Michel Porro/Getty Images
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Sr. Karim A. A. Khan KC
Oficina del Fiscal
Corte Penal Internacional
Oude Waalsdorperweg 10
La Haya, Países Bajos
Honorable Fiscal:
Nosotros, los abajo firmantes, representamos una coalición diversa de organizaciones internacionales y regionales dedicadas a fomentar la consolidación del Estado de derecho en Guatemala. Un elemento central de nuestra misión colectiva es la supervisión diligente y la documentación meticulosa de las amenazas y violaciones de las normas jurídicas internacionales. Nuestro alcance abarca una amplia gama de preocupaciones, incluida la efectividad general del sistema de justicia, la preservación de la independencia judicial y acusatoria, el avance de los esfuerzos contra la corrupción, la protección de la libertad de prensa y la promoción de un espacio cívico vibrante, entre otras áreas cruciales.
Entendemos que la Corte Penal Internacional (CPI), en particular la Fiscalía, requiere una cooperación plena por parte de los Estados Parte del Estatuto de Roma para funcionar de manera efectiva. En ese sentido, asegurar acuerdos de cooperación con las autoridades nacionales no solo es importante, sino también vital para las funciones del tribunal. Comprendemos que su misión en Guatemala se llevó a cabo con ese propósito. No obstante, observamos con seria preocupación sus comentarios y tweets sobre su visita a Guatemala el 13 de mayo de 2023, en relación con el compromiso de Guatemala con los derechos humanos y el Estado de derecho, en momentos en que hay graves ataques en curso contra jueces y fiscales actuales y anteriores encargados de investigar violaciones graves de los derechos humanos y corrupción a gran escala, lo que ha resultado en que más de 28 de ellos se hayan visto obligados a abandonar el país como resultado de esta persecución. Además, sus comentarios se realizaron en un evento donde se notó una notable falta de participación de la sociedad civil.
En este sentido, tomamos la oportunidad de esta visita para llamar su atención inmediata sobre la situación grave y crítica que se desarrolla en Guatemala. En su núcleo se encuentra la alarmante criminalización de jueces y fiscales y la toma de control de las instituciones judiciales por actores involucrados en prácticas corruptas y violaciones de los derechos humanos. Lamentablemente, en los últimos años, los cimientos del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos se han deteriorado gravemente.
Guatemala ha luchado durante mucho tiempo contra la corrupción y la falta de independencia judicial. Sin embargo, en los últimos años, la situación se ha deteriorado significativamente.[1] Miembros del gobierno y el Congreso, la Fiscal General y actores privados han lanzado y continúan ejecutando una campaña sistemática para socavar la independencia judicial y silenciar a quienes buscan defender la justicia. Esta campaña incluye acusaciones infundadas, amenazas y cargos fabricados contra jueces y fiscales que se han atrevido a contribuir a la lucha contra la impunidad, constituida con el apoyo de las Naciones Unidas.
