Carta al Presidente Biden y Vicepresidente Harris para redoblar esfuerzos en una estrategia que ataque las causas básicas de la crisis en América Central

El 14 de abril, 2023

Presidente Joe Biden y Vice Presidenta Kamala Harris
La Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500

Estimados Presidente Biden y Vicepresidente Harris,

Valoramos el compromiso de la Administración Biden de abordar las causas profundas de la migración desde América Central.

Como organizaciones que trabajan con la sociedad civil y socios religiosos en América Central, sabemos que la diplomacia firme de principios para luchar contra la corrupción, promover el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y el Estado de Derecho, y apoyar la gobernanza inclusiva deben el eje central del enfoque de Estados Unidos hacia la región. Incentivamos, e urgimos a su administración a intensificar, los esfuerzos para abordar los omnipresentes problemas de gobernanza de la región a través de las declaraciones públicas, la diplomacia, la cooperación para proteger el espacio cívico y el uso de las sanciones financieras y de las visas contra los individuos corruptos, sean políticos o funcionarios oficiales o miembros del sector privado.

Al mismo tiempo, nos preocupa la forma en que el aumento de interés de la administración por atraer la inversión privada a los países del norte de Centroamérica a través de la iniciativa Centroamérica Adelante, la Alianza para Centroamérica (PCA), el Llamado a la Acción y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) encajará y apoyará los objetivos de combatir la corrupción, mejorar la gobernanza y el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales, y estimular el tipo de desarrollo equitativo y ambientalmente sostenible que puede abordar las causas profundas de la migración. Para ello, estas iniciativas requerirán
una mayor transparencia, los indicadores claros sobre cómo estas inversiones abordan las causas profundas, el derecho a la reparación de los efectos adversos y los mecanismos de consulta con las organizaciones de la sociedad civil centroamericana y estadounidense. La administración también debe poner fin y evitar cualquier diplomacia sobre la «mejora del clima de inversión» que no tenga en cuenta estas implicaciones sociales más amplias.

Estamos sumamente preocupados por las tendencias que observamos en Centroamérica hacia la toma de control de las instituciones gubernamentales, judiciales y del sector privado por parte de los actores corruptos; el cierre del espacio cívico; el desmantelamiento de la independencia judicial; y el avance hacia el autoritarismo. Cuando las élites empresariales corruptas involucran a las fuerzas de seguridad públicas y privadas en defensa de sus intereses, el resultado puede ser especialmente dañino. Estas tendencias provocan y se manifiestan en los numerosos ataques contra los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, las
activistas de la tierra y el medio ambiente, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los líderes no gubernamentales, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ+, los ciudadanos que expresan su oposición a los gobiernos, las periodistas y el personal judicial, que incluyen las amenazas, los ataques físicos, el acoso legal, el exilio forzado y los asesinatos.

En este contexto, cualquier estrategia de inversión o cooperación debe centrarse en un enfoque diplomático global para promover el Estado de derecho, garantizar la protección de los derechos humanos y fortalecer la gobernanza transparente y responsable. Nos apreciamos la probabilidad de que algunas de las inversiones atraídas por el Llamamiento a la Acción, el PCA, el DFC y Centroamérica Adelante serán beneficiosas, incluidas aquellas que hacen hincapié en la equidad de género, la inclusión digital y financiera y el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, incluso las inversiones más beneficiosas en el contexto del norte de Centroamérica–incluyendo los proyectos de energía limpia como los biocombustibles, la energía hidroeléctrica y los campos de paneles solares—han causado en ocasiones el desplazamiento forzado de comunidades, el robo violento de las tierras de las personas indígenas, afrodescendientes y campesinos, las acusaciones legales espurias y el
encarcelamiento de líderes comunitarios, y el exilio forzoso y asesinato de los defensores de los derechos humanos y las periodistas.

Por lo tanto, tenemos serias dudas sobre cómo encajan estas inversiones en la estrategia diplomática general de abordar las causas profundas de la migración forzada, así como recomendaciones sobre la selección, el seguimiento y el examen de las inversiones para garantizar que tengan un impacto beneficioso, asegurando la aportación de las organizaciones de la sociedad civil y demostrando transparencia. Nuestras preguntas incluyen:

1. Cómo garantizan el PCA, el Llamamiento a la Acción, el DFC y Centroamérica Adelante que las inversiones asociadas a estas iniciativas:

• eviten beneficiar a personas o empresas vinculadas a la corrupción o a violaciones de los derechos humanos;
• respeten a los derechos laborales reconocidos internacionalmente;
• garanticen el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras que puedan verse afectadas por los proyectos de desarrollo propuestos;
• respeten a los derechos de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente a reunirse y protestar, garantizando una política de tolerancia cero frente a las represalias contra ellos;
• respeten el derecho de un medio ambiente limpio y saludable para las comunidades próximas y garantizar el derecho a un recurso efectivo; y
• promuevan el trabajo digno y un desarrollo equilibrado y equitativo.

