15 Mar 2013 | Análisis

20 Años después de la Comisión de la Verdad para El Salvador

Por Geoff Thale, Director de Programas y Adriana Beltrán, Coordinadora Principal del Programa de Seguridad Ciudadana

La Comisión de la Verdad para El Salvador, establecida como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la larga y brutal guerra civil en el país, emitió hoy en día su reporte de hace veinte años. La guerra en El Salvador incluyó violaciones masivas de los derechos humanos. Hubo muchos casos bien conocidos, incluyendo al asesinato del Arzobispo Óscar Romero, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija adolescente, la masacre de El Mozote y miles de otros casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros abusos de los derechos humanos. La Comisión, liderada por figuras internacionales bien respetadas, fue establecida para investigar “actos serios de violencia… cuyo impacto en la sociedad exige urgentemente que el público conozca la verdad” de estos actos; esta tarea incluyó el nombrar a los responsables, cuando fuese posible. De igual forma significativa fue la responsabilidad de la Comisión de realizar recomendaciones previstas para poner un fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. Estas son de interés en particular en la actualidad, cuando El Salvador está asediado de niveles alarmantes de violencia criminal.

El reporte final de la Comisión resaltó los casos específicos que ilustraron los patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por escuadrones de la muerte que llevaron a El Salvador a lo que el reporte describió como un período de “locura”. En la mayoría de los casos, la Comisión nombró a personas que se creía que habían perpetrado, ordenado o encubierto la investigación de esos casos. Para terminar con la impunidad que permitió a individuos realizar estos abusos, la Comisión recomendó la destitución de cualquier funcionario militar o del gobierno nombrado en su reporte y propuso una serie de cambios en el sistema judicial y policial.

La Ley de Amnistía y un legado de impunidad para los grupos armados

Cinco días después de la publicación del reporte de la Comisión, la Asamblea Nacional Salvadoreña aprobó una ley de amnistía que otorgó una “amnistía plena, absoluta e incondicional para todos aquellos que participaron en alguna forma en la Comisión… de los crímenes políticos”. La ley de amnistía evitó no sólo el procesamiento sino también las investigaciones penales serias para determinar la responsabilidad legal de los casos citados en el reporte de la Comisión de la Verdad y para los miles de otros casos de abusos de los derechos humanos que ocurrieron en el curso de la guerra. En el momento, el argumento era que la estabilidad política posterior a la guerra requería de una amplia amnistía la cual no culparía y permitiría a varias fuerzas políticas en el país seguir adelante. Tanto los grupos de los derechos humanos nacionales como internacionales objetaron fuertemente la amnistía y continúan haciéndolo hoy en día. El hecho de que ninguno de los casos citados en el reporte de la Comisión de la Verdad haya sido investigado totalmente o haya conducido a juicios penales, muchos menos a sentencias, ha resultado en la continuación de facto de lo que la Comisión de la Verdad llamó “la tradición de impunidad para los funcionarios y miembros de las familias más poderosas que cometen abusos”.[1]

El llamado de la Comisión para reformas institucionales

Más allá de las investigaciones de los casos ilustrativos, la Comisión pidió reformas fundamentales en el sistema judicial penal de El Salvador, incluyendo cambios en el sistema judicial, la policía y la Fiscal General. E instó a una investigación total de los “grupos armados privados”, los cuales estaban entre “las fuentes más horrendas de violencia que arrasaron con el país”. La Comisión identificó el “peligro serio en lo que los escuadrones de la muerte se podrían convertir, como sucedió en algunos casos, en actividades ilegales como el narcotráfico, tráfico de armas y secuestros para pedir rescate”.

Los niveles alarmantes de violencia criminal hacen que las recomendaciones sean muy necesarias hoy en día. De acuerdo al reporte reciente de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y el Delito, los índices de asesinatos en El Salvador se encuentran entre los más altos del mundo, en 69 por cada 100.000 habitantes en 2011. Más allá de los homicidios, los salvadoreños experimentan altos niveles de extorsión, robo, violencia doméstica y otros delitos. Existen múltiples fuentes de violencia criminal del país, incluyendo el comercio de drogas ilícitas, violencia por pandillas y grupos criminales involucrados en otras formas del crimen organizado, incluyendo el tráfico de armas y la trata de personas. Pero junto a estos problemas crónicos, El Salvador enfrenta otro problema: la penetración y corrupción de las instituciones estatales por los grupos del crimen organizado, los cuales socaban el estado de derecho.

La Comisión de la Verdad identificó este problema. Los grupos armados ilegales que surgieron durante la guerra—los cuales fueron conformados por miembros de las fuerzas de seguridad y civiles y a menudo vinculados con los funcionarios militares y del sector de seguridad y algunos empresarios—nunca fueron totalmente desmantelados. Algunos de ellos se dedicaron a la actividad criminal para apoyarse, involucrándose en el transporte de drogas a través del territorio salvadoreño, secuestro, robos de autos y contrabando. Sobornaron a jueces y a la policía corrupta y trabajaron con y para los políticos para generar ganancias y proteger sus actividades. El fracaso por investigar y desmantelar a estos grupos en los años subsiguientes a la guerra, como lo había recomendado la Comisión de la Verdad, permitió que los grupos se descompusieran y diseminaran su influencia perniciosa.

