La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control completo sobre la Guardia Nacional, la cual será votada hoy en el Senado, profundizaría y haría permanente un modelo que durante más de 15 años no ha mejorado la seguridad de la población. El Senado debe rechazar este intento inconstitucional de eliminar los últimos vestigios del carácter civil de la Guardia Nacional y de asignar aún más papeles a las fuerzas armadas.
WOLA ha monitoreado de cerca la evolución y los efectos de la militarización de las tareas policiales en México bajo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. La evidencia muestra el fracaso del modelo militar: los homicidios anuales se han más que triplicado, superando los 35.000 cada año desde 2018. Más de 100.000 personas son reconocidas hoy como desaparecidas y no localizadas, la gran mayoría en los últimos diez años. El despliegue militar produjo un aumento vertiginoso en violaciones de derechos humanos como la tortura (incluida la tortura sexual a mujeres), las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, prácticamente sin que haya existido rendición de cuentas por estos crímenes.
A pesar de todo lo anterior, en 2019 López Obrador reemplazó a la Policía Federal con una Guardia Nacional compuesta en su mayor parte por elementos militares y que, en la práctica, actualmente opera bajo la coordinación de la Sedena. Ahora, el presidente busca otorgar formalmente a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y que dicha corporación se convierta en una fuerza completamente militar.
La reforma que será votada hoy en el Senado violaría la propia Constitución mexicana, la cual establece en su artículo 21 que la Guardia Nacional será “una institución policial de carácter civil”. Asignar las tareas policiales federales exclusivamente a las fuerzas armadas también incumpliría con las obligaciones internacionales del Estado mexicano establecidas en tratados internacionales y sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como iría en contra de las recomendaciones de una larga lista de órganos de Naciones Unidas que han visitado y analizado la situación en México.
En nuestras casi cinco décadas de trabajo en América Latina, WOLA ha constatado que militarizar las tareas policiales y civiles pone en riesgo los derechos humanos de la población. Concentrar cada vez más papeles internos en las fuerzas armadas y borrar la línea entre la seguridad pública y la seguridad nacional son señales de advertencia de una relación civil-militar desequilibrada.
“El Estado mexicano debe dejar de profundizar este fallido modelo de seguridad antes de que sea muy tarde”, dijo Stephanie Brewer, directora para México de WOLA. “México necesita consolidar instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables a todos los niveles, no apostar por un despliegue militar permanente.”
