Sergio Ortiz Borbolla
Sergio Ortiz Borbolla
Una denuncia presentada el 1 de agosto sobre la confiscación por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza del tocado religioso de los solicitantes de asilo Sijs es el último ejemplo de un patrón que existe hace tiempo. Las fuerzas de seguridad de la frontera de Estados Unidos a menudo no devuelven, o se deshacen, de los objetos de valor que toman de los y las migrantes.
Al entrar en la custodia de la Patrulla Fronteriza o de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) -ya sea que sean detenidos en el campo o que se entreguen voluntariamente para solicitar asilo- las personas migrantes entregan lo que llevan. Las normas de Transporte, Escolta, Detención y Registro (TEDS por sus siglas en inglés) de la CBP establecen que sus pertenencias deben ser “salvaguardadas” “documentadas” y retenidas durante 30 días o más. “Después de 30 días los bienes personales se considerarán abandonados y podrán ser destruidos”, reza el documento de las normas, aunque no está claro cómo se espera que las personas inmigrantes reclamen sus bienes mientras están bajo custodia, sean trasladadas a otro lugar o expulsadas de Estados Unidos sin ellos.
Con demasiada frecuencia, la propiedad no se devuelve. Esta es una práctica no oficial de oficiales de la CBP y agentes de la Patrulla Fronteriza desde hace mucho tiempo: hace varios años, un conserje de una instalación de la CBP en Ajo, Arizona, incluso hizo una exposición de arte con los artículos confiscados que se habían acumulado.
La pauta incluye la confiscación por parte de agentes de artículos vitales para la libertad religiosa, como las cuentas del rosario o los 64 o más turbantes quitados a los sijs en Arizona en lo que va de año. Algunos objetos no devueltos tienen valor monetario, como dinero en efectivo, joyas y teléfonos móviles. Algunos tienen valor sentimental, como fotos, pequeñas reliquias y peluches o muñecas de niños y niñas. Algunos son importantes para la salud y el bienestar, como recetas y medicamentos. Y otros son esenciales para la vida diaria como solicitante de asilo en Estados Unidos, por ejemplo documentos de identidad, pruebas de persecución y números de teléfono vitales.
Algunos documentos no devueltos pueden ser esenciales para ganar casos de asilo y evitar la expulsión a los países de origen de las personas inmigrantes, donde podrían ser asesinadas. La abogada Chelsea Sachau, del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados, con sede en Arizona, habló de ello a principios de este mes con el Arizona Republic:
“Uno de mis primeros clientes con los que me reuní llevaba 500 páginas de documentos legales de su caso en su país de origen. Los envolvió en plástico y dejó otras cosas en casa porque sabía lo importantes que serían esos documentos para demostrar por qué los sistemas jurídicos de su país habían fracasado. Y ganó su caso. Pero si hubiera pasado por Yuma hoy y le hubieran confiscado sus documentos, quizá nunca hubiera ganado”.
En abril de 2022, WOLA lanzó Border Oversight, una base de datos que se actualiza periódicamente sobre presuntas conductas abusivas o indebidas de los agentes fronterizos estadounidenses. Recoge los casos reportados por medios de comunicación, documentos oficiales e informes de defensores con sede en la frontera entre Estados Unidos y México. Ya hemos documentado más de 300 eventos desde 2020, reuniendo una imagen inquietante de los abusos “cotidianos” e inexplicables en la frontera.
De esos hechos captados, a mediados de agosto de 2022, 13 implican la confiscación de documentos y 28 la no devolución de pertenencias. Esta es solo la pequeña muestra de casos que conocemos porque individuos y grupos comprometidos en la frontera los están registrando.
He aquí una preocupante muestra de casos sólo de los últimos meses:
Turbantes confiscados
Una carta del 1 de agosto de la ACLU de Arizona, reportada por primera vez por el Intercept y Arizona Luminaria, afirmaba que los agentes de la Patrulla Fronteriza en Yuma habían confiscado al menos 64 turbantes a solicitantes de asilo de la fe sij en lo que va de año, incluyendo al menos 50 en los dos meses anteriores.
Según la carta, se trata de “graves violaciones de la libertad religiosa” contra miembros de la quinta religión organizada más grande del mundo, que es la más frecuente en la región india del Punjab. “Quitarle el turbante o el vello facial a un sij, o atacarlo, ha simbolizado negarle el derecho a pertenecer a la fe sij, y es percibido por muchos como el daño físico y espiritual más humillante e hiriente que se le puede infligir a un sij”, señala la carta.
