El presidente de Colombia Iván Duque visitará Washington DC para reunirse con el presidente Joe Biden el 10 de marzo, en el contexto de una crisis humanitaria y de derechos humanos que continúa agravándose en el país Sudamericano.
Los líderes discutirán relaciones bilaterales, la respuesta de sus países a la pandemia COVID-19, el recuperamiento económico y las respuestas regionales a la migración.
Aquí, otros cuatro temas urgentes que Biden debería abordar con su contraparte:
El año 2021 fue testigo de las protestas más grandes de la historia reciente de Colombia. Desencadenadas inicialmente por una propuesta de reforma tributaria, personas alrededor del país salieron a las calles para demandar respuestas a la grave situación económica y política. En muchas ciudades alrededor del país, quienes protestaban sufrieron violencia a manos de la policía y fuerzas de seguridad. Casi 50 personas murieron y miles sufrieron abusos por parte de la policía, de acuerdo a información recogida por Temblores, una organización independiente que documenta abusos a los derechos humanos en Colombia. Amnistía Internacional reveló que al menos 100 personas sufrieron traumas oculares severos como resultado de la violencia a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Colombia.
En julio, el presidente Duque anunció una serie de reformas a la policía para abordar los abusos, mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad y garantizar la rendición de cuentas.
Sin embargo, desde entonces la mayoría de las reformas a la policía han sido meramente cosméticas y no han abordado sustancialmente los problemas que implican que actualmente la policía se vigile a sí misma.
Colombia es el país más peligroso para personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, con 138 activistas asesinados en 2021 y miles más que fueron blanco de ataques y hostigamiento, de acuerdo a una investigación global de Front Line Defenders. Las personas activistas, particularmente quienes viven en áreas ricas en recursos naturales y ubicaciones estratégicas, son atacadas de forma rutinaria por parte de grupos armados ilegales presentes alrededor del país.
Mientras que el gobierno de Colombia ha establecido programas de protección para activistas, en la práctica, la protección es altamente insuficiente. La falta de justicia para estos crímenes permite que se repitan.
La alarmante situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado significativamente al comienzo de 2022 con al menos 13 masacres, 17 desapariciones forzadas, 16 desplazamientos masivos, 217 homicidios selectivos y decenas de ataques, según datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).
A seis años de la firma de un acuerdo de paz histórico entre el gobierno de Colombia y la guerrilla más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la implementación del acuerdo ha sido, en el mejor de los casos, pobre, y en el peor, no existente, particularmente en zonas rurales. El aumento de las masacres, asesinatos y ataques contra líderes sociales, activistas de derechos humanos y otros es una muestra de ello. Las personas afrocolombianas, indígenas y campesinos rurales han sido afectados de manera desproporcionada por la violencia.
Mientras que el sistema de justicia transicional avanza, todavía existen serios obstáculos para la implementación de la paz y la falta de liderazgo por parte del gobierno de colombia para avanzar en los mínimos humanitarios con los grupos armados ilegales que continúan activos está teniendo un gran impacto en la población civil. Un área prioritaria de implementación que requiere atención es el Capítulo Etnico, que protege de forma transversal los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas e incluye mecanismos de autoprotección que pueden salvaguardar sus vidas.
Analistas han dicho que las oportunidades para romper el ciclo de violencia van a continuar evaporándose a no ser que se tomen acciones urgentes para revertir estas tendencias. Estas acciones incluyen financiamiento robusto y empuje político para la implementación del acuerdo de paz de 2016 mediante el reforzamiento de los mecanismos de verificación y hacer que lo que las partes acordaron en términos del desmantelamiento de los grupos armados, el capitulo etnico y las reformas rurales, se haga realidad.
Gimena Sánchez-Garzoli