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¿Es exagerado exigir justicia?

“Se metieron con la generación equivocada” fue el lema de las marchas de noviembre del 2020 en medio de la más dura pandemia. Un año después, la generación del bicentenario sigue esperando justicia para Inti y Bryan.

Hoy se conmemora el asesinato de dos jóvenes, Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, quienes junto a decenas de miles de jóvenes salieron a las calles a manifestar su desacuerdo tras la ilegal toma de poder del entonces congresista Manuel Merino y fueron asesinados durante la represión policial que no se veía desde el Perú de Fujimori.

No fue la primera vez que Merino buscó vacar al entonces presidente, Martín Vizcarra. El intento anterior fue detenido gracias al destape de IDL Reporteros de las comunicaciones irregulares de Merino y sus colaboradores hacia los comandantes de las Fuerzas Armadas solicitando el apoyo para sus planes golpistas. Merino llegó al poder porque se sumó la causal ambigua de “incapacidad moral” de la Constitución del 1993 junto a la complicidad de 104 otros miembros del Congreso. Fue un asalto al poder en toda la línea.

La ciudadanía, en especial la juventud, se levantó espontáneamente para demostrar su rechazo a la vacancia presidencial promovida arbitrariamiente desde el Congreso. Las manifestaciones no solo fueron en Lima, sino en todo el país. Y duraron todo el tiempo en el que Merino estuvo en Palacio de Gobierno: entre el 9 y el 15 de noviembre del 2020. Decenas de miles de personas llenaron las calles en diferentes ciudades del Perú para protestar en contra de un gobierno al que percibían como ilegítimo. El 13 por ciento de la población salió a marchar en contra del gobierno de Merino, haciendo que las marchas de noviembre del 2020 fueran las más grandes en la historia del Perú. El 86 por ciento de la población estaba a favor de las manifestaciones, porque la gran mayoría percibió a Merino como usurpador.

La policía ejerció una represión desmesurada en contra de los manifestantes. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha publicado una serie de entrevistas a varios de los que fueron gravemente heridos por la violencia policial en noviembre del 2020. Un policía le disparó una bomba lacrimógena a la cara de Rubén Vergara, haciendo desprender la retina del ojo y afectando su vista. A Jon Cordero, de 23 años, un perdigón le cayó en la vértebra, aún no puede caminar. A Percy Pérez, de 27 años, una canica le perforó los intestinos, afectando su pierna y limitando su capacidad de movilizarse. Los jóvenes también explican sus motivos por salir a protestar, en defensa de su país, la democracia, el futuro de sus hijos.

El asesinato de Inti y Bryan por la policía el día 14 de noviembre marcó un punto de inflexión en la semana de protestas de repudio al gobierno de Merino, obligándolo a renunciar a la presidencia. Días después el Congreso eligió a Francisco Sagasti haciendo que él asumiera como presidente interino del país hasta las elecciones en el 2021.

Un año después de los hechos, todo avanza lento, la Fiscalía presentó el mes pasado una denuncia ante el Congreso contra Merino y dos de sus exministros por la muerte de Inti y Bryan y por las lesiones sufridas por 78 personas más en las movilizaciones de noviembre.

Exagerada” fue el calificativo que expresó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de Acción Popular y correligionaria de Merino, cuando supo de la presentación de una denuncia constitucional en contra de Merino.

Exagerada es más bien la demora en la promesa de justicia para la familia de los llamados “héroes del Bicentenario”; Inti y Bryan y miles de jóvenes peruanos que defendieron la democracia que con tanto esfuerzo se logró recuperar en el 2000, luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori y la fuga del dictador a Japón.

“Se metieron con la generación equivocada” fue el lema de las marchas de noviembre del 2020 en medio de la más dura pandemia. Un año después, la generación del bicentenario sigue esperando justicia para Inti y Bryan. Empujemos para que sea posible.

Inti y Bryan

Inti y Bryan

Jo-Marie Burt

Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.