Citando a los internos de un refugio para inmigrantes de Arizona, Arizona Luminaria informó el 5 de agosto que “el número de turbantes confiscados y desechados por la Patrulla Fronteriza es de cientos, mucho más que el número reportado a principios de esta semana”. En otro informe del 17 de agosto, la publicación, citando a la Coalición Sij nacional y a la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, encontró “al menos 12 nuevos casos de confiscación de turbantes sólo este mes”.
Moneda mexicana rota
El 4 de agosto, la Iniciativa Fronteriza Kino (KBI por sus siglas en inglés), que entrevista a los migrantes retornados que llegan a su albergue en Nogales, México, informó de un caso significativo de no devolución de las pertenencias de valor de los migrantes:
El fin de semana pasado, el ICE deportó a un grupo de 12 migrantes a Nogales después de haber sido detenidos. Todas las personas informaron de que al encontrarse con BP, los agentes les quitaron todas sus pertenencias y dijeron que se las devolverían al llegar a Tucson, lo que nunca ocurrió. Cuando llegaron a Nogales, sus pertenencias aún no habían sido devueltas. Los artículos confiscados incluían dinero (una persona perdió 200 dólares), carteras, teléfonos y joyas con valor sentimental. Una persona del grupo contó que fue testigo de cómo un agente de la Patrulla Fronteriza le quitaba 3.000 pesos [unos 150 dólares estadounidenses] a otro migrante y se los rompía en la cara diciéndole: “Esto es basura, aquí no tiene ningún valor”, antes de tirar los billetes rasgados al cubo de la basura.
Fotos de familia
La KBI también informó el 4 de agosto sobre un migrante mexicano al que la Patrulla Fronteriza sacó de Estados Unidos sin devolverle su identificación y su teléfono. Sin su teléfono, perdió el acceso a una gran colección de fotos familiares irremplazables. Otro mexicano devuelto sin su teléfono “no tenía memorizado ningún número de teléfono de la familia”, y se quedó intentando contactar con sus parientes a través de Facebook.
Pasaportes en la tierra
En mayo, en Yuma (Arizona), The Guardian citó a Fernando “Fernie” Quiroz, director del grupo de asistencia a inmigrantes AZ-CA Humanitarian Coalition, que recientemente “se encontró con un pasaporte haitiano azul marino y con pasaportes cubanos tirados en la tierra, y dijo que no podía empezar a entender por qué”.
“Vuelve en 30 días”
A finales de abril de 2022, KBI informó del caso de una mujer mexicana que fue expulsada sin poder pedir asilo.
Fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza que le confiscó sus pertenencias, incluido su teléfono móvil. Cuando iba a ser expulsada a México, un agente de la Patrulla Fronteriza le pidió que firmara un papel diciendo que volvería en 30 días para recoger sus pertenencias. Ella le preguntó al agente de la BP: “¿Cómo voy a recoger mis pertenencias en 30 días? ¿Tengo que volver a saltar el muro?”. El agente de la Patrulla Fronteriza se limitó a reírse y dijo que no lo sabía. La Patrulla Fronteriza también confiscó los teléfonos de otras mujeres del mismo grupo. Algunas de ellas lloraban porque no sabían los números de teléfono de sus familiares para ponerse en contacto con ellos. Una joven del grupo procedía de una comunidad indígena del sur de México y no hablaba español. Se había separado de su marido y ahora no tenía forma de contactar con él.
Sólo sus zapatos
Un informe de abril de 2022 de Human Rights First, la Haitian Bridge Alliance y Al Otro Lado relató la experiencia de una familia hondureña solicitante de asilo a la que la CBP expulsó, bajo la autoridad del Título 42 de la pandemia, a San Luis Río Colorado, México. “Los oficiales no devolvieron las posesiones de la familia, incluyendo dinero, equipaje y medicamentos. Sólo recibieron sus zapatos, que estaban empapados y cubiertos de suciedad causando dolorosas ampollas mientras la familia caminaba en busca de un autobús que los llevara a un refugio.”
