Guatemala, El Salvador y Nicaragua atraviesan una de sus peores crisis de gobernabilidad democrática de los últimos años y es su población la que se ve más afectada por prácticas autoritarias que se traducen en la falta de acceso a oportunidades y una vida digna. Además, derechos fundamentales como la participación política, el acceso a la información y la libertad de expresión se han visto profundamente vulnerados de manera acelerada.
La manifestación más reciente de esta crisis es una ola autoritaria que criminaliza, ataca y persigue a operadores de justicia independientes, defensores de derechos humanos y a la prensa, cuyas voces han sido críticas al poder.
La detención del periodista Jose Rubén Zamora, director de El Periódico de Guatemala, el 30 de julio pasado es el hecho más reciente, y uno de los más graves, en la lista de agresiones a la prensa ocurridos en la región., Es alarmante puesto que un sistema democrático no podría consolidarse sin libertad de prensa, sin que la ciudadanía cuente con un sistema de justicia independiente y sin tener acceso a los medios de expresión.
Aunque, en el caso de Zamora, el Ministerio Público guatemalteco insiste en que la investigación no ha sido motivada por su trabajo periodístico, todo indica lo contrario. Como sucedió con el periodista Carlos Fernando Chamorro y varios más en Nicaragua, Zamora es perseguido por el delito de lavado de dinero como parte de una estrategia de persecución similar a la del régimen Ortega-Murillo. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele también anunció que la fiscalía investiga al periódico digital El Faro, el medio investigativo más importante del país, por lavado de dinero.
Zamora y El Periódico representan el periodismo más crítico de Guatemala: han revelado corrupción, abusos de poder y compadrazgo en las élites económicas y políticas del país, incluidos el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras.
Múltiples organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, entre ellas WOLA, han condenado la detención de Zamora y el reciente cierre de radioemisoras de la Iglesia católica en Nicaragua, hechos que han relacionado con el interés de los gobernantes en concentrar el poder y cooptar la institucionalidad democrática para su propio beneficio.
Los ataques a la prensa independiente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua son acciones de estados autoritarios que no cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como garantizar la independencia judicial, respetar el derecho a la libertad de prensa y abstenerse de interferir en el goce de estas.
La situación también es precaria en Honduras. Durante la década de gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, la prensa independiente fue perseguida y varios reporteros fueron asesinados. Actualmente, aún hay riesgos con la nueva administración de Xiomara Castro: Reporteros Sin Fronteras advirtió del desmantelamiento de mecanismos de protección para la prensa.
Las prácticas antidemocráticas que buscan concentrar el poder y controlar el acceso a la información se extienden por toda Centroamérica incluyendo ahora a Costa Rica, el país con mayor desarrollo democrático de la región, cuyo actual presidente, Rodrigo Chaves Robles, no obstante, ya arremete, desde el poder que le confiere el cargo, con la prensa que le critica.
Los gobiernos centroamericanos han escalado el hostigamiento a la prensa. Pasaron del acoso verbal, en conferencias de prensa o a través de centenares de cuentas troles en redes sociales, a una vigilancia permanente a través de la inteligencia estatal, amenazas directas, persecuciones penales explícitas, encarcelamientos, exilios provocados y, sobre todo en el caso de Honduras, asesinatos. Un solo dato sirve para ejemplificarlo: desde 2018 unos 120 periodistas nicaragüenses han tenido que salir de su país; redacciones enteras, como la de La Prensa, el medio escrito más prestigioso del país por su independencia, funcionan ahora desde el exilio.
Las voces del periodismo
Los niveles de asedio que sufre el periodismo centroamericano son ya similares a la persecución que ocurrió en los períodos de conflictos armados internos. Lo cuenta, por ejemplo, Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico salvadoreño El Faro. “Los gobiernos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras cada vez tienen menos remilgos para presentarse en público como lo que son: enemigos de la prensa independiente. Somos el objetivo”, escribió Martínez en una columna en el Washington Post.
En esa línea, otros medios como Prensa Comunitaria en Guatemala han señalado que la intención última de los ataques “es generar terror para acallar la disidencia, la crítica, la supervisión ciudadana y de la prensa, para imponer la corrupción e impunidad. Es lo que hacen los tiranos. Porque en eso se ha convertido Guatemala, en una tiranía que utiliza las instituciones del Estado para acumular poder y matar la libertad”, dice un editorial de este periódico digital.
