Miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas según prevé Ley General

Nueva campaña de WOLA revela brechas entre legislación y práctica

La justicia les está fallando a las personas desaparecidas en México desde el primer paso del proceso: reconocer e investigar las desapariciones como delitos. Este es uno de los hallazgos principales de la campaña lanzada hoy por la organización de investigación e incidencia Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Los hallazgos de la primera entrega de la campaña incluyen:

• El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas da cuenta de más de 23.000 personas desaparecidas entre 2018 y 2020, todas ellas presuntas víctimas de delitos. Sin embargo, menos de un tercio están reconocidas en el Registro como víctimas de algún delito concreto que actualmente esté bajo investigación. Lo anterior refleja tanto omisiones de las autoridades a la hora de suministrar información al Registro —lo cual impide que dicha base de datos alcance su potencial como herramienta de búsqueda e investigación—, como brechas reales entre el número de desapariciones y de investigaciones.
  • Para mediados de 2021, solamente 811 de estas más de 23.000 personas (el 3,5 por ciento) habían sido registradas como víctimas de desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares.
  • La mayoría de personas menores de edad que fueron desaparecidas entre 2018 y 2020 son niñas, pero ni una sola persona había sido registrada como víctima de trata de personas.
• En varios estados, el número de personas desaparecidas entre 2018 y 2020 supera por mucho el número de investigaciones iniciadas por las fiscalías estatales por los delitos de desaparición previstos en la Ley General en la materia. En respuesta a solicitudes de información formuladas por WOLA, diversas fiscalías reportaron una docena de investigaciones o menos, en contextos de cientos o miles de personas desaparecidas.
• Las desapariciones no solo están siendo consideradas como delitos distintos a los previstos en la Ley General, sino que además muchas no fueron reconocidas inicialmente, o no han sido reconocidas hasta la fecha, como delito alguno.

“Llevar a cabo investigaciones eficaces es fundamental para revertir la crisis de desapariciones,” dijo Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. “Esclarecer los casos es esencial para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, mapear los patrones de desaparición y perseguir penalmente a las redes de perpetradores, pasos clave para prevenir futuras desapariciones. Ese camino empieza por reconocer las desapariciones como delitos, generar una teoría del caso y un plan de investigación, elementos muchas veces ausentes en la actualidad.”

Más de 90.000 personas permanecen desaparecidas y no localizadas en México según los datos oficiales, una cifra que va en ascenso. Durante años, las familias de las personas desaparecidas, lideradas en particular por las madres, han impulsado la búsqueda de sus seres queridos y de justicia.

“Se debería garantizar el derecho de las familias a participar plenamente en la búsqueda e investigación,” agregó Brewer. “Pero eso no significa que el Estado deba trasladar la carga de investigar a las familias. Cuando las autoridades no avanzan en esclarecer los hechos, las familias se ven orilladas a investigar por su cuenta, lo cual las puede poner en una situación de riesgo elevado. Ninguna familia debería verse obligada a escoger entre su propia seguridad y acceder a verdad y justicia ante la desaparición de un ser querido.”

La campaña de WOLA hace un llamado a las autoridades a cerrar las brechas entre las prácticas observadas y lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición, vigente desde enero de 2018. Dicha legislación creó herramientas y procedimientos especializados para investigar las desapariciones, pero a tres años y medio de su entrada en vigor, los datos oficiales analizados por WOLA indican que dichas herramientas no están siendo plenamente aplicadas, dejando a la mayoría de las desapariciones en la impunidad. WOLA y organizaciones contrapartes en México han enviado una carta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) para compartir los hallazgos referidos y llamar a estos espacios interinstitucionales a coordinar planes de acción para lograr que las prácticas institucionales cumplan con la Ley General.

A lo largo de estas tres semanas, WOLA publicará datos que ilustran diversos pendientes en cada etapa del proceso de investigación: primero, en reconocer los delitos de desaparición; segundo, en investigar debidamente los casos según lo previsto en la Ley General; y tercero, en judicializar y lograr sanciones por estos delitos.

La campaña se enmarca en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, 30 de agosto. El micrositio de la campaña incluye recursos para que el público nacional e internacional conozca más sobre la labor de diversos colectivos de familiares y organizaciones que los acompañan, así como oportunidades para apoyar actividades de búsqueda. WOLA invita a todas las personas a sumarse a su llamado a las autoridades competentes a garantizar investigaciones eficaces en casos de desaparición. En palabras de la organización, “terminar con las desapariciones empieza por la justicia.”