Incautación de pruebas de violación
En marzo de 2022, KBI informó sobre una mujer a la que la Patrulla Fronteriza expulsó a Nogales, aunque tenía pruebas de haber sido violada por sus contrabandistas. El agente, según ella, confiscó su documento médico:
Un agente de la Patrulla Fronteriza insinuó que la mujer mentía sobre la agresión e intentó convencerla de que no se sometiera a un examen forense que verificara los abusos. Cuando la mujer mostró a un agente de la Patrulla Fronteriza la documentación del examen hospitalario como prueba de la agresión, pidiéndole que no la devolviera a México, el agente de la Patrulla Fronteriza confiscó la documentación y no se la devolvió.
En la basura del sur de Texas
El activista y artista del Valle del Río Grande, Texas, Scott Nicol, comparte con frecuencia pruebas de las pertenencias de los migrantes tiradas a la basura cerca del muro fronterizo, donde los migrantes que buscan asilo se entregan con frecuencia. En marzo de 2022 publicó fotografías de tarjetas de vacunación cubanas y costarricenses desechadas en una bolsa de basura en un lugar cercano al muro fronterizo en Mission, Texas. El 3 de mayo, Nicol informó que había encontrado un certificado de nacimiento nicaragüense, un teléfono celular y el peluche de un niño junto al muro fronterizo en Hidalgo, Texas. Ese día, el Border Chronicle publicó la documentación de Nicol sobre los objetos que ha recuperado cerca del muro en el sur de Texas. “Lo que realmente me impactó fueron las radiografías que encontré. Eran de un niño de seis años y mostraban una barra de acero en la columna vertebral. Obviamente era para una solicitud de asilo. ¿Por qué alguien se desprendería de ellas?”.
“Flip-flops” en el frío
En un informe de Human Rights First de enero de 2022 se hablaba de los solicitantes de asilo incluidos en el reactivado programa “Permanecer en México”, enviados a México sin sus pertenencias.
Múltiples personas informaron a Human Rights First que los oficiales de la CBP desecharon sus posesiones personales y que fueron devueltos a Ciudad Juárez en diciembre de 2021 bajo la RMX sin su ropa, zapatos, abrigos o medicamentos, entre otros artículos personales – en violación de las normas de detención de la CBP. Como resultado, los repatriados de la RMX se vieron obligados a usar trajes de chándal emitidos por la CBP cuando fueron devueltos a Ciudad Juárez, y en una ocasión, los investigadores de Human Rights First también observaron a los repatriados de la RMX usando chanclas emitidas por la CBP a pesar de que las temperaturas cayeron a 40 °F ese día.
“Esto no es bueno”
Un informe de abril de 2022 de Human Rights First hablaba de la separación en 2021 de un niño nicaragüense de 16 años de sus padres cerca de Eagle Pass, Texas: “Los oficiales de la CBP rompieron el certificado de nacimiento del niño, lo interrogaron sobre su edad, lo amenazaron con encarcelarlo durante 10 años y lo obligaron a firmar un documento que decía que tenía 18 años”. Noticias Telemundo informó del caso en diciembre de 2021:
La madre, Luz Zelaya, dice que, mientras tanto, le rompieron la partida de nacimiento de su hijo. Se trata de un documento impreso en el que consta que el menor nació en un municipio del norte de Nicaragua en 2005, emitido por las autoridades locales días antes de su salida a finales de agosto de 2021.
“Esto no es bueno. Y ra, ra, lo hizo pedazos y lo puso en la basura. ‘Me estás mintiendo. No soy tonto’, me dice”, recuerda Zelaya.
Pasaportes de niños no acompañados
En una denuncia de abril de 2022 que abarca el año 2021, los abogados del Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) escucharon a niños migrantes que describieron al personal de la CBP confiscando sus documentos. A un niño de 13 años de El Salvador le confiscaron su certificado de nacimiento “y nunca se lo devolvieron”. A un joven rumano de 17 años también le confiscaron el pasaporte y nunca se lo devolvieron.
Medicamentos recetados para el dolor
Un informe de noviembre de 2021 de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, con sede en El Paso, Texas, incluía el testimonio de “A.V.R.N.”, un residente legal de Estados Unidos al que, aunque no se le detuvo, el personal de operaciones de campo de la CBP le retiró los medicamentos recetados en el puerto de entrada de Santa Teresa, en Nuevo México, al oeste de El Paso. Tras ser operado de la pierna en Ciudad Juárez, un agente de la CBP se negó a permitir que A.V.R.N. entrara en el país con 10 pastillas de Tramadol y Ketorolac, recetadas para el dolor. “Los otros dos agentes le pidieron que me permitiera llevar mi medicación, ya que tenía una receta y sólo eran diez pastillas, que realmente necesitaba. Pero él se negó, afirmando que la receta no era válida en Estados Unidos y que las pastillas eran como traer hierba. Esa noche sufrí mucho porque sólo podía tomar Tylenol para el dolor”.
