AP Photo/Fernando Vergara
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Miembros de la Comisión Étnica para la Paz se reúnen con el Congresista Keith Ellison (centro de la foto) en Washington, DC, EEUU. Julio 2017
Mientras el proceso de paz avanza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representantes Afrocolombianos e indígenas estuvieron en Washington en julio para pedir a oficiales estadounidenses que presionen a Colombia a brindar mejores medidas de seguridad a activistas sociales, aplicar la consulta previa con minorías étnicas e incorporar a representantes étnicos en mecanismos de implementación del posconflicto. Abordar estos temas es clave para lograr exitosamente una nueva época de posconflicto en Colombia. Como el aliado más importante para Colombia, los Estados Unidos tiene una oportunidad significativa para asegurar que estos temas se aborden de manera rápida y eficaz a fin de garantizar los mejoramientos políticos y de seguridad que este proceso de paz le puede traer a Colombia.
Durante su visita, miembros de la Comisión Étnica compartieron sus perspectivas con oficiales del Comités de Relaciones Exteriores y de Apropiaciones del Senado, el Grupo de Trabajo del Congreso para Derechos Laborales, el Departamento del Estado y con el Congresista Keith Ellison y el embajador Colombiano para los Estados Unidos, Camilo Reyes.
Marino Córdoba, coordinador internacional para el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), afirmó que las autoridades Colombianas deben actuar más eficazmente para proteger a los líderes y lideresas Afrocolombianos(as) e indígenas. En lo que va del año, por lo menos 50 líderes sociales han sido asesinados en Colombia—más que uno cada semana.
“Los asesinatos son constantes,” dijo Córdoba. “¿Dónde va a llegar esto? Los líderes defensores de derechos humanos somos aquellos que hemos estado al frente del proceso de paz. Y callarlos a ellos—romper el enlace que tiene las comunidades con el gobierno—eso mete la comunidad a un miedo psicológico que es realmente preocupante.”
Estos asesinatos incluyen el caso reciente del líder de AFRODES, Bernardo Cuero Bravo, quien fue asesinado en junio. Antes de su muerte, Cuero Bravo le había pedido medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que en turno negó brindarle medidas suficientes. A pesar del contexto peligroso en Colombia para líderes sociales, la UNP declaró que el estado de peligro de Bernardo era “ordinario,” similar a lo que está pasando con los casos de varios líderes Afrocolombianos e indígenas actualmente.
Grupos armados a la margen de la ley como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otros grupos paramilitares son responsables de esta ola de asesinatos. “Los grupos paramilitares están llegando a las regiones donde las FARC antes estaba—y lo hacen sin importar si hay una presencia o no de las fuerzas armadas,” dijo Córdoba.
Aunque el acuerdo de paz requiere que el gobierno prevenga estos tipos de amenazas y asesinatos, la taza de impunidad de asesinatos de líderes sociales queda a más del 90 por ciento.
Por décadas el gobierno de los Estados Unidos ha invertido en fuerzas de seguridad en Colombia. Córdoba notó que los asesinatos ponen en riesgo la estabilidad del proceso de paz y generan grandes obstáculos para la gente tratando de implementar la paz en los territorios. Pidió a los oficiales estadounidenses que urgieran que Colombia protegiera a los líderes sociales, investigara el fallo de la UNP en brindarles medidas de protección y llevar a la justicia a aquellos que son responsables de las amenazas y asesinatos.
Otro representante de la Comisión Étnica, Rodolfo Adán Vega, un líder Kankuamo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y asesor legal para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), agregó que el gobierno colombiano está poniendo en riesgo la credibilidad del proceso de paz por no cumplir con el requisito de consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas.
Tanto el Capítulo Étnico del acuerdo de paz como la constitución colombiana y varias normas nacionales hacen obligatorio consultar con comunidades étnicas para desarrollar reglas y normas que les afecten, antes de que sean implementadas. Desde que el gobierno colombiano y las FARC firmaron su acuerdo final en noviembre del año pasado, por lo menos 36 decretos/normas que tienen que ver con la implementación del acuerdo han sido firmadas.
“Dado que la autonomía territorial de los pueblos étnicos en Colombia en sus resguardos o en sus consejos comunitarios tienen propia normatividad, estos decretos tienen que tomar en cuenta una perspectiva étnica diferencial,” dijo Vega.
“Pero de los 36 decretos que han firmado, sólo tres han sido consultados con los pueblos indígenas,” dijo. “Y ninguno ha sido consultado con los Afrocolombianos.”
Hasta el momento, se han creado por decreto y vía legislativa el sistema de justicia transicional- la Jurisdicción Especial para la Paz- la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el Fondo para Colombia en Paz, entre otros.