2. ¿Cómo cuantifica la Administración el éxito del Llamamiento a la Acción, el PCA y el Programa Centroamérica Adelante, más allá del valor total en dólares de la inversión? Por ejemplo, ¿cómo monitorea la Administración la creación de nuevos puestos de trabajo? ¿Cuál es el salario medio de estos puestos de trabajo? ¿Cuáles son las pruebas y métricas probadas que utiliza la administración para evaluar si las inversiones de la Llamada a la Acción/PCA/Centroamérica Adelante tienen una relación causal a la hora de abordar las causas profundas de la migración en América Central?

Instamos a su administración a:

• establecer mecanismos claros para que las organizaciones de la sociedad civil centroamericana y estadounidense puedan realizar aportaciones a las estrategias utilizadas por el Llamamiento a la Acción, la PCA y el recién creado Equipo de Facilitación
  de Inversiones en los países del norte de Centroamérica del Gobierno de EE.UU., incluidos los criterios y mecanismos para la investigación de antecedentes y el cumplimiento;
• Garantizar la transparencia de estas iniciativas, entre otras cosas: 1) explicando cómo la administración investigará (“vet”) a las empresas y publicando los criterios utilizados; 2) revelando cómo y con qué información el Llamado a la Acción y la PCA supervisarán el cumplimiento del compromiso de «Buena Gobernanza» a lo largo del tiempo; 3) publicando los nombres de las empresas que participan en el Llamado a la Acción, la
  PCA, el DFC y Centroamérica Adelante; 4) explicando si las empresas que participan en estas iniciativas obtienen exenciones fiscales, negocios preferenciales u otros beneficios en EE.UU. o en Centroamérica como resultado de su participación; y
• garantizar que existen medidas para abordar el impacto de las inversiones en las comunidades y en los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, incluyendo: mecanismos para exigir a las empresas que consulten con las comunidades
  indígenas, afrodescendientes y otras comunidades que puedan verse afectadas; políticas de no represalia para garantizar que las empresas no perjudicarán a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente; y derechos de reparación por los impactos negativos de los proyectos.

Pedimos a su administración que adopte un enfoque equitativo que incorpore las amplias preocupaciones laborales, medioambientales y sociales en su diplomacia en materia de inversiones. En el caso concreto de las zonas de inversión llamadas las ZEDEs en Honduras, pedimos a la administración que se ponga del lado del gobierno hondureño en la demanda de 11.000 millones de dólares presentada contra el gobierno. La legislatura y la rama ejecutiva hondureñas tomaron las medidas apropiadas al derogar por unanimidad una ley a la que se oponían ampliamente los ciudadanos hondureños. La ley habría permitido que las zonas controladas por los inversores establecieran sus propios sistemas judiciales, policía y leyes, creando la posibilidad de explotación, daños a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como la expansión de la corrupción y el crimen organizado.

Por último, estamos extremadamente preocupados por el impacto de la norma de asilo propuesta sobre aquellos que huyen del peligro y la persecución desde América Central, que hará más difícil solicitar asilo en la frontera, y obligará a muchos a esperar con sus
vidas en peligro. Tomamos nota de que Honduras, Guatemala y El Salvador no están en la lista de países elegibles para un mayor acceso a la libertad condicional humanitaria (“humanitarian parole”). Instamos a su administración a que no dé marcha atrás, sino
que respete el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México.

Gracias por considerar estas preguntas y preocupaciones.

Atentamente,

Alianza Americas 
American Friends Service Committee (AFSC) 
American Jewish World Service 
Center for Gender & Refugee Studies 
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) 
Dorothy Day Catholic Worker, Washington DC 
Franciscan Action Network 
Franciscan Network for Migrants—US 
Global Exchange 
Guatemala Human Rights Commission/USA 
Hope Border Institute 
Justice in Motion 
Latin America/Caribbean Committee of the Loretto Community 
Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF) 
Maryknoll Office for Global Concerns 
Mennonite Central Committee U.S 
Missionary Oblates 
Oxfam America 
Pax Christi USA 
Presbyterian Church (USA) Office of Public Witness 
Public Citizen 
Quixote Center 
Samuel DeWitt Proctor Conference, Inc. 
Seattle International Foundation 
Sister Parish, Inc. 
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team 
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) 
United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries 
Washington Office on Latin America (WOLA) 
Witness at the Border 
Witness for Peace Solidarity Collective