(AP Photo/Ramon Espinosa)
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A punto de cumplirse un año de las protestas del 11 de julio (11J) en Cuba, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reflexiona sobre las causas de las protestas, la respuesta del gobierno cubano y su impacto en las relaciones entre Estados Unidos y la isla.
El 11 de julio de 2021, Cuba fue testigo de la ola de protestas más importante en décadas, algo que se ha vuelto común en gran parte de América Latina. En toda la isla, miles de personas salieron a las calles para exigir mejores condiciones de vida en el marco de la peor crisis económica que ha vivido el país desde la caída de la Unión Soviética, con una continua escasez de medicamentos y alimentos que se ha visto agravada por las sanciones estadounidenses, la aguda inflación y el descontento con el gobierno.
El gobierno cubano respondió a las protestas, en su mayoría pacíficas, con represión y censura. Se calcula que más de mil quinientas personas fueron detenidas y privadas de libertad tras el 11J. Muchas de ellas permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio. Ha habido una importante falta de transparencia y de información oficial por parte del gobierno cubano sobre la situación de las personas detenidas; las autoridades sólo publicaron declaraciones oficiales en enero y en junio. La Fiscalía General de la República de Cuba informó de que había 790 personas procesadas, de las cuales 488 han sido condenadas, principalmente por sedición, actos de vandalismo, robo con violencia y alteración del orden público. De los condenados, 16 son menores de entre 16 y 18 años. En total, 55 menores han sido acusados de algún delito, de los cuales 28 están en prisión preventiva y sólo 18 han visto modificada o reducida su condena.
ONG cubanas y extranjeras, periodistas y grupos de derechos humanos han intentado con insistencia tener acceso a los juicios y a los documentos de reducción de penas con poco o ningún éxito. También se han producido claras violaciones del derecho al debido proceso de los detenidos, garantizado por la Constitución cubana. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones de las garantías mínimas del debido proceso incluyen “la restricción del acceso a los expedientes penales o a las copias de las sentencias y la ausencia de una defensa técnica adecuada y de contacto con representantes legales”. La Comisión también recibió varias denuncias sobre tácticas de intimidación a familiares y amigos de los acusados, así como a periodistas y activistas que participaron en las protestas.
Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez, dos de los más conocidos activistas privados de libertad, fueron recientemente condenados a 5 y 9 años de prisión, respectivamente, por desacato, difamación de instituciones y símbolos gubernamentales y desorden público, entre otros cargos. El desacato, entendido como desafío a las autoridades, utiliza la difamación como herramienta para reprimir las críticas al gobierno, coartando la libertad de expresión de los ciudadanos en violación de las normas internacionales. Otero Alcántara también fue condenado por acciones que “faltaron al respeto a la bandera cubana“.
Tras las protestas de julio de 2021, el espacio para la sociedad civil y el discurso público ha seguido reduciéndose en Cuba. El gobierno cubano denunció y prohibió activamente cualquier forma de disidencia pública en las protestas posteriores programadas para el 15 de noviembre (15N), y muchos activistas y actores de la sociedad civil denunciaron intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad antes e inmediatamente después del 15N. Además, los habitantes de Cuba han compartido múltiples relatos sobre el aumento de la vigilancia de los activistas, muchos de los cuales siguen llevando a cabo su trabajo con más discreción por miedo a las represalias.
El recién aprobado código penal, si bien es un cuerpo de ley más moderno en ciertos aspectos, como la tipificación de la violencia de género y doméstica, el aumento de las sanciones para hacer frente a todas las formas de discriminación y la garantía del bienestar de los animales, también dibuja un panorama sombrío para los activistas e ilustra el férreo control del gobierno sobre la disentimiento.
