(AP Photo/Moises Castillo)
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Las arraigadas dinámicas de violencia y corrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica continúan representando uno de los mayores retos para asegurar una implementación de políticas eficaces enfocadas en los derechos humanos, el Estado de derecho, y la seguridad ciudadana, que permitan un abordaje digno e integral de las causas estructurales que continúan promoviendo una migración sin precedentes de personas que huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Con la última entrega de este extenso proyecto de investigación y análisis, WOLA y nuestras contrapartes en la región presentamos información adicional sobre avances y tendencias en áreas relacionadas al Estado de derecho y la seguridad en los países del Triángulo Norte. Destacan algunos desarrollos preocupantes como los retrocesos en la independencia judicial, el alto nivel de ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la persistencia de la desigualdad de género en los sistemas judiciales de estos países. Al evaluar, a través de datos, el impacto de las políticas y estrategias, el Monitor busca brindar herramientas para identificar algunas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos países a través del fortalecimiento de las instituciones y la lucha por la justicia.
Sobre el Monitor CentroamericanoUtilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando información crítica para informar políticas e inversiones estratégicas en El Salvador, Honduras y Guatemala, el Monitor Centroamericano (CAM, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en cada una de estas áreas. Aprenda más sobre los indicadores y porqué los escogimos acá. Para sistematizar y procesar una base de indicadores de las instituciones en estos países de Centroamérica en aquel momento, recopilamos datos de los años 2014 a 2017, los cuales arrojaron luz sobre los retos de la región en términos de enfrentar la inseguridad y fortalecer las instituciones de justicia y el Estado de Derecho. El Monitor actualizará esta base de datos cada año y actualmente, muchos de los datos están disponibles hasta 2019. El Monitor es una iniciativa regional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). |
A medida que la región continúa enfrentando altos niveles de violencia e inseguridad, en un contexto de corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental encontrar formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en el Triángulo Norte están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad.
La imposibilidad de acceder a servicios públicos de calidad como salud, educación y seguridad, obliga anualmente a millones de centroamericanos a migrar al norte, donde enfrentan los riesgos mortales que implica su viaje hacia Estados Unidos o México, en una mezcla tóxica de grupos criminales y políticas migratorias militarizadas.
Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más profunda de las condiciones que van cambiando en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes recopilados sistemáticamente. Esta evaluación también permite una aproximación al nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos en la lucha contra la corrupción, para identificar retos y priorizar las necesidades de trabajo en esta área.
A continuación, presentamos algunos de los principales hallazgos del proyecto. Un abordaje eficiente y centrado en políticas justas y respetuosas de los derechos humanos podrían suponer avances en los indicadores presentados, y, en consecuencia, una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la región:
El Monitor cuenta con una serie de indicadores diseñados para medir los avances hechos por los tres gobiernos en combatir la corrupción, incluyendo la presencia de unidades fiscales especializadas y su financiación. La salida de comisiones anticorrupción en los países del Triángulo Norte por las presiones de grupos de interés económicos, políticos y criminales durante los últimos años han puesto de relieve una vez más el impacto severo de la corrupción generalizada en la región —que el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden reconoce como una de las “causas estructurales” de la migración, por sus terribles efectos sobre la institucionalidad, el Estado de derecho y las condiciones de vida de los habitantes—.
