Las políticas migratorias de los Estados Unidos están enriqueciendo a los carteles en la zona más concurrida, y peligrosa, de la frontera con México

“Las personas migrantes intentan organizarse para mantenerse seguras,” me dijo un trabajador humanitario cerca de una plaza en Reynosa, México, a pocos pasos de la frontera con los Estados Unidos. Más de 2.000 personas provenientes de muchos países, quienes fueron bloqueados de la oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos, llenaban esta plaza, viviendo bajo carpas y lonas, entre baños químicos y fuegos para cocinar.

Había niños y niñas por todos lados. “Mueven a las mujeres y a los niños a las carpas más cerca del centro de la plaza, para protegerlos de los secuestradores.” Muchas noches, hay hombres que atacan la plaza, con armas, se llevan a algunas personas, las retienen en condiciones brutales y piden rescate.

Era el cuarto día de una visita que realicé a mediados de marzo a la zona fronteriza entre Texas y México, y el segundo en el estado de Tamaulipas. Parte de mí se preguntaba si las políticas migratorias y fronterizas de los Estados Unidos de alguna forma se diseñan con las ideas de organizaciones de crimen organizado de México que usan a las personas migrantes como presas. Sería difícil diseñar un sistema que beneficie más a estos carteles que el actual.

“Sería difícil diseñar un sistema que beneficie más a estos carteles que el actual.”

Tamaulipas es un gran estado que bordea más de 200 millas de Texas desde Nuevo Laredo hasta el Golfo de México. De los seis estados fronterizos de México, es el único que tiene una advertencia de “No viajar” del departamento de Estado de los Estados Unidos, “a causa del crimen y los secuestros.” Dos carteles, y facciones más pequeñas, frecuentemente protagonizan enfrentamientos armados entre ellos y con las fuerzas de seguridad – mientras tanto corrompiendo y penetrando instituciones gubernamentales tan profundamente que la población hace mucho ya no las ve como una forma de protección.

Teniendo en cuenta todo esto, uno pensaría que las personas migrantes intentarían evitar pasar por Tamaulipas. Aunque muchas personas lo hacen, durante los últimos nueve años esta ha sido la parte más concurrida de la frontera entre México y los Estados Unidos. De hecho, la patrulla fronteriza arresta a más inmigrantes en el sur del Valle del Río Grande de Texas (McAllen, Brownsville y otros pueblos cercanos), alrededor de la mayor parte de Tamaulipas, que en cualquier otro de los nueve sectores en los que se divide la frontera.

La parte del sur de Texas es el punto más cercano a Centroamérica, donde la agencia encuentra decenas de miles de personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cada año, junto con personas mexicanas, incluyendo padres con hijos, desplazadas por la violencia en otros puntos del país. También conocí a un número creciente de migrantes que llegan desde Colombia, Haití y Venezuela. La gran mayoría espera entregarse a las autoridades de Estados Unidos y solicitar asilo en el país, argumentando que sus vidas corren peligro si son regresados.

Esta es una ruta muy concurrida también porque el crimen organizado ha cerrado otros caminos en la frontera. Quienes pueden pagar varios miles de dólares de tasa, vendiendo todo lo que tienen y pidiendo el resto prestado, cruzan con los traficantes de personas. Esta es una enorme fuente de ingresos para el crimen organizado y para oficiales de seguridad y migración corruptos a quienes se les paga para que miren hacia otro lado.

Me impresionó el nivel de control que el crimen organizado tiene sobre las vidas de las personas en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, especialmente las migrantes. Tanto que impresionaría a oficiales de guerra de Alemania del este durante la segunda guerra. A nadie se le permite estar cerca del Rio Grande: los parques frente al río están vacíos. Aquellas personas que intentan cruzar sin pagar son golpeadas, o peor. Quienes no tienen una “palabra clave” u otra prueba de que han pagado sumas exorbitantes a los carteles son secuestradas. Personas migrantes, incluyendo padres, madres y menores, son retenidos en bodegas apestosas, mientras que sus captores envían a sus familiares en los Estados Unidos videos aterradores con instrucciones para transferir miles de dólares de rescate. Si nadie paga, desaparecen, esclavizan o matan a las personas. Las fuerzas de seguridad mexicanas casi nunca llegan a recatar a las víctimas.

“Me impresionó el nivel de control que el crimen organizado tiene sobre las vidas de las personas en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, especialmente las migrantes.”

En Nuevo Laredo, grupos de secuestradores circulan cerca de puentes desde los Estados Unidos, buscando migrantes que fueron removidos recientemente que no tienen la “palabra clave” correcta, para secuestrarlos. En Matamoros, pregunté si “aproximadamente el 20 por ciento” de los migrantes que esperan había sido secuestrado antes. “Oh, es mucho más que eso,” me dijo un trabajador humanitario.