Como parte de estas instituciones, los individuos atacados expusieron, investigaron y judicializaron a poderosos actores políticos, empresarios y miembros del poder judicial por corrupción y a antiguos miembros de las fuerzas militares y policiales por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.[2] Por ejemplo y de acuerdo con el Capítulo IV.B del Informe Anual de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Erika Aifán[3] se vio obligada a exiliarse después de más de 100 denuncias falsas y procedimientos judiciales penales sin fundamento iniciados en su contra por su trabajo en casos de corrupción a gran escala que involucraban a miembros del gobierno, el sector privado y el poder judicial.[4] Esta situación fue cubierta en detalle por medios de comunicación confiables como The New Yorker[5], The New York Review of Books, The Washington Post[6] y El País de España[7]. La jueza Aifán ha recibido varios reconocimientos internacionales por su dedicación a los temas de independencia judicial y lucha contra la impunidad, incluyendo el premio Women of Courage del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2021[8]. Adicionalmente, los jueces Miguel Ángel Gálvez[9], Pablo Xitumul[10] y Yassmin Barrios[11] han sido perseguidos por su labor como jueces que juzgan casos que involucran a antiguos militares y policías por violaciones de derechos humanos y otros delitos internacionales graves tales como abuso sexual sistemático y genocidio. Para proteger su seguridad e integridad, cada uno de estos jueces se benefician de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El juez Gálvez, por ejemplo, se vio obligado a exiliarse a raíz de un proceso penal infundado en su contra por su decisión de enviar a nueve ex militares a juicio en el caso Diario Militar.[12]
Estos ataques contra funcionarios judiciales violan los principios de equidad e imparcialidad y socavan los cimientos mismos de la democracia guatemalteca. La independencia del poder judicial es una piedra angular de cualquier sociedad democrática, que garantiza la igualdad de protección ante la ley y defiende los derechos humanos. Las recientes acciones del gobierno amenazan con desmantelar este pilar esencial, causando daños irreparables al sistema legal de Guatemala y a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.[13]
La persecución, el hostigamiento y la criminalización de jueces y fiscales han sido condenadas varias veces por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados[14], el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[15] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este último incluyó a Guatemala en 2021 y 2022 en el Capítulo IV.B de su Informe Anual de Derechos Humanos como un Estado que requiere atención especial por su situación de derechos humanos, afirmando su preocupación por la creciente criminalización y estigmatización de jueces y fiscales debido al uso indebido del derecho penal por parte de la Fiscalía General de la Nación.[16] Además, gobiernos extranjeros como la Unión Europea y los Estados Unidos han expresado repetidamente su preocupación por las implicaciones de estos graves actos sobre la democracia y el Estado de derecho. El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a la Fiscal General Consuelo Porras, al actual Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI) José Rafael Curruchiche Cucul, entre otros, en la lista de actores antidemocráticos y corruptos bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos debido a actos de interferencia en la investigación de prácticas corruptas.[17] Otros actores, como Ricardo Méndez y Raúl Falla miembros de la organización Fundación contra el Terrorismo que obstruyen procesos judiciales contra antiguos militares de también fueron incluidos en la lista del Departamento de Estado.[18] Posteriormente, Porras fue excluida de la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos de conformidad con la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado.[19] El comunicado de prensa sobre el asunto declaró que:
“Estados Unidos está designando a la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres (“Porras”) debido a su participación en corrupción significativa. Durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener un favor político indebido. El patrón de obstrucción de Porras incluye, según informes, ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos basados en consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción.”
Esta situación también ha sido ampliamente documentada en diferentes informes emitidos por organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil.[20] Un informe reciente del Centro Vance contiene información detallada sobre los patrones que caracterizan esta persecución, incluidas las tácticas y estrategias utilizadas para hostigar a jueces, fiscales y abogados hasta el punto del exilio o el encarcelamiento arbitrario inminente.[21] Más de 28 funcionarios judiciales están ahora en el exilio, mientras la fiscal anticorrupción Virginia Laparra[22] fue condenada a cuatro años de prisión a finales de 2022 con base en acusaciones infundadas de abuso de poder, luego de un proceso penal minado con irregularidades y graves violaciones de las reglas del debido proceso. Por lo menos una docena de fiscales, jueces y abogados enfrentan detención preventiva o investigaciones en circunstancias similares. Organizaciones como WOLA[23] y Human Rights Watch[24] han reportado evidencia detallada de este asunto apremiante. Un grupo de organizaciones internacionales ha enviado contribuciones a la Evaluación Periódica Universal explicando la situación al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido un informe dedicado a los ataques y amenazas contra fiscales por parte de los mismos actores y cómo esto pone en peligro la independencia y funcionalidad del Ministerio Público.[25] Como fiscal y abogado defensor en derecho penal con muchos años de experiencia, usted seguramente comprende la gravedad de estos actos.
