Jose Decavele/Getty Images
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Hoy las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa cumplen 10 años de incansable búsqueda de sus seres queridos. Desde el 26 de septiembre de 2014, cuando fuerzas de seguridad coludidas con un grupo criminal desaparecieron forzosamente a los 43 y cometieron otras graves violaciones de derechos humanos, las familias, junto con las organizaciones que las acompañan, han exigido respuestas a los gobiernos sucesivos. Han buscado en campo, impulsado la creación de nuevos mecanismos de investigación y acudido a organismos internacionales, sin cesar en su denuncia de este caso paradigmático de la crisis de desapariciones que a partir de 2022 ha rebasado las 100,000 personas desaparecidas en México.
Sin embargo, a 10 años de los hechos, las familias todavía no han accedido ni a verdad ni a justicia.
Hace una década, durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la reacción inmediata del Estado mexicano al caso fue tratar de construir una falsa ‘verdad histórica’ para poder cerrar la investigación. Hoy se sabe que dicha versión fue fabricada a base de falsificaciones y actos de tortura.
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 con el compromiso de avanzar en el acceso a la verdad. Creó una comisión interinstitucional para el caso, sostuvo reuniones con las familias e invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) a regresar a México, quienes, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica en el caso, ya habían ayudado anteriormente a desmentir la falsa verdad histórica. Paralelamente, se creó una Unidad Especial en la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en la investigación penal.
Sin embargo, en los últimos dos años, los avances logrados en el caso han sufrido nuevos retrocesos y obstáculos, incluyendo un creciente discurso de descalificación hacia las familias y sus representantes, en particular el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por parte del presidente. Esto revela que, incluso en este caso de alto perfil, siguen intactas estructuras históricas de impunidad y opacidad desde el Estado.
Por lo tanto, la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre marca un momento decisivo para el caso Ayotzinapa y para la crisis de desapariciones en el país. La nueva presidenta y su gobierno tienen la obligación de retomar el caso y la crisis que representa, no solo para buscar e identificar a las víctimas directas sino para romper el ciclo de desapariciones en México.
Tres pendientes clave del caso para el nuevo gobierno federal son:
A lo largo de la última década, el trabajo de las organizaciones que representan a las familias, el GIEI, la Unidad Especial, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otros actores ha permitido reconstruir una parte de los hechos y ha develado responsabilidades, tanto por acción como por omisión, de diversas autoridades locales, estatales y federales —militares y civiles— antes, durante y después de las desapariciones forzadas. Asimismo, se ha descubierto que instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), poseen información que todavía no han compartido, incluyendo cientos de páginas de documentos que contienen datos que podrían ayudar a encontrar el paradero de los normalistas. Esto es crucial, dado que las autoridades no han encontrado rastro de la gran mayoría de las víctimas (solo se han identificado a tres de los normalistas). Es esencial que la totalidad de documentos y evidencia en poder de las fuerzas armadas y cualquier otra institución sea compartida para que las autoridades puedan desplegar todas las acciones necesarias en la búsqueda de los normalistas y de la verdad.
Esta información también es relevante para la investigación penal a cargo de la FGR, que sigue abierta. Cabe mencionar que, bajo la gestión del primer titular de la Unidad Especial del caso, se dieron pasos relevantes respecto a la búsqueda en campo y en la imputación de aquellos que obstaculizaron la investigación inicialmente. Se demostró que es posible investigar a redes criminales complejas y coludidas con autoridades, haciendo uso de la evidencia, la tecnología y la cooperación internacional (en lugar de fabricar versiones bajo la tortura). El trabajo de la Unidad resultó en órdenes de aprehensión contra autoridades civiles y militares. Sin embargo, por interferencias políticas, en 2022, el Fiscal Especial del caso tuvo que renunciar y la investigación quedó a cargo de un funcionario cuestionado por su falta de trayectoria previa en la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Los pasos que se den para superar los obstáculos vigentes y avanzar en la investigación penal, incluyendo la priorización por parte del Estado de extradiciones pendientes, serán indicadores de si es posible avanzar en el acceso a la justicia en el nuevo sexenio.
Conforme el caso Ayotzinapa ha expuesto prácticas de impunidad y opacidad que involucran a las fuerzas armadas, López Obrador ha buscado desprestigiar públicamente a las organizaciones que representan a las familias, quienes han sido objeto de una serie de acusaciones infundadas por parte del presidente. López Obrador ha declarado que los señalamientos hacia las fuerzas armadas en el caso Ayotzinapa podrían representar una campaña de desprestigio o incluso una suerte de conspiración internacional contra su gobierno. Las familias han respondido refutando estas declaraciones y recordándole que, en el caso Ayotzinapa, “la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada”.
Avanzar en el caso requiere compartir la información y escuchar las propuestas de las familias y las organizaciones que las representan mediante un diálogo respetuoso y basado en los hechos. Será crucial que el nuevo gobierno federal renueve este diálogo, permitiendo superar el desgaste actual.
Según cifras oficiales, a la fecha casi 116,000 personas están desaparecidas y no localizadas en México. En la última década, la lucha de las familias llevó a la aprobación de una Ley General contra las desapariciones y a la creación de un sistema nacional de comisiones de búsqueda, así como a la construcción de nuevas instituciones para avanzar en la identificación forense de las decenas de miles de personas fallecidas no identificadas en el país. La comunidad internacional, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, ha apoyado diversos esfuerzos de búsqueda e identificación en este periodo.
Sin embargo, el final del gobierno de López Obrador estuvo marcado por retrocesos en materia de búsqueda e identificación, tales como:
Mientras tanto, los colectivos de familiares que se han conformado a lo largo del país siguen realizando búsquedas en campo en condiciones precarias y a menudo de alto riesgo. Prueba trágica de ello son las decenas de personas buscadoras asesinadas.
Reimpulsar y consolidar el trabajo de las instituciones de búsqueda e identificación debe ser una tarea prioritaria del nuevo gobierno. Así como implementar mecanismos eficaces de atención a víctimas, prevención de riesgos y protección de personas buscadoras.
El caso Ayotzinapa ejemplifica una crisis nacional. Esa crisis debe ser abordada por el gobierno entrante no solo para brindar verdad y justicia a las familias, sino para empezar a poner fin al fenómeno de las desapariciones en México, para que ninguna familia tenga que pasar 10 años —ni siquiera un solo día— buscando a sus seres queridos.