Y cada día, aun cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) es consciente de los peligros y las consecuencias, el gobierno de los Estados Unidos lleva más víctimas directo a los criminales. El “Titulo 42” una política migratoria de la pandemia que la administración Trump lanzó en Marco de 2020 y la actual administración decidió prolongar hasta el 23 de mayo, ha expulsado migrantes no Mexicanos a Tamaulipas, aproximadamente 250,000 veces desde la inauguración de Biden, sin darles oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. Personas con ciudadanía mexicana fueron expulsadas a Tamaulipas 160,000 veces durante ese período. A ellas hay que agregar 25,000 personas mexicanas deportadas, mayoritariamente arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dentro de los Estados Unidos.

Usualmente, los secuestradores están esperando a las personas migrantes que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) deja en los puentes. Mientras tanto, con la excusa de reducir la exposición al COVID-19, el Titulo 42 ha cerrado los cruces fronterizos oficiales a personas solicitantes de asilo, haciendo imposible que puedan ejercer su derecho a solicitar protección, tal como está garantizado en la legislación de Estados Unidos y a nivel internacional.

Aquellas personas que son expulsadas, y los adultos y menores que quedan varados esperando por una oportunidad para acercarse a los puertos de entrada, están entre las poblaciones más vulnerables del hemisferio occidental, y están apenas a pasos de la frontera con los Estados Unidos. En febrero, investigadores de la Universidad de Texas estimaron que aproximadamente 9,500 personas estaban esperando en las ciudades fronterizas de Tamaulipas por una oportunidad para solicitar protección en los Estados Unidos.

Human Rights First recolectó evidencia en toda la frontera de al menos 9,886 cases casos de secuestros, tortura, violaciones y otros ataques violentos contra solicitantes de asilo a quienes el Titulo 42 ha mantenido varado desde 2021. En Tamaulipas, la cantidad de casos es aun mayor que lo que indican las estadísticas, porque la situación de seguridad hace que reunir información sea muy difícil.

Por esta razón parece que la actual política migratoria ha sido diseñada para beneficiar a los carteles. Si las personas migrantes que temen volver a sus países pudieran cruzar México de forma segura, reportarse en un puerto de entrada y tener la oportunidad de presentar sus casos, que estos fueran considerados y adjudicados rápidamente, tal como lo permite el sistema, el modelo de negocios de los carteles se destruiría. En cambio, cerrar los puertos de entrada y enviar a las personas migrantes a mayor peligro ha creado el incentivo perfecto para aquel modelo de negocios.

Estas poblaciones vulnerables no pueden esperar hasta que el estado de derecho llegue a Tamaulipas. El gobierno de Estados Unidos debe actuar para quitar el negocio de las manos de los criminales que toman a las personas migrantes como presas. Lo que necesitan hacer ya está dispuesto en las leyes de los Estados Unidos.

Desde 1980, la ley migratoria de los estados Unidos deja en claro que los puertos de entrada oficial son lugares donde las personas solicitantes de asilo pueden acercarse a oficiales y expresarles sus temores de regresar a sus países de origen. Por dos años, el Título 42 ha hecho imposible acercarse a un puerto de entrada.

“El gobierno de Estados Unidos debe actuar para quitar el negocio de las manos de los criminales que toman a las personas migrantes como presas. Lo que necesitan hacer ya está dispuesto en las leyes de los Estados Unidos.”

Una vez que el Título 42 termine a finales de mayo, las personas solicitantes de asilo deben poder llegar a un puerto de entrada de forma directa, y no verse obligados a pagar a criminales para cruzar el Rio Grande. Luego, sus solicitudes deben ser procesas –chequeando antecedes e historial de salud, comenzando el papeleo de asilo, y evaluando la credibilidad de sus temores—en instalaciones con el espacio y capacidad humana para hacerlo rápido. Alternativas robustas a los programas de detención pueden mantener a las personas dentro del sistema. La acumulación de casos puede reducirse añadiendo oficiales al sistema y reconstruyendo y repensando el sistema de cortes de migración.

Mientras se trabaje en estas reformas, la administración Biden debe, de manera inmediata, detener las expulsiones inseguras de migrantes, que dan lugar a abusos y brindan oportunidades para el crimen organizado. Las deportaciones y expulsiones a ciudades fronterizas deben minimizar las posibilidades de secuestros. Esto incluye evitar expulsiones nocturnas, cuando las autoridades mexicanas no están presentes, ayudar a los refugios en México a estar más seguros y evitar que personas migrantes sean enviadas a zonas controladas por organizaciones criminales.

Si no se toman estas medidas, solo se continuará aumentado el poder de los carteles, siendo Tamaulipas el ejemplo más extremo de este. Acabar con el Titulo 42 y construir los procesos de asilo que las leyes conciben no es solamente humano, sino que una de las formas más efectivas que puede tener los Estados Unidos para acabar con el crimen organizado en la frontera.

Este artículo fue originalmente publicado en Newsweek México.