Además, estas mismas fuentes dan cuenta de la interferencia del gobierno y otros actores en el nombramiento de jueces y fiscales, lo que lleva a un poder judicial comprometido que carece de autonomía para administrar justicia de manera justa.[26] La captura del poder judicial por parte del gobierno y los actores privados socava la confianza pública, erosiona la separación de poderes y abre la puerta a nuevos abusos de poder.[27] El Observatorio Permanente de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), asociación judicial que trabaja en materia de independencia judicial en la región, actualiza periódicamente una evaluación sobre el Estado de la independencia judicial en Guatemala.[28] La falta de diversidad en el poder judicial guatemalteco también ha sido examinada y criticada.[29]
Adicionalmente, junto a la persecución de los operadores de justicia que combaten la corrupción y la impunidad, organizaciones internacionales han denunciado una escalada preocupante de criminalización, denuncias penales y persecución judicial injustificadas contra periodistas que investigan asuntos de interés público. Los periodistas que investigan la corrupción, las violaciones de derechos humanos o las prácticas ilegales del sector privado han sido objeto de campañas de desprestigio en las redes sociales, vigilancia por parte del Estado, hostigamiento policial y criminalización, todo esto con la aquiescencia de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras muestra cómo en Guatemala se han producido un aumento de los ataques contra periodistas críticos con las autoridades y se ha producido un efecto amordazador en los medios de comunicación. En 2021, la libertad de prensa de Guatemala ocupó el puesto 61 de 180 países; en 2022, ocupó el puesto 124; y en 2023, el 127.
El presidente del medio elPeriódico José Rubén Zamora ha sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público. Fue arrestado por presuntamente cometer delitos relacionados con el lavado de dinero. Múltiples organizaciones de la sociedad civil exigieron la liberación inmediata del Sr. Zamora. Consideraron su detención como un acto de persecución judicial y censura contra periodistas críticos y medios de comunicación que investigan la corrupción en Guatemala. En agosto de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial solicitaron una visita de trabajo al Estado para verificar la situación de Zamora[30], estos organismos no fueron tan afortunados como su oficina, ya que no han recibido respuesta. Esto el 15 de mayo de 2023, mientras su director permanece detenido, el periódico fue obligado a cerrar y cesar sus operaciones. Los abogados que representan a los periodistas también están siendo acosados.[31]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el capítulo IV de su Reporte Anual de Derechos Humanos de 2022 indicó tener información disponible respecto de numerosas quejas en contra de periodistas. Por ejemplo, hay una en contra de un exministro de Comunicación contra el periodista Juan Luis Font, director del espacio informativo Con Criterio. El Reporte Anual confirmó que decidió abandonar el país y denunció hostigamientos y represalias vinculadas al trabajo que lo desalentaron de continuar ejerciendo el periodismo desde Guatemala. Asimismo, una corte habría ordenado una investigación contra periodistas de la Agencia Ocote así como acciones penales contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid por parte de funcionarios del gobierno y ex funcionarios, presuntamente después de que publicaran investigaciones periodísticas que los involucraron. El periodista Robinson Ortega de Relax Noticias fue vinculado a un proceso de la Cámara Mixta de Apelaciones de Escuintla. El 16 de junio de 2022, el reportero fue detenido mientras cubría una protesta en Las Palmas Siquinalá, Escuintla, donde habría grabado presuntos abusos de parte de las autoridades. Los periodistas Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, han denunciado públicamente procesos judiciales en su contra y operativos policiales en sus residencias luego de cubrir una serie de protestas de la población Maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, y sobre el uso de la fuerza pública para dispersarla, en octubre de 2021. El 17 de diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la participación en la vida cultural de cuatro personas indígenas que operaban radios comunitarias. Hay acciones de hostigamiento institucional contra periodistas y medios de comunicación que están generando un ambiente de autocensura en la prensa, especialmente entre quienes investigan asuntos de relevancia pública, como la corrupción y la criminalización contra operadores de justicia.[32]