La Policía Nacional Civil: Aún necesita reforma

Es cierto que los principales problemas estructurales —una economía débil y falta de oportunidad económica, trastornos culturales, aumento del narcotráfico y transnacionalización de las pandillas— contribuyen a la inseguridad de El Salvador. Pero estos problemas se han exacerbado por el fracaso por desarrollar instituciones estatales efectivas y responsables. Las fuerzas policiales y las instituciones judiciales aún continúan careciendo de fondos y no están bien abastecidas, asediadas por escándalos de corrupción y debilitadas por grandes vínculos con el crimen organizado. Hace 20 años este mes, la Comisión de la Verdad pidió esfuerzos para resolver estos problemas. Queda mucho por hacer en la actualidad.

Los Acuerdos de Paz pidieron la creación de una nueva fuerza policial, completamente independiente del ejército y basada en una nueva doctrina de seguridad ciudadana, prevención, disuasión a través de una investigación criminal efectiva y respeto de los derechos humanos. La Comisión de la Verdad respaldó estas recomendaciones. Las antiguas fuerzas de seguridad fueron desmanteladas gradualmente y la nueva Policía Nacional Civil (PNC) fue creada en 1993.

No hay duda de que la PNC sobresale de los servicios de seguridad antes y durante la guerra. Es funcionalmente distinta de las fuerzas armadas. La policía se despliega en todo el país; tiene una clara estructura de liderazgo y sistema de promoción. Existe un sistema de escrutinio, una academia y un sistema para la capacitación policial. Existen cientos de investigadores criminales.

Y, sin embargo, la PNC tiene una importante y continua debilidad. Mientras que el sistema está separado formalmente de las fuerzas armadas, el ejército ha sido desplegado en diversas ocasiones para apoyar a la PNC para enfrentar a las ondas del crimen. Comenzando a mediados de la década de los 90 y casi continuamente desde entonces, han habido patrullas militares y policiales conjuntas en áreas rurales y urbanas seleccionadas. Estos despliegues continuos confunden la línea entre las fuerzas policiales y militares, una distinción que los Acuerdos de la Paz establecieron y que la Comisión de la Verdad respaldó. El año pasado, la designación de altos oficiales militares que no estaban activos pero que permanecían vinculados con las fuerzas armadas como Ministro de Seguridad Pública y Director de la Policía Nacional Civil sólo refuerzan la preocupación.

Junto con los continuos vínculos a las fuerzas armadas, la PNC tiene problemas con las débiles investigaciones criminales y las fallas de los sistemas internos de control. La investigación criminal eficaz es un papel clave de la PNC y, sin embargo, la impunidad continúa. Los estudios sugieren que los porcentajes abrumadores de homicidios en El Salvador no conducen a condenas penales. A pesar de los avances notables en estos asuntos en 2009 y 2010, los cambios en el liderazgo de la policía han hecho surgir de nuevo preguntas sobre el liderazgo y la organización de las divisiones policiales.

La debilidad del sistema interno de control es otro importante y continuo problema. Por ley, la policía debe tener un sistema disciplinario interno y un Inspector General, quien está encargado de la investigación de las demandas. Tanto el sistema disciplinario como la oficina del Inspector General han sido ineficaces debido tanto a presupuestos limitadores como a presión política. En 2009, el Presidente Funes nombró—y otorgó un fuerte respaldo político—a un abogado de derechos humanos bien conocido como Inspector General. Pero este se encontró con una seria oposición política, tanto entre las filas de la policía como en la Asamblea Nacional. Después de cambios en el liderazgo de la PNC y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Inspector General renunció.

La Comisión de la Verdad pidió el establecimiento del estado de derecho y el fin a la impunidad de facto en El Salvador. Identificó a los presuntos responsables de una serie de abusos de alto perfil a los derechos humanos y pidió una serie de reformas institucionales, así como una investigación de la existencia continua y la posible mutación de los escuadrones de la muerte y grupos armados ilegales en bandas del crimen organizado con vínculos a políticos y servicios de seguridad. Pero la amnistía desvió la acción adicional en los casos específicos, el proceso de la reforma institucional ha sido parcial y desigual y el peligro del crimen organizado y su penetración del estado es quizá más alta hoy en día que lo que era en 1993. El Salvador y sus amigos en la comunidad internacional necesitan enfrentar estos desafíos para consolidar el estado moderno y democrático que la Comisión de la Verdad pidió para El Salvador y que lo merece.

Traducción por Marcela Andere.


[1]La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido en repetidas ocasiones que la ley de amnistía viola las obligaciones internacionales de El Salvador bajo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Corte Interamericano de Derechos Humanos resolvió repetidamente que el gobierno salvadoreño debe asegurar que la ley no sea un obstáculo para la identificación, acusación y castigo de los responsables de las violaciones serias a los derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado. Estas resoluciones le dan a los grupos de los derechos humanos las herramientas con las cuales demandas a los nuevos casos para que sobrepasen el obstáculo que la ley de amnistía les presenta.