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5 Nov 2021 | Pronunciamiento de WOLA

CPI abre investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Washington, D.C.—El 3 de noviembre, al concluir una visita de tres días a Venezuela, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que el organismo abriría una investigación formal por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas partidarias del gobierno, en el contexto de las protestas y represión ocurridas desde 2017. El anuncio estuvo acompañado por la firma de un Memorando de Entendimiento con el gobierno de Maduro acordando cooperar para facilitar la investigación de la CPI de acuerdo con los estándares internacionales y el Estatuto de Roma de la CPI, y continuar buscando la justicia por estos crímenes a nivel nacional dentro del sistema de justicia venezolano. La apertura de una investigación formal por crímenes cometidos por funcionarios gubernamentales e individuos a favor del gobierno, incluyendo encarcelamiento arbitrario, violencia sexual, tortura y persecución por motivos políticos, es un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Venezuela es el primer país en América Latina en ser sujeto a una investigación formal de la CPI, y esto representa un hito en el esfuerzo por combatir la impunidad por graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y todo el hemisferio.

La decisión de abrir una investigación formal demuestra que la Fiscalía de la CPI ha determinado que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017, y que el gobierno venezolano es incapaz o carece de voluntad para procesar estos crímenes. En septiembre, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas concluyó que las instituciones judiciales del país han sido cómplices en los esfuerzos por reprimir a supuestos oponentes políticos, así como que han ignorado violaciones de derechos humanos de manera sistemática, incumpliendo su mandato de garantizar el debido proceso. En este contexto, es esencial que el gobierno venezolano coopere con la investigación de la CPI y que garantice que la Oficina del Fiscal Jefe pueda llevar a cabo su mandato con el acceso e independencia necesarias.

Adicionalmente, como fue establecido en el Memorando de Entendimiento, es imperativo que el gobierno venezolano avance con procedimientos judiciales por estos crímenes a nivel nacional, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales de derechos humanos establecidas en el Estatuto de Roma. Esto requerirá no solo investigaciones integrales y el enjuiciamiento en todos los niveles de la cadena de mando, sino también una reforma total del sistema de justicia de Venezuela, el cual ha demostrado corrupción sistemática y falta de imparcialidad. Además, existe una necesidad urgente de veeduría y reforma del Tribunal Suprema de Justicia (TSJ), la Oficina de la Fiscalía General, y la Defensoría del Pueblo, así como de la policía y los otros cuerpos de seguridad.

Como una organización comprometida con el avance de los derechos humanos en las Américas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), apoya la decisión de la Fiscalía de la CPI de abrir una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro y personas partidarias del gobierno, y considera que esta decisión sienta un precedente importante para la rendición de cuentas y la justicia en Venezuela, así como en todo el hemisferio. Es sumamente importante que estas atrocidades no queden impunes, y que las autoridades venezolanas no tomen represalias contra las víctimas y los testigos que comparezcan.

El anuncio por la Oficina del Fiscal ocurre luego de años de perseverancia de personas víctimas y defensoras de derechos humanos, quienes han enfrentado un alto riesgo frente a la represión violenta. WOLA honra sus sacrificios, y considera que una solución a la crisis venezolana no será posible sin respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, las reparaciones, la reforma judicial y la garantía de no repetición.