A pesar de que los presupuestos de los Ministerios Públicos e instituciones del Poder Judicial aumentaron en los tres países, las capacidades de estas instituciones continúan siendo muy limitadas. (En el caso de los Ministerio Públicos, los presupuestos aumentaron 97 por ciento en Honduras entre 2014 y 2019; 137 por ciento en Guatemala entre 2014 y 2019, y 55 por ciento en El Salvador entre 2014 y 2017). Por ejemplo, la tasa de fiscales, médicos forenses, jueces, y servidores públicos en los tres países es mucho menor a la media mundial, lo cual normalmente resulta en cargas de trabajo que rebasan las capacidades de los distintos operadores de seguridad y justicia. Los funcionarios de estas instituciones enfrentan altos niveles de carga laboral lo cual frecuentemente resulta en procesos lentos y atención de baja calidad para los acusados que no tienen la posibilidad de costear un abogado. Por ejemplo, hubo un promedio de 160 casos por defensor público en Guatemala y El Salvador entre 2014 y 2017. En general, Guatemala registra el número más bajo de defensores públicos en el Triángulo Norte con un promedio anual de 162 defensores públicos, a pesar de contar con la población más grande de 16 millones de habitantes. En comparación, Honduras tuvo 269 defensores públicos por una población de casi 10 millones y hay 259 defensores públicos en El Salvador, país con una población de 6,5 millones de residentes.
La priorización del gasto en seguridad por encima del fortalecimiento de las capacidades institucionales, parece ser la regla en la región, a pesar del incalculable sufrimiento humano que han causado las políticas militaristas en parte promovidas por Estados Unidos. Entre 2014 y 2017, los tres países dedicaron más del 3 por ciento del presupuesto nacional general a sus Ministerios de Defensa y entre 2 y 5 por ciento a sus Fuerzas Policiales. Entre 2014 y 2019, en Guatemala, las Fuerzas Armadas recibieron 32 por ciento más del presupuesto que el Ministerio Público y en Honduras, las Fuerzas Armadas recibieron 328 por ciento más de presupuesto que el Ministerio Público durante este mismo periodo.
En El Salvador, la relación entre el presupuesto que se destina a la Policía Nacional Civil como dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es bastante alta, y durante 2014-2017 representó más del 60 por ciento del presupuesto de dicho Ministerio. Al mismo tiempo, el presupuesto de las Fuerzas Armadas muestra un incremento importante en 2017 y su participación en la seguridad pública ha sido casi ininterrumpida. La cultura punitiva prevalente es uno de los factores que podría explicar por qué aunque El Salvador es el país menos poblado del Triángulo Norte registra la mayor cantidad de casos ingresados en materia penal, con una latente incapacidad de resolución de conflictos por vías alternativas y distintas a la judicialización penal.
A pesar de reformas recientes en las fuerzas de seguridad en Honduras y Guatemala, las persistentes políticas de mano dura en estos países así como en El Salvador, no han generado mejoras significativas en la seguridad ciudadana. Por el contrario, las políticas punitivas y militaristas continúan representando un factor que alimenta la migración de decenas de miles de personas anualmente.
Este contexto hostil, fuertemente orientado en la seguridad, es una de las razones por las que comisiones anticorrupción fueron establecidas en estos tres países, y también explica muchos de los obstáculos que tuvieron que enfrentar en su valiente intento por procesar emblemáticos casos de violaciones de derechos humanos, corrupción en obras públicas, financiamiento electoral ilícito, y crimen organizado, entre otros delitos que implican a funcionarios de alto nivel y miembros de la élite militar, económica y política.
La población centroamericana no ha sido ajena a estas dinámicas, y en los tres países hubo una fuerte caída en la confianza pública en las fuerzas armadas entre 2014 y 2017, con reducciones de entre el 5 y el 9 por ciento. Mientras tanto, en todos los países aumentó entre 4 y 6 por ciento la confianza en la rama judicial.
Con el anuncio en junio de 2021 de la fiscalía de El Salvador de que acabaría el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES) poco menos de un año después del comienzo de su mandato, el país se convirtió en el último de los países del Triángulo Norte en expulsar a sus respectivas comisiones internacionales que buscaban adelantar la lucha contra la corrupción, avanzar en el fortalecimiento de la justicia y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar plenamente el Estado de derecho.
