(AP Photo/Miguel Andres)

3 Nov 2021 | Pronunciamiento de WOLA

Gobierno de Estados Unidos y comunidad internacional deben tomar medidas firmes frente a elecciones ficticias en Nicaragua

El lunes 1 de noviembre de 2021, Facebook reveló el hallazgo de una gigantesca granja de trolls dirigida por el gobierno nicaragüense, en la que al menos 1.300 cuentas de Facebook e Instagram habrían sido usadas en una operación dirigida a críticos del presidente Daniel Ortega y del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este acontecimiento nada sorprendente, es la más reciente de una serie de acciones encaminadas a sofocar la oposición y consolidar aún más el poder de Ortega, que ocurre a pocos días de las elecciones del 7 de noviembre de 2021, que podrían asegurarle cuatro periodos consecutivos en un proceso ampliamente denunciado como ilegítimo, y en el cual la mayoría de candidatos rivales han sido detenidos arbitrariamente.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021, el observatorio electoral ciudadano nicaragüense Urnas Abiertas registró 1.513 actos de violencia política: 60 por ciento contra integrantes de organizaciones o partidos políticos, 20 por ciento fueron contra candidatos a las elecciones presidenciales o legislativas, y 10 por ciento contra periodistas. Entre las tácticas más preocupantes y descaradas empleadas por el gobierno de Ortega se encuentra la criminalización de la oposición. Al 1 de noviembre, 39 personas (incluyendo 7 candidatos presidenciales) habían sido detenidas arbitrariamente por razones políticas. Una actualización verbal reciente acerca de la situación en Nicaragua de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó hallazgos semejantes, incluso se refirió a la imposibilidad de los nicaragüenses para  “ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas” o presentar sus candidaturas o involucrarse en campañas electorales libremente. En este sentido, la integridad del proceso electoral no solo se ha visto comprometida con la virtual eliminación de la oposición, sino que también se ha visto afectada por varios intentos deliberados que han resultado en que las elecciones mismas carezcan por completo de legitimidad.

Según el informe de Urnas Abiertas, el gobierno ha tomado medidas importantes para controlar completamente el proceso electoral y los resultados, incluyendo: abolir tres partidos de la oposición y eliminar un cuarto de las mesas electorales del país y un estimado del 20 por ciento del electorado del registro. Además, recursos estatales han sido utilizados para actividades privadas del partido gobernante, así como para fines partidistas y electorales.

En anticipación a estas elecciones ilegítimas, EE.UU. está preparando nuevas sanciones y revisando la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA. Por su parte, el 11 de octubre, el Consejo Europeo anunció que prolongaría por un año las sanciones impuestas en 2019 a 14 nicaragüenses, poco después de haber reiterado su llamado a un “diálogo inclusivo y la democracia como la única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua”.

El 20 de octubre, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución expresando su preocupación porque “las medidas tomadas por el Gobierno de Nicaragua no cumplen con los criterios para elecciones libres y justas como establece la Carta Interamericana Democrática,” llamando a la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y prisioneros políticos, y afirmando que se realizará una valoración de  las elecciones del 7 de noviembre en la siguiente Asamblea General y que se discutirá la adopción de medidas adicionales de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática. Estas medidas se suman a la presión impuesta por EE.UU. y otros, incluyendo a la Unión Europea, aunque hasta el momento existe poca evidencia de que las condenas y sanciones hayan tenido algún impacto en el comportamiento del gobierno de Ortega.

Además del no reconocimiento de los resultados de estas elecciones ni del proceso en sí, las autoridades internacionales deben ir más allá e instar al gobierno de Nicaragua a establecer una nueva ronda de elecciones convocadas de acuerdo con la ley y los principios internacionales, así como con la inclusión de misiones internacionales de observación electoral calificadas —actualmente no hay misiones independientes de observación para las elecciones del 7 de noviembre, únicamente “acompañantes electorales” seleccionados por el consejo electoral nicaragüense. Sin embargo, para que Nicaragua esté en la posición para que tales elecciones sean factibles, existen varios parámetros que primero deben ser cumplidos, y para los cual es necesario el apoyo de la comunidad internacional. 

Estas acciones deben incluir reiterar llamados para el cese inmediato de la represión, libertad para los candidatos presidenciales y presos políticos, garantías para asegurar justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, cesar la persecución contra periodistas y medios de comunicación, generar acceso a la información pública y asegurar la participación ciudadana. Además, las autoridades nicaragüenses deben implementar reformas al marco electoral que incluyan la composición y las competencias del Consejo Electoral Supremo. Finalmente, la comunidad internacional debe brindar apoyo a los esfuerzos para restablecer el orden constitucional, reconociendo que el presidente y los legisladores que serán elegidos el 7 de noviembre no asumirán el cargo en un proceso respetuoso de  las normas democráticas. En vista de que el gobierno de Ortega no ha hecho avances que garanticen los derechos humanos y la integridad electoral, la comunidad internacional debe dejar en claro que sólo colaborará con el gobierno de Ortega si da inicio a negociaciones que cumplan con los puntos de referencia antes mencionados para restaurar el orden democratico en Nicaragua.