Guatemala es el segundo país con peor desempeño en la Evaluación Anticorrupción de América Latina del Centro Vance. Guatemala ha experimentado una regresión en la independencia y capacidad de sus autoridades para investigar y enjuiciar casos de corrupción. Esta regresión resulta de actos de represión que sirven como desincentivos para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción. Guatemala carece de políticas anticorrupción que aborden aspectos clave como la identificación y gestión de conflictos de interés, la definición de obligaciones y limitaciones posteriores al empleo público y la implementación de programas de capacitación para funcionarios públicos sobre medidas anticorrupción. Además, los documentos sobre activos y patrimonio de funcionarios públicos se mantienen privados en el país. Sólo hay una norma genérica que prohíbe a los funcionarios públicos solicitar o recibir obsequios directa o indirectamente. Adicionalmente, el cierre de la CICIG en 2019 también ha sido un gran revés para la lucha contra la corrupción en el país. La CICIG era un organismo anticorrupción respaldado por la ONU que había sido fundamental en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción. Su eliminación ha creado un vacío significativo en las capacidades de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción, lo que representa un gran revés para los esfuerzos anticorrupción en Guatemala.[33]
Es importante mencionar que desde 2020, la administración del señor Giammattei ha desmantelado el marco institucional que se estableció de conformidad con los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado interno. La Secretaría de Paz y la Secretaría de Asuntos Agrarios fueron abolidas, y tanto la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Ejecutiva de Derechos Humanos (COPREDEH) como el Programa Nacional de Compensación fueron desmantelados. Este último se encargó de dignificar a las víctimas a través de acciones de apoyo a exhumaciones y entierros, medidas de verdad y memoria, reparación cultural, reparación e indemnización psicosocial, restitución de viviendas, tierras, seguridad jurídica, inversión productiva e indemnización económica.
Por último, cabe señalar que la regulación guatemalteca para el establecimiento y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha sido ampliamente criticada por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y sus severas restricciones a la supervisión por parte de las organizaciones de la sociedad civil. El PIDCP, del cual Guatemala es parte, garantiza los derechos a la libertad de asociación y expresión. Sin embargo, el marco regulatorio de Guatemala impone procesos de registro onerosos, obstáculos burocráticos y requisitos de presentación de informes intrusivos a las ONG, lo que dificulta efectivamente su capacidad para operar libre e independientemente. Estas restricciones socavan el derecho fundamental de asociación e impiden el papel vital de las ONG en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y los principios democráticos. Al imponer regulaciones tan estrictas, el gobierno de Guatemala ha creado un clima de miedo e intimidación, sofocando la disidencia y restringiendo los controles y equilibrios necesarios proporcionados por las organizaciones de la sociedad civil.[34]
Su rápida acción servirá como un faro de esperanza para el pueblo de Guatemala y reforzará la importancia de un poder judicial independiente en la defensa de la justicia en todo el mundo. Recomendamos las siguientes acciones:
A. Reunión con organizaciones de la sociedad civil. Le permitiría, como Fiscal de la CPI, la oportunidad de aprender sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y otros actores en Guatemala.
B. Aclare públicamente, a través de su Oficina, el alcance y el significado de sus declaraciones durante su visita a Guatemala, para evitar el mal uso de dichas declaraciones por parte del gobierno guatemalteco. Esto no solo sería una medida de seguridad para aquellos afectados por las acciones del gobierno, sino que también reafirmaría que el fiscal de la CPI está comprometido con la precisión y la verdad.
C. Emitir una declaración expresando su apoyo a los procesos penales domésticos relacionados con genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala.
Gracias por su atención a este tema crítico. Estamos dispuestos y abiertos a proporcionar cualquier información adicional o asistencia que pueda ser necesaria.
Organizaciones Firmantes:
El Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional
Robert F. Kennedy Derechos Humanos
Protection International Mesoamerica
American Jewish World Service (AJWS)
ARTICLE 19 Mexico and Central America
The Washington Office on Latin America (WOLA)
Impunity Watch
Fundación para el Debido Proceso DPLF