Fabián Medina, editor de La Prensa de Nicaragua, quien junto a varios miembros de su redacción vive hoy exiliado en Costa Rica y desde allí expone la realidad de su país, asegura que el resto de la región está caminando ahora por una ruta de ataques a las libertades de prensa y expresión que en Nicaragua lleva años gestándose. Los autoritarios, dice Medina, empiezan por convertir a la prensa independiente en enemiga del Estado o del “pueblo”, lo que, debido al control que los gobiernos suelen ejercer sobre poderosas maquinarias de propaganda, pone en peligro real a los y las periodistas. Luego viene la criminalización a través de procesos penales, en general espurios, como en Guatemala, y con esto llega la cárcel.
En los casos más graves, el final de este camino autoritario llega con su expresión más violenta: los asesinatos. En 2018, mientras cubría protestas masivas contra el régimen de Daniel Ortega, el periodista Ángel Gahona murió tras recibir varios disparos. La familia acusa a la policía orteguista de haber disparado. En Nicaragua, sin embargo, los asesinatos de periodistas no han sido comunes en los últimos años, como sí ocurrió en Honduras durante todo el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy en prisión en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) 64 comunicadores fueron asesinados entre 2000 y 2017, la mayoría en los años en que Hernández gobernó.
Aquí un resumen de la situación en los tres países del Triángulo Norte:
Guatemala
Entre enero y junio de 2022, el Observatorio de Libertad de Prensa del periódico Prensa Comunitaria reporta 96 ataques a periodistas y medios de comunicación. Las violaciones más comunes son la restricción del acceso a fuentes de información y el acoso judicial. El reporte lista, además, al menos un asesinato ocurrido este año.
Un grupo de periodistas independientes críticos al gobierno de Giammattei y a políticos, funcionarios y empresarios que estuvieron involucrados en crímenes y casos de corrupción investigados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a los que en este país se conoce como el pacto de corruptos, han tenido que salir de forma preventiva a otros países.
Más allá de la Ciudad de Guatemala, en los territorios indígenas del país, comunicadores mayas llevan años siendo sujetos de acoso y persecución penal. Destacan los casos de los periodistas de origen Maya Q’eqchi’ Carlos Choc, Baudilio Choc y Juan Bautista Xol, cuyas casas fueron allanadas por la policía guatemalteca luego de que cubrieran la represión policial a comunidades indígenas opuestas a la presencia de minas y monocultivos en sus territorios. A Carlos Choc el Ministerio Público le ha abierto dos procesos penales y, aunque goza de medidas sustitutivas a la detención, el riesgo de que lo metan en la cárcel es permanente para él.
El medio independiente Plaza Pública, en un editorial escrito tras la detención de Zamora, advierte que el control absoluto del Estado y de sus instituciones contraloras es el motivo último del acoso. Lograr ese control, dice este periódico, pasa por “eliminar los controles en el ejercicio del poder del Estado, diluir la división de poderes, anular los pesos y contrapesos, eliminar todo tipo de auditoría. Con este propósito se destroza la organización social, se desprestigia a la prensa y se le ahoga económicamente”.
El Salvador
Según las cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al menos 9 periodistas salvadoreños se han exiliado por el acoso del presidente Nayib Bukele y su gobierno. Al menos dos de esos periodistas han iniciado procesos de petición de asilo político en otros países para salvaguardar su vida, integridad física y situación legal.
Dado que el poder en El Salvador se encuentra concentrado, los principales actores que asedian a la prensa independiente son el propio presidente Bukele y sus funcionarios. Hasta ahora, el acoso y violaciones incluyen estigmatizaciones a través de redes sociales y el aparato oficial de propaganda, criminalización a través de instituciones del Estado, sobre todo del Ministerio de Hacienda, para controlar las finanzas de los medios, y amenazas de denuncias penales en la Fiscalía General de la República, también controlada por Bukele.
A junio de 2019, antes de que Bukele llegara a la presidencia, ya se registraban ataques a la prensa, pero la mayoría eran atribuidos a las pandillas. Un registro de agresiones elaborado por APES muestra que los ataques han aumentado desde entonces. En 2018, el centro de monitoreo de la asociación registró 75 vulneraciones a la prensa; en 2021 hubo 219 ataques a periodistas, casi todas atribuidas al gobierno de Bukele y al mismo presidente.
“La mayoría de los ataques provienen de los discursos de odio que el presidente publica a través de sus redes sociales. Es el estado salvadoreño el que más vulnera los derechos de la prensa”, explica Angélica Cárcamo, presidente de APES.