La salida de CICIES permitió al gobierno de Bukele, con la ayuda de la Fiscalía General y la Asamblea Legislativa (ambos cooptados por el ejecutivo), desatar una arremetida de capturas contra varios exfuncionarios de la oposición y críticos de su gobierno. Esto encendió las alarmas por la politización de la lucha contra la corrupción por parte de un gobierno cada vez más autoritario. Más recientemente, Bukele también aseguró una cuestionada reforma a la Constitución que le permitiría ser reelegido. Esto ocurrió una semana después de que legisladores de su partido lograron cooptar el sistema judicial del país a través de reformas inconstitucionales que efectivamente purgaron el sistema judicial.
En Guatemala, durante más de una década la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) trabajó con el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar casos de alto nivel de corrupción, violaciones de derechos humanos y crimen organizado, así como para ayudar a fortalecer el sistema de justicia y las instituciones del país, hasta que el gobierno decidió no renovar su mandato en septiembre de 2019.
La salida de Juan Francisco Sandoval de la dirección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que trabajaba a la mano con la CICIG en su momento, su exilio obligado a Estados Unidos, y su posterior reemplazo por un fiscal que ha sido señalado de favorecer algunos intereses investigados por la CICIG, es apenas el más reciente capítulo en una saga de ataques que continúan por parte de un gobierno cooptado por intereses político-criminales contra los funcionarios y miembros de la sociedad civil que han continuado con la labor de la CICIG.
Con la salida de Sandoval, ya son seis los fiscales y jueces de alto nivel que han sido forzados al exilio. Los ataques recientes contra operadores de justicia independientes que vulneran su labor y seguridad —como ha sido el caso con los jueces Erika Aifan y Pablo Xitumul, y el procurador de derechos humanos Jordan Rodas, entre otros— muestran que las acciones en su contra son parte de una estrategia más amplia que busca acabar con los funcionarios de justicia que amenazan los intereses de las redes corruptas de Guatemala.
Por su parte, la Misión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) enfrentó una serie de obstáculos desde la Presidencia y el Congreso que disminuyeron el alcance de su mandato desde el momento en que fue implementada en 2016. Así como en Guatemala, como parte del acuerdo que estableció la MACCIH, se fortaleció la capacidad investigativa del Ministerio Público (MP) con la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Sin embargo, la mayoría de los casos importantes de corrupción que investigaron no resultaron en condenas. Entre 2014 y 2019, del total de las 13.355 denuncias recibidas referentes a los principales delitos de corrupción, apenas 4,8 por ciento fueron presentadas posteriormente ante un juez como requerimientos fiscales.
Otra de las instancias de supervisión y control en Honduras es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización independiente de la sociedad civil creada por decreto legislativo en 2005, en cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Corrupción para prevenir y combatir este flagelo. El CNA no puede iniciar un proceso penal, pero sí compartir hallazgos de investigación con el Ministerio Público y acompañar los juicios. Del total de los 120 casos presentados por el CNA desde su creación, apenas 17 han sido judicializados y 103 permanecen impunes. Las líneas de investigación presentadas por el CNA sumaron USD $190 millones desviados de fondos públicos de Honduras.
Además de las crecientes cifras de homicidios y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, el medio ambiente y líderes de organizaciones civiles en el Triángulo Norte, la estigmatización de estas personas por parte de las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales que deberían protegerlas, amedrentadas por legislaciones que buscan amordazarlas, ha resultado en que las condiciones de seguridad para estas personas sean algunas de las más mortíferas del mundo.
Generan preocupación leyes o reformas aprobadas en los países de la región del Triángulo Norte que buscan disminuir el alcance del trabajo de la sociedad civil y desincentivar la formación de nuevas alianzas ciudadanas. Muchas de estas alianzas, que aglomeran defensores de derechos humanos y líderes indígenas que promueven la lucha anticorrupción en la región, ya estaban operando en un clima de inseguridad y ahora se encuentran criminalizadas. Además, algunas leyes aprobadas en los últimos años en estos países favorecen la impunidad para casos de corrupción y/o delitos de lesa humanidad para miembros de la élite militar, empresarial y política. Estas leyes representan una violación directa a los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener verdad y justicia.