Para los líderes y lideresas étnicos(as), el gobierno no solo tiene que cumplir con su deber de ejercer la consulta previa con sus comunidades sobre estos nuevos decretos, sino también tiene que incluir a sus líderes y lideresas como representantes a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dado eso, el 17 de agosto WOLA le mandó una lista de profesionales Afrocolombianos(as) e indígenas de alta calidad al comité de escogencia de la JEP. La lista incluye a los abogados Diego Grueso Ramos, quien tiene experiencia extensiva trabajando con AFRODES, el Observatorio Racial de DeJusticia y con CODHES, y Eliana Fernando Rosero del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Universidad de los Andes. Escoger magistrados con una perspectiva étnica es necesario dado el impacto desproporcional que el conflicto armado ha tenido en estas comunidades étnicas y los abusos cometidos contra las mujeres en particular. Además, el Capítulo Étnico del acuerdo final requiere que haya participación étnica diferenciada, tanto como víctimas como magistrados, dentro del cuerpo judicial.
Diana Martínez del Red Afrocolombiana de Mujeres Kambirí también llamó a los oficiales estadounidenses y colombianos que promovieran más participación de las mujeres étnicas en el proceso de paz. En una declaración pública a finales de julio, once organizaciones y redes de mujeres étnicas, inclusive la red Kambirí, declararon que “sin las voces de las mujeres étnicas, la paz nunca será completa.”
Esta declaración responde a las elecciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para representantes de la instancia de alto nivel de género para supervisar la implementación del acuerdo de paz. Al final, la CSVI no eligió a una sola mujer afrodescendiente para ocupar esta comisión.
Luz Marina Becerra de AFRODES, Francia Márquez y Sofia Garzón del Proceso de Comunidades Negros (PCN) protestan contra la incapacidad del CSIVI para representar a mujeres afrocolombianas en la Comisión de Mujeres de Alto Nivel, julio de 2017
“El Acuerdo Final [con las FARC] no incluye un enfoque de género con diferenciación étnica”, afirmaron las organizaciones de mujeres. “En lugar de solucionar este problema a través de la instancia de alto nivel de género, la CSIVI dejó a las mujeres afrodescendientes como el único grupo sin asiento en la mesa, a pesar de que había varios candidatos afrodescendientes para el cargo que cumplen con las calificaciones necesarias. Pedimos a la delegación gubernamental ya las FARC que respondan”.
A fin de reflejar las normas de consulta previa y los valores democráticos que garantizan que se escuchen y representen diferentes voces, el gobierno de los Estados Unidos debe alentar a Colombia a incluir las perspectivas diferenciales de los pueblos étnicos -incluidos los afrodescendientes y los indígenas, tanto como líderes y como víctimas.
Desde el nivel local hasta el nacional, los grupos étnicos tienen un papel crucial que desempeñar para ayudar a Colombia a diseñar, supervisar e implementar algunas de las iniciativas más ambiciosas del acuerdo de paz. Esto incluye el formidable programa de sustitución de cultivos, descrito en el punto cuatro del acuerdo de paz. Otro participante de la delegación, Luis Eduardo Calambas, representante de Misak Gobierno Mayor, y Rodolfo Vega de ONIC, presentaron los beneficios que la consulta previa y las mejores medidas de seguridad podrían aportar al nuevo programa de sustitución.
“La gran mayoría de los que manejan cultivos ilícitos en comunidades étnicas”, dijo Vega, “son colonos o personas que no forman parte de las comunidades indígenas. Llegan a nuestras comunidades sólo para imponerse sobre nosotros y cultivar coca en nuestra tierra”.
“Hasta que el gobierno garantice nuestra autonomía sobre la tierra y responsabilice a esos colonos, el programa de sustitución de cultivos no tendrá éxito”, agregó.
Desde la primavera, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha logrado un progreso constante para inscribir a las familias por dos años de compensación pagada a cambio de erradicar voluntariamente sus cultivos de coca -mucho de los cuales se encuentra en territorios étnicos con título colectivo. Calambas y Vega enfatizaron, sin embargo, que las familias son cautelosas en sustituir sus cultivos sin antes ver señales de que podrán tener alternativas legales al mercado para obtener un ingreso estable. “Tenemos que ver primero los esfuerzos del gobierno para salvaguardar nuestra tierra, proteger a nuestros líderes comunitarios e invertir en desarrollo rural, todo ello con una consulta previa eficaz”, dijo Calambas. “Sólo entonces el programa de sustitución tendrá éxito”.
La sociedad civil estadounidense ha tomado medidas para apoyar la agenda de la Comisión Étnica para una paz inclusiva. A fines de mayo, la Coalición de Sindicatos Negros (CBTU) publicó la Resolución 19 enfatizando que la participación efectiva de los afrocolombianos y los indígenas en la implementación de la paz debe convertirse en una prioridad. La resolución insta a todos los aliados a alentar al Congreso colombiano a defender los derechos y compromisos de las minorías étnicas consagrados en la constitución y el acuerdo de paz.
A medida que avanza el proceso de paz, los funcionarios y la sociedad civil de los Estados Unidos deben seguir vigilando la evolución de las responsabilidades de ambas partes en el conflicto por los compromisos asumidos en el acuerdo de paz. Al cumplir los compromisos adquiridos entre sí y con los pueblos colombianos en su conjunto, estas partes tienen el deber de defender los derechos y la autonomía de las minorías étnicas que sufrieron el peso del conflicto.