Además de la estigmatización en redes sociales, algunos periodistas salvadoreños viven ahora bajo la constante amenaza de que la fiscalía de Bukele gire órdenes de aprehensión contra ellos basada en casos espurios. En el caso de El Faro, uno de los medios más críticos de la gestión presidencial, por ejemplo, los ataques han incluido “auditorías abusivas” del Ministerio de Hacienda, según las define Cárcamo, las cuales, sospechan en este periódico, serán la base para una eventual acusación criminal. Periodistas de El Faro y otros medios también han sido sometidos a escuchas ilegales e interceptación de sus teléfonos.
Reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa salvadoreña también han afectado el libre ejercicio del periodismo, ya que posibilitan al Ministerio Público, controlado por el presidente Bukele, realizar persecuciones penales a periodistas que investiguen y divulguen actividades de las pandillas MS13 y Barrio 18, incluido el pacto de las mismas con el gobierno.
Honduras
Según Wendy Funes, directora del medio independiente Reporteros de Investigación, el cambio de gobierno de Juan Orlando Hernández a Xiomara Castro ha dado un respiro a la prensa hondureña. No obstante, las amenazas y ataques siguen. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre enero y julio de 2022 se habían registrado 22 incidentes violentos contra periodistas y dos asesinatos.
Hasta la llegada de Castro, durante la década en que el Partido Nacional de Honduras gobernó tras el golpe de Estado de 2009, la situación de los y las periodistas hondureños fue una de las más adversas de la región. A pesar de eso, la mayoría de las agresiones pasaron, en su momento, desapercibidas en la comunidad internacional.
Según la periodista Funes, al menos 21 comunicadores hondureños fueron asesinados durante el gobierno del Partido Nacional. La mayoría de estos crímenes son atribuibles al crimen organizado, sobre todo a los clanes del narcotráfico hondureño que se coaligaron con el gobierno de Hernández -y con el presidente mismo según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En la Honduras de Hernández los atentados a la libertad de expresión también incluyeron compra de voluntades de periodistas para favorecer la narrativa del gobierno, acoso de pandillas coludidas con el gobierno y vigilancia de parte de organismos policiales y de inteligencia estatal.
Nicaragua
Solo en el mes de agosto de 2022, el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha clausurado una veintena de radios y pequeños canales de televisión local, la mayoría católicas y comunitarias, en el norte del país, en los departamentos de León y Matagalpa. Esto se suma a una ofensiva frontal contra la prensa nicaragüense que arreció tras las protestas masivas de 2018 contra el gobierno orteguista.
En diciembre de 2018, la policía intervino y confiscó las instalaciones de Confidencial, el periódico digital independiente dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro, el exdirector de diario La Prensa que fue asesinado en 1978 durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Después de Confidencial fue La Prensa la afectada. Tanto los periodistas de Confidencial como de La Prensa han tenido que salir al exilio para evitar que el régimen los encarcele. A varios de estos periodistas y medios, la fiscalía nicaragüense, controlada por Ortega y algunos funcionarios sancionados por el Gobierno de los Estados Unidos, les abrió expedientes por supuesto lavado de dinero.
Desde 2018, al menos 120 periodistas nicaragüenses han tenido que irse al exilio según un informe de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. “Te quitan la calle, la posibilidad de estar en contacto con las fuentes que son esenciales para hacer periodismo”, dice Wilfredo Miranda Aburto, del medio Divergentes y colaborador de El País de España.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que al menos seis periodistas permanecen presos en las cárceles de Ortega.
En su informe anual para 2021, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que en Nicaragua “el régimen ha desplegado un mecanismo muy sofisticado de censura, que es física, jurídica y simbólica”.
Algunas recomendaciones para el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional:
Dado el cierre de espacios internos, el accionar de la comunidad internacional es fundamental para proteger las democracias en la región. WOLA considera que deben implementarse acciones coordinadas y complementarias entre distintos gobiernos y organismos internacionales. Tomando en cuenta que entre los ataques está la asfixia financiera, es importante que las agencias de cooperación puedan apoyar la apertura de más líneas de financiamiento para ayudar a periodistas y medios independientes que se han visto afectados.
Al Gobierno de los Estados Unidos:
Al sistema interamericano de protección a los derechos humanos:
Al sistema de Naciones Unidas:
Ana María Méndez Dardón