Recuento 2016: Enfrentando la situación de los derechos humanos y la seguridad en México

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2016) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 59 por ciento de las personas mexicanas considera que la inseguridad es el problema más importante que enfrenta el país. La misma encuesta revela que el 72 por ciento de la población cree que el estado en el que viven es peligroso debido a la delincuencia.

Durante los 10 años que tiene la “guerra contra el narcotráfico” más de 186,000 personas han sido asesinadas en México, lo que a su vez ha estado marcado por operaciones a cargo de militares para combatir el crimen organizado en el país. Después de que entre 2011 y 2014 las tasas de homicidios bajaron, en 2015 volvieron a subir. Para octubre de 2016, había un incremento del 23 por ciento en la denuncia de homicidios comparado con el mismo periodo de 2014 (enero-octubre). En los primeros 10 meses de 2016 hubo un promedio de 56 homicidios denunciados por día.

Otros delitos violentos permanecieron con una alta incidencia en el 2016. El número de secuestros denunciados subió cuatro por ciento entre 2015 y 2016. Las denuncias de casos de extorsión han tenido una baja durante los tres años anteriores, pero los índices siguen siendo más altos que los casos denunciados hace una década.

Más preocupante es el hecho de que estas estadísticas representan sólo los casos denunciados. El INEGI estima que en 2015, sólo 10.5 por ciento del total de los delitos cometidos en México fueron denunciados. Entre los casos denunciados, sólo se abrió una averiguación previa o carpeta de investigación en el 60 por ciento de los casos; sin embargo, en el 46 por ciento de las investigaciones, la encuesta encontró que no pasó nada o no se resolvió la denuncia. El INEGI concluyó que 94 por ciento de los delitos en México no se denuncian o nunca se investigan y que muchas personas no denuncian los delitos por considerarlo una pérdida de tiempo (33 por ciento) o por desconfianza en la autoridad (17 por ciento). Estas altas tasas de incapacidad para llevar a los responsables de delitos a la justicia, crea un ambiente que permite que los delincuentes reincidentes continúen delinquiendo y que otros también cometen delitos, ya que con mucha probabilidad nunca enfrentarán consecuencias por sus delitos.

El establecimiento de fuerzas policiacas respetuosas de los derechos humanos en las que la ciudadanía pueda confiar, es un componente esencial para enfrentar la inseguridad y fortalecer el estado de derecho en el país. Aunque Peña Nieto se comprometió a recuperar la confianza ciudadana en la policía, los esfuerzos para lograr una reforma eficaz parecen estar estancados. De acuerdo con la Encuesta Nacional del INEGI, apenas un poco más de la mitad de la población tiene confianza en las policías estales y municipales, y la Policía Federal sólo alcanza un poco más del 65 por ciento de aprobación. La población continúa percibiendo que las fuerzas policiales son corruptas, donde un 76 por ciento de la población percibe que la policía de tránsito es la más corrupta, seguida de la policía preventiva municipal, la policía investigadora y la policía estatal. Los agentes estatales y municipales siguen estando implicados en violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura y las desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 612 quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Federal entre enero y octubre de 2016, incluyendo alegatos de tortura, desapariciones forzadas y privación de la vida.

El gobierno mexicano continúa con el sistema de evaluación y certificación establecido por el ex presidente Felipe Calderón y, hasta octubre de 2016, habían pasado por el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza el 99 por ciento de las policías estatales y municipales y de las dependencias federales. Sin embargo, todavía quedan pendientes muchos exámenes de renovación de examen de control de confianza por vigencia y continúa el debate sobre qué hacer con los agentes que no pasan dichos exámenes. Esto es de particular preocupación considerando que muchos de los estados con el mayor porcentaje de tasas de reprobados en el examen de control de confianza—tales como Sinaloa, Guerrero y Michoacán—tienen también niveles significativos de violencia y de actividad del crimen organizado.

Aunque el escrutinio policial es importante en el reclutamiento y de forma periódica cuando un agente es activo, debe complementarse creando y reforzando controles internos sobre la policía, tales como Unidades de Asuntos Internos. Sin embargo, un informe de enero de 2016 de la organización Causa en Común encontró que de las 30 unidades de asuntos internos para la policía estatal existentes, sólo seis cumplen con los requisitos establecidos por la organización para determinar si funcionan apropiadamente. Cuatro estados presentaron serias deficiencias en su normatividad y procesos y las unidades de asuntos internos en la mayoría de los estados carecían del personal necesario para ser eficientes.

En el ámbito federal, la Policía Federal creció significativamente durante el sexenio de Calderón. No obstante, aparte de crear la Gendarmería como una división especial de las fuerzas federales, Peña Nieto ha hecho muy poco para incrementar su tamaño y capacidad de manera que pueda retomar el papel en la seguridad pública que los militares han tenido por más de dos décadas en México y que ha borrado las líneas entre el control civil y miliar, dando como resultado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En semanas recientes, el propio Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha rechazado el continuo papel del ejército en la seguridad pública, afirmando que él sería el primero en levantar ambas manos a favor de regresar a los militares a sus tareas constitucionales en la seguridad nacional.