Al otro lado del estrecho de Florida, la administración Biden aún mantiene en vigor la mayoría de las sanciones de la era Trump, las cuales han agravado los problemas económicos de Cuba y su capacidad para responder eficazmente a la pandemia del COVID-19 y proporcionar atención sanitaria a la población. El 15 de mayo, la administración anunció una serie de medidas para revertir parcialmente algunas de estas políticas hacia Cuba, incluyendo el levantamiento de algunas restricciones a las remesas, los viajes educativos grupales y el restablecimiento del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Sin embargo, todavía hay que dar muchos pasos para que estas medidas se apliquen plenamente.
Aunque se han eliminado algunas restricciones a las remesas, todavía no hay mecanismos formales para enviarlas. Como dijeron dos expertos a WOLA, una posible solución es flexibilizar las regulaciones sobre la banca y permitir que los bancos estadounidenses establezcan cuentas de corresponsalía con los bancos cubanos en el sector civil, para así eludir a los proveedores de servicios, facilitar el flujo de remesas y apoyar al sector privado cubano.
El restablecimiento de los viajes educativos grupales y de ciertos viajes relacionados con reuniones e investigaciones profesionales proporcionarán un apoyo que las empresas privadas cubanas necesitan con desesperación, sobre todo las que trabajan en el sector de la hostelería, devastadas por el colapso del turismo durante la pandemia. Pero hay otras formas de hacer este apoyo más efectivo. Por ejemplo, la administración podría restablecer completamente la licencia general para reuniones profesionales para incluir también actuaciones públicas, clínicas, talleres, competiciones y exposiciones, y abolir la lista de “Alojamientos Prohibidos en Cuba” a hoteles en los que se prohíbe alojarse a los estadounidenses.
La respuesta del gobierno cubano a las protestas y las acciones adicionales emprendidas el año pasado, las limitaciones a la libertad de expresión, en combinación con las consideraciones sobre las elecciones internas de Estados Unidos, han reducido los espacios para la administración Biden. Sin embargo, la diplomacia y el compromiso con Cuba permitirían a ambos países avanzar en muchos temas urgentes, incluida la discusión del respeto a los derechos humanos.
La reanudación, en abril de 2022, de las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba fue un primer paso importante hacia un mayor compromiso. Antes de que el presidente Trump los detuviera en la segunda mitad de su presidencia, Estados Unidos y Cuba participaron en una amplia gama de diálogos sobre más de una docena de temas relacionados con los 22 acuerdos bilaterales firmados entre 2015 y enero de 2017.
El gobierno de Biden debería reanudar esos diálogos dada la importancia de la cooperación en áreas como el medio ambiente, la aplicación de la ley, los asuntos marítimos, la preparación para los derrames de petróleo y otros de interés mutuo. En aras de mejorar el ambiente para el diálogo bilateral, la administración debería eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, ya que la designación no cumple con la definición estatutaria y el comportamiento cubano no ha cambiado materialmente desde que la revisión de inteligencia ordenada por el presidente Obama en 2015 concluyó que Cuba ya no pertenecía a esa lista.
Antes de que se cumpla un año desde el 11J siguen existiendo muchos desafíos. Se han dictado sentencias desproporcionadas e injustas contra los manifestantes en medio de la preocupación por las violaciones del debido proceso y la falta de transparencia por parte del gobierno cubano, lo cual debe de ser abordado. La represión de las críticas y la continua violación del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica deben cesar. Asimismo, si bien el gobierno cubano ha implementado algunas medidas de reforma económica bien recibidas, con resultados limitados por la actual precariedad de la economía cubana, aún no ha atendido el reclamo de sus ciudadanos por más libertades civiles.
Una versión anterior de este artículo cifraba erróneamente 381 personas sentenciadas en vez de 488. También señalaba que habían 790 detenidos en lugar de 790 procesados—la Fiscalía General no ha comunicado el número oficial de detenciones. Desde entonces se ha corregido y también se ha incluido un enlace directo a información proporcionada por la sociedad civil.
La misión de WOLA es promover los derechos humanos, la democracia y la justicia en el ámbito social y económico en las Americas. Seguimos esforzándonos por proporcionar información clara y veraz que apoye y eleve los derechos humanos en toda la región, incluyendo a Cuba.