Estos son solo algunos ejemplos recientes. La base de datos de Vigilancia de Fronteras de WOLA incluye muchos más casos de no devolución de documentos y pertenencias, que se remontan a 2020.
Esta práctica es una aparente violación de las políticas existentes de la CBP. Refuerza la tendencia de las fuerzas de seguridad fronterizas a considerar a la población inmigrante -que cada vez está más formada por familias, niños y otros solicitantes de asilo- como amenazas o delincuentes potenciales que no merecen un trato digno. Plantea serios interrogantes sobre lo que ocurre con los bienes, como el dinero en efectivo o los aparatos electrónicos, que son valiosos y que es poco probable que acaben destruidos.
La política del CBP exige la eliminación de las posesiones que considera inseguras, amenazantes o antihigiénicas. Esto puede describir algunos artículos, como la ropa que llevan las personas que han realizado largos viajes en condiciones miserables. Pero es difícil creer que artículos como los descritos en los ejemplos anteriores encajen en esa descripción.
La CBP y su componente de la Patrulla Fronteriza son capaces de almacenar las pertenencias de las personas migrantes y devolverlas. El personal de WOLA lo vio recientemente en Del Río, Texas, en marzo: en un centro de descanso para solicitantes de asilo liberados de custodia, todos conservaban las mochilas y bolsas con las que habían emigrado, cada una con etiquetas de reclamación aún adheridas a ellas. Sin embargo, ese es el único lugar en el que hemos visto esto: en otros lugares de la frontera, sólo hemos visto que a las personas migrantes liberadas se les permite guardar lo que cabe en una pequeña bolsa de plástico transparente con el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional.
La mayoría de los debates sobre los abusos de los derechos humanos cometidos por agentes fronterizos de Estados Unidos se centran en sucesos graves como incidentes de uso de la fuerza, muertes, persecuciones con vehículos o separaciones familiares. Junto a estas denuncias, que se producen con mucha más frecuencia, hay una serie de formas “cotidianas”, menos espectaculares, de abusos contra migrantes. Algunos ejemplos son la denegación de alimentos, agua o atención médica; el lenguaje abusivo, a veces hacia los niños; la elaboración de perfiles raciales; el uso indebido de los servicios de inteligencia; las deportaciones y expulsiones que ponen a los inmigrantes en peligro, y muchos otros, como la no devolución de documentos y pertenencias.
Este tipo de abuso “cotidiano” debe terminar. WOLA se siente alentada por el hecho de que el Comisionado de la CBP, Chris Magnus, haya respondido a la queja de la ACLU de este mes sobre los turbantes de los migrantes sijs con la promesa de una investigación interna, añadiendo: “Nuestra expectativa es que los empleados de la CBP traten a todos los migrantes que encontramos con respeto”. Defendemos la importancia de que la dirección de la CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) responda de forma reflexiva y exhaustiva a la lista de preguntas sobre el manejo de bienes personales por parte de estas agencias que 22 miembros del Congreso presentaron en una carta del 3 de agosto de 2022.
Nos alienta aún más que el activismo en torno al tema de las “pertenencias de las personas migrantes” esté aumentando. El 4 de agosto, según informa Melissa del Bosque de Border Chronicle, un grupo de organizaciones con sede en Arizona, organizadas por la Coalición Uncage y Reunite Families, con sede en Tempe, celebró una conferencia de prensa en Phoenix para lanzar una campaña de promoción. Los grupos exigen que la CBP y la Patrulla Fronteriza sigan sus propias políticas escritas y que los agentes sean reentrenados -y disciplinados si continúan confiscando o desechando pertenencias.
WOLA continuará documentando hechos como estos en su base de datos de Vigilancia Fronteriza, y alertando regularmente sobre lo que encontremos. La investigación creíble de las denuncias y la cooperación con el Congreso y otros organismos de supervisión son necesarias para garantizar la responsabilidad de los abusos y un mayor respeto de los derechos de los migrantes. Esperamos un futuro en el que tengamos muchas menos denuncias alarmantes que documentar.
Adam Isacson
Ana María Méndez Dardón