Organizaciones internacionales exhortamos a respetar resultado electoral en Perú

Washington, D.C.—Como organizaciones internacionales defensoras y promotoras de los derechos humanos y del Estado de Derecho, exhortamos a las fuerzas políticas, los medios de comunicación, autoridades civiles y militares, y sociedad civil en el Perú a respetar el resultado de la segunda vuelta electoral, así como a las instituciones participantes en dicho proceso: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

Lamentablemente, en el último tramo de la campaña electoral estas instituciones vienen siendo blanco de cuestionamientos públicos por parte de algunos sectores políticos y mediáticos que, al parecer y sin que existan evidencias objetivas, pretenden preparar las condiciones para denunciar un supuesto fraude electoral si el resultado resulta adverso a sus intereses. Estas acciones no sólo resultan irresponsables, sino también peligrosas para la aún frágil democracia peruana que, en el actual proceso electoral, ha sido puesta a prueba por una marcada polarización política.

Al respecto, el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA no denunció irregularidad grave alguna en la primera vuelta electoral llevada a cabo el pasado 11 de abril y, muy por el contrario, destacó “el trabajo de las autoridades y funcionarios/as de las distintas instituciones electorales de Perú, quienes llevaron adelante sus labores en medio de un contexto de enorme complejidad, marcado por la pandemia.” Esta Misión seguirá desplegando su labor de observación electoral para la segunda vuelta, a realizarse el domingo 6 de junio, y en las actuales circunstancias resulta aun mas importante su presencia en el país.

En especial, preocupan los recientes ataques contra el actual presidente del JNE, el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, quien es cuestionado por decisiones jurisdiccionales que suscribió en forma colegiada o por su ejercicio profesional mucho antes que fuese magistrado. Estos señalamientos pretenden vincularlo maliciosamente a Sendero Luminoso para descalificarlo y deslegitimarlo, o “terruquearlo” – como coloquialmente se denomina a esta práctica en el Perú – y, con ello, poner en duda la neutralidad de la máxima autoridad electoral para resolver cualquier futuro cuestionamiento al resultado de las elecciones

Como en todo Estado de Derecho, la ciudadanía y la prensa tienen el derecho a cuestionar y debatir las decisiones judiciales, pero ello no debe llevar a descalificar a magistrados y magistradas que no han incurrido en irregularidades o actos de corrupción, sobre todo si está en juego que los peruanos y peruanas puedan ejercer su derecho fundamental a elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres y justas.

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