio definitivo sobre la dictadura de Fujimori. Burt participó directamente en el histórico juicio y condena de Alberto Fujimori en 2009. Publicó varios informes de primera mano desde la sala del tribunal, organizó misiones internacionales de observación del juicio y defendió los derechos de las víctimas para acceder a la justicia durante y después del proceso.

En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, la Dra. Burt seguirá de cerca la situación y estará disponible para proporcionar comentarios y análisis sobre las implicaciones que este ciclo electoral tendrá en el progreso de los derechos de las víctimas, la lucha contra la corrupción y la impunidad en Perú.

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