Cienfuegos también ha exhortado a que se establezca un marco legal para regular la intervención de los militares en las tareas de seguridad pública. Esto ha dado lugar a un debate legislativo acerca de una Ley de Seguridad Interior que será discutida en los próximos meses. Junto con organizaciones de derechos humanos mexicanas y expertos, WOLA ha hecho un llamado a un debate abierto sobre esta propuesta de ley de seguridad que incluya la participación de la sociedad civil y ha señalado que en lugar de ampliar el papel de los militares en la seguridad pública, la ley debe incluir un plan para regresar a los soldados a sus cuarteles de forma paulatina y responsable. 

La necesidad de priorizar la reforma y profesionalización de la policía también es importante al tiempo que México continúa sus esfuerzos para modernizar el sistema de justicia penal. Aunque, después de ocho años de transición, México tiene un nuevo sistema de justicia penal en el papel, falta mucho por hacer para que México disfrute de un sistema que sancione a los delincuentes y que al mismo tiempo asegure el respeto a los derechos humanos. Hasta septiembre de 2015, muchos agentes dentro del sistema, incluyendo el 89 por ciento de los policías, no habían sido capacitados sobre los cambios que la reforma implica para su actuación y las responsabilidades que tendrán dentro del nuevo sistema. Como WOLA ha señalado anteriormente, el entrenamiento de la policía—una tarea subestimada en los primeros años de transición del sistema—es de particular importancia ya que ahora toda la policía puede recibir denuncias de delitos y actuar como “primer respondiente” y así preservar escenas del crimen y tomar acciones básicas de investigación, antes de que los ministerios públicos tomen control del caso (antes de las reformas solamente el Ministerio Público tenía estas responsabilidades).

Otro elemento clave para una transformación eficaz del sistema de justicia penal en México es el establecimiento de una Fiscalía General independiente. Reconociendo esta necesidad, la Constitución Mexicana fue reformada en el 2014 para reemplazar a la Procuraduría General de la República (PGR) que pertenece al poder ejecutivo, por una Fiscalía General de la República independiente. Para que esta transformación cristalice, el Congreso mexicano necesita llevar a cabo varios actos legislativos, incluyendo la emisión un decreto que reconozca a la Fiscalía como un órgano autónomo y una ley que establezca las funciones de la Fiscalía. Las acciones que lleven a cabo el Congreso y Peña Nieto en el 2017 determinarán si este nuevo órgano contará con la independencia y estructura necesaria para ser efectiva, o si se repetirán los mismos vicios y malas prácticas que hicieron en gran medida ineficaz a la PGR, permitiendo que las investigaciones y averiguaciones previas se manipularan políticamente.

Las cifras de denuncias de tortura a manos de autoridades mexicanas permanecieron altas en 2016. Entre enero y octubre de 2016, la CNDH registró 657 quejas de tortura y tratos crueles e inhumanos cometidos por autoridades federales. En abril de 2016, el ejército mexicano fue duramente criticado cuando un video del 2015 se hizo público mostrando a soldados y policías federales torturando a una detenida en el estado de Guerrero.

Un informe de Amnistía Internacional de 2016, que incluyó entrevistas con 100 mujeres detenidas que denunciaron tortura o malos tratos, observó que las mujeres “sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones”. El estudio encontró que todas las entrevistadas fueron objeto de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio; que el 97 por ciento fue objeto de violencia física y 72 por ciento sufrió violencia sexual. En septiembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso de tortura sexual—cometido por agentes estatales contra once mujeres en Atenco, Estado de México en 2006 cuando Peña Nieto era gobernador—debido a la falta de investigación con la “debida diligencia y en un plazo razonable” de dichos actos. 

En diciembre de 2015, la PGR creó una Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura. Desde su creación hasta septiembre de 2016, la Unidad Especializada informa haber recibido 4,526 denuncias de tortura; sin embargo, sólo se han emitido 14 órdenes de aprehensión. A pesar del uso generalizado de la tortura en México y el gran número de casos denunciados ante las autoridades, el gobierno mexicano reporta sólo 15 sentencias contra agentes federales desde 1999.

Desde el 2015, el Congreso mexicano ha estado debatiendo una nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. Mientras esta nueva ley debe ayudar a que la legislación mexicana cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, quedan muchas preocupaciones acerca del texto vigente de la iniciativa, incluyendo que no va lo suficientemente lejos para evitar que la evidencia obtenida a través de tortura sea admitida en juicio. En una carta el 12 de diciembre, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, exhortó a la Cámara de Diputados a no aprobar modificaciones que debiliten las salvaguardas para prevenir la tortura. Se espera que la iniciativa final sea aprobada por el congreso en la primera sesión del 2017.