En Guatemala, por ejemplo, a pesar de que cuenta con la institucionalidad para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, persiste un alto nivel de impunidad en los procesos penales por violaciones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entre 2014 y 2019, la organización de la sociedad civil Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), registró un total de 2.903 agresiones en contra de personas defensoras, incluyendo 633 casos de intimidación y 185 amenazas (en persona, escritas y telefónicas). Además, entre 2014 y 2019, la organización registró un total de 164 asesinatos de personas defensoras. La mayoría de los homicidios habrían sido producto de una violencia continua en contra de la persona defensora y que no han sido abordados adecuadamente por las instituciones estatales.
En Guatemala, como parte de los mecanismos para desmotivar y deslegitimar la defensa de los derechos humanos, además de la criminalización, se emprenden campañas de persecución, hostigamiento, amenazas y discurso de odio en contra de personas defensoras de derechos humanos a través de las redes sociales. Entre 2014-2018, UDEFEGUA registró 573 casos de criminalización contra personas defensoras, incluyendo 102 detenciones ilegales, 111 detenciones arbitrarias y 277 casos de difamación. También es alarmante que entre enero y el 15 de diciembre del año 2020, se documentaron 1.004 casos de agresiones a personas defensoras, superando el año 2014 que era considerado el más violento para la defensa de derechos humanos en el país. Más aún, las cifras a mediados de este año sugieren que el número de agresiones contra defensores de derechos humanos para 2021 sería el más alto desde la firma de los acuerdos de paz de Guatemala de 1996.
El acoso y la estigmatización de parte de las fuerzas de seguridad y otras instituciones del Estado representan un desafío estructural para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte. Esta situación afecta con mayor gravedad a los pueblos originarios, quienes con frecuencia deben enfrentar violencia, discriminación, criminalización por ejercer una labor de defensa de sus derechos frente a grupos económicos de explotación ambiental. Así mismo, los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI han sido víctimas de violencia por parte de agentes estatales, grupos criminales y la sociedad en general.
La falta total de registros e infraestructura para abordar estos delitos como sucede en el caso de Honduras, el paupérrimo presupuesto de instituciones como la Procuraduría General de la República de El Salvador y la inoperancia de muchas instituciones que tienen la capacidad de procesar y prevenir estos delitos en Guatemala, revelan el desinterés de los gobiernos de la región por generar cambios estructurales para aliviar la situación crítica que enfrentan estas personas y las comunidades que representan.
En El Salvador, el gobierno de Bukele poco parece pretender hacer para mejorar esta situación, y de hecho ha anunciado su intención de implementar reformas a la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro. Estas reformas amordazarían el actuar de las ONGs al buscar centralizar en el ejecutivo los dineros internacionales destinados a estas organizaciones que pretendan entrar al país; además, en mayo de 2021 anunciaron la creación de una unidad especial para investigar estos fondos.
En el caso de Guatemala, en junio de este año entró en vigor una serie de reformas a la ley que gobierna las actividades de las organizaciones no gubernamentales —conocida como la “Ley de ONG”— que otorga al gobierno la potestad de cancelar sus registros sin la necesidad de pasar por un tribunal o de que exista un mecanismo de defensa. Además, le da control al gobierno sobre los fondos provenientes de la cooperación internacional. Más de 200 organizaciones civiles se pronunciaron en contra de las medidas, que también fueron criticadas por organismos internacionales, por los temores de que estas se conviertan en un instrumento para atacar y penalizar a grupos y líderes específicos que no estén alineados con las metas y prioridades del gobierno de turno.
En Honduras, la aprobación del nuevo código penal en 2020 también generó el rechazo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus implicaciones frente a la libertad de expresión y de prensa, por la tipificación de calumnia e injuria como delitos, a discrecionalidad del juzgado. Mientras que las reformas se prestan para silenciar y acabar con el debate crítico, en particular en materia de corrupción y abuso de poder, el nuevo código de Honduras disminuye las penas para funcionarios y empresarios involucrados en delitos de corrupción y desfalcos públicos.
A pesar de los altos niveles de violencia y abusos contra personas defensoras de derechos humanos, en Honduras existe una carencia total de datos oficiales sobre los ataques y las amenazas en su contra, que la mayoría de veces representa los intereses de comunidades marginalizadas, incluyendo LGTBI+, indígenas, afrodescendientes y otros. Los datos recopilados por el Monitor con base a información de varias fuentes primarias y secundarias, registraron que entre 2014 y 2020, un total de 200 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras. Sumado a ello, 15 de las personas defensoras asesinadas contaban con medidas cautelares de la CIDH.
La existencia de una fiscalía especializada en Honduras para atender violaciones a los derechos humanos es un paso importante. No obstante, se encontró que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDDHH) tiene limitaciones de competencia de delitos y carece de protocolos especializados en derechos humanos como también de los recursos humanos y financieros necesarios. Para finales de 2019, por ejemplo, la fiscalía contaba con 18 agentes fiscales. Además, en 2018 empezó a operar una nueva fiscalía dedicada a la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, sin embargo, en 2019 apenas contaba con 5 agentes fiscales.
En este contexto, aunque la reciente condena contra el coautor del asesino de Berta Cáceres es un paso en la dirección correcta en la justicia del país, las instituciones de Honduras todavía deberán demostrar su independencia en muchos otros casos emblemáticos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado para demostrar que este caso de éxito no representa una excepción más que la regla.
Las instituciones del sistema de justicia de Centroamérica deben asumir mecanismos y medidas internas que permitan monitorear, identificar y evitar los casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos, basadas en acusaciones espurias y sin fundamento. En el contexto actual, la defensa de los derechos humanos conlleva para las personas defensoras un daño evidente hacia su seguridad, su dignidad, libertad, integridad y, desafortunadamente, también para su vida.
La dificultad para encontrar registros detallados sobre la participación de mujeres en instituciones clave, en particular en El Salvador, apunta al primer reto que deberán enfrentar estos países para avanzar de manera urgente en generar soluciones estructurales a la equidad de género. Esto tiene especial relevancia en las instituciones relacionadas con las fuerzas de seguridad, que en los tres países denegaron información a WOLA y nuestras contrapartes con respecto a su personal. La poca información disponible apunta a que sigue habiendo poca participación de las mujeres en la policía, la fiscalía y el sistema de justicia y parecen haber intentos deliberados para que no avancen en sus carreras.
La investigación del Monitor también revela que aunque la cobertura de las instituciones encargadas de abordar la violencia de género ha aumentado en los últimos años, las brechas parecen hacerse especialmente agudas entre las mujeres de la ciudad y del campo en muchos de estos países, donde los niveles de pobreza suelen ser más altos. En muchas ocasiones, esto además revictimiza a las mujeres indígenas que tienden a habitar esas zonas rurales. Mientras tanto, los riesgos de la migración —incluyendo violencia y explotación sexual y abusos letales— tienden a afectar con mayor gravedad a las mujeres.
Además, el porcentaje de mujeres en instituciones claves sigue muy bajo. Para 2019 las mujeres policías representaron apenas el 15 por ciento del cuerpo policial en Guatemala y 20 por ciento en Honduras. En 2017, las mujeres representaron el 15 por ciento de la Policía de El Salvador.
En El Salvador, los ya altos niveles de feminicidio según estándares internacionales, aumentaron desde 3,25 femicidios por 100.000 habitantes en 2014 a 5,83 en 2017. Entre 2014 y 2019, hubo una reducción en femicidios desde 6,24 por cada 100.000 habitantes a 4,38 en Honduras, y en Guatemala bajó de 4,12 al 3,28. En los tres países, la cantidad de denuncias por violaciones sexuales se redujo (un 10,9 por ciento en El Salvador entre 2014 y 2017 y en Guatemala y Honduras entre 2014 y 2019 un 20,9 por ciento y 24,6 por ciento, respectivamente). Es importante resaltar que este tipo de delitos suelen ser subregistrados e invisibilizados tanto por la sociedad como por el Estado. Además, será importante actualizar estos datos ya que hubo una alza alarmante de violencia contra mujeres como resultado de los encierros que ocurrieron en los primeros meses de la pandemia COVID-19 durante 2020.
Pese a los intentos de los países por implementar criterios de idoneidad, paridad de género y transparencia, los procesos de selección de magistrados para las altas cortes del sistema de justicia y el Ministerio Público se han caracterizado por la falta de transparencia y rendición de cuentas y han estado altamente politizados y vulnerables a influencias externas y manipulación. Esto frecuentemente ha resultado en la elección de oficiales poco idóneos que parecen estar más comprometidos con los grupos de interés que los posesionaron, que en el cumplimiento pleno de sus funciones y servir a la población.
No existe información para medir la participación de mujeres fiscales en materia penal para ninguno de los países. Aunque los juzgados y tribunales de femicidio existen en el 50 por ciento de los departamentos de El Salvador, muchos de ellos están conformados en su totalidad por hombres como jueces. En Honduras, para 2017 había una mayor participación de mujeres como fiscales (16 por ciento), jueces (53 por ciento) y defensoras públicas (68 por ciento). En contraste, en Guatemala a pesar de que actualmente la Fiscalía General es dirigida por una mujer, las mujeres representaron solamente 40,5 por ciento de las personas jueces y 47,2 por ciento de defensores públicas. Más aún, los esfuerzos de la fiscal actual de socavar la lucha contra la corrupción y la protección de derechos humanos demuestra que ella parece haber enfocado su trabajo en favorecer grupos de interés específicos detrás de su nombramiento y su posición no ha representado un avance verdadero para los derechos de las mujeres en el país.
A esta situación se añaden los bloqueos contra el posicionamiento de la magistrada anticorrupción Gloria Porras en la Corte Constitucional por parte de los mismos grupos de interés amparados por la fiscal actual, quienes también fueron parte de una cuestionada persecución contra las ex fiscales guatemaltecas Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, que trabajaron estrechamente con las CICIG, y finalmente se vieron obligadas a exiliarse fuera del país.
Para enfrentar los retos persistentes de los países del Triángulo Norte de inseguridad y para fortalecer sus sistemas judiciales con el fin de combatir mejor la corrupción y la impunidad y proteger los derechos humanos, es fundamental poder tener información exhaustiva sobre las deficiencias actuales, los niveles de avance y las oportunidades de mejora en estas áreas claves. Los gobiernos centroamericanos, así como la comunidad internacional, deben saber cuáles son las instituciones que hace falta fortalecer y cuáles son los requisitos para crear órganos de supervisión capaces, sistemas de justicia independientes, y fuerzas de seguridad pública efectivas que tengan la confianza de la población.
Como evidencia esta investigación, la priorización del sector de seguridad por encima de la justicia ha significado que la capacidad estatal para combatir la corrupción sea debilitada. Además, altos niveles de impunidad y leyes y reformas que buscan cerrar el espacio cívico han creado un ambiente cada vez más violento para las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y la sociedad civil en general, lo cual ha disminuido el alcance del papel de supervisión y de incidencia que ejercen estos grupos sobre el gobierno.
Los datos recopilados y analizados por el Monitor Centroamericano, que se actualizarán regularmente, ofrecen una amplia base de datos que dan una mirada comprensiva que ilumina por qué han habido retrocesos en temas de seguridad, justicia y derechos humanos en Guatemala, Honduras y El Salvador y evalúa tendencias a lo largo del tiempo dentro y entre estos países. Es diseñado para ser un instrumento para tomadores de decisiones y donantes para contribuir a la creación de políticas y estrategias eficaces e integrales y como herramienta para la sociedad civil para incidir a favor de cambios para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad pública en estos países.