Queda por verse si la iniciativa final contendrá salvaguardas debilitadas o reforzadas en contra la tortura. En cualquier caso, la experiencia muestra que aun cuando existan dichas salvaguardas, el uso de la evidencia obtenida a través de la tortura persiste en los procedimientos penales. Por ejemplo, en el Estado de México, donde la reforma al sistema de justicia penal se implementó desde 2009, un estudio encontró que el 18 por ciento de los casos registrados entre 2010 y 2014 incluían información que sugería que hubo tortura. El estudio reveló que en el 97.4 por ciento de estos casos, el juez permitió que se admitiera toda la evidencia y el caso procediera normalmente. Sólo en el 2.6 por ciento de los casos el juez excluyó cierta evidencia, y no hay registro de que algún juez haya ordenado una investigación por tortura o malos tratos en estos casos. Mediante la obtención y admisión de confesiones obtenidas a través de tortura, funcionarios del sistema de justicia penal en México no sólo encarcelan a personas inocentes, sino que también dejan sin investigar a los verdaderos perpetradores del delito. 

Entre enero y octubre de 2016, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas incluyó 3,805 casos de desapariciones, sobrepasando el número total de casos de 2015 en sólo los 10 primeros meses de este año. En conjunto desde 2007, México ha registrado 29,196 casos de desapariciones, de los cuales más de 54 por ciento fueron denunciados durante el gobierno de Peña Nieto.

Basados en la información disponible del gobierno en relación con la investigación de funcionarios estatales responsables por desapariciones forzadas, 313 oficiales han sido indiciados por este crimen y el gobierno reporta que sólo 13 han sido condenados. Actualmente, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Persona Desaparecidas de la PGR, cuenta con sólo 29 agentes del ministerio público y 58 investigadores que están trabajando cerca de 1,000 casos federales.

En noviembre de 2016, la CIDH anunció que enviaría a la Corte Interamericana el caso de la desaparición forzada de Nitza Paola Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, a manos de miembros del ejército mexicano que ocurrió en Chihuahua en diciembre de 2009.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 es el caso de desaparición más ampliamente divulgado en México. A pesar de la atención generalizada, tanto nacional como internacionalmente, más de dos años después, los estudiantes todavía no han sido encontrados y no hay sentencias contra alguno de los responsables. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, dejó México en abril de 2016 después de entregar dos amplios informes detallando sus hallazgos. Los expertos concluyeron que la teoría del caso del gobierno mexicano era científicamente imposible, demandaron que se investigara a los funcionarios mexicanos responsables por obstrucción de la justicia en el caso, y recomendaron varias líneas de investigación a seguir. Los expertos mantienen que el caso podría resolverse si existiera la voluntad política.

En julio de 2016, la CIDH estableció, con el gobierno mexicano y los representantes de las familias de los estudiantes, un mecanismo de seguimiento de la investigación y de las recomendaciones del Grupo de Expertos. El equipo del mecanismo hizo su primera visita de seguimiento en noviembre de 2016, anunciando que su trabajo está basado en la conclusión emitida por el Grupo de Expertos de que la teoría del caso del gobierno es imposible y que deben explorarse a profundidad las recomendaciones sobre la investigación emitidas por el Grupo de Expertos.

Al igual que con la Ley sobre Tortura, el Congreso mexicano ha estado considerando también, desde 2015, una Ley General para Personas Desaparecidas. En noviembre de 2016, organizaciones de la sociedad civil recolectaron más de 17,000 firmas exhortando al Senado a considerar las recomendaciones propuestas por las familias de las personas desaparecidas y priorizar la aprobación de la Ley. Como WOLA ha señalado, la ley establecerá obligaciones para las autoridades locales, estatales y federales, y mejorará la coordinación entre jurisdicciones. Además de una aprobación pronta, las autoridades mexicanas deberán demostrar que tienen la voluntad política de dotar a sus instituciones con suficientes recursos, tanto humanos como financieros, y con facultades para implementar la ley de forma efectiva.

En los primeros 10 meses de 2016, la CNDH recibió 25 quejas de privación de la vida cometidas por agentes federales en México, que involucraron a militares y / o agentes de la Policía Federal en 19 casos. La masacre de Tanhuato—en la cual 42 civiles fueron asesinados en una confrontación armada con la Policía Federal, en mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán—es un caso ejemplar reciente. En agosto de 2016, la CNDH concluyó que la Policía Federal utilizó fuerza excesiva en el incidente y ejecutó arbitrariamente al menos a 22 personas. La CNDH ha encontrado que la policía alteró la escena del crimen y torturo a dos personas.

En mayo de 2016, en relación con la masacre de Tlataya—otro caso emblemático en el cual 22 civiles fueron asesinados a manos de soldados en el 2014 en Tlataya, Estado de México—un juez civil federal ordenó la liberación de los últimos tres soldados que enfrentaban cargos. La investigación de la CNDH en este caso, determinó que al menos 12 de los 15 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados. Después de la decisión del juez, la PGR se comprometió a presentar evidencia adicional en el caso, pero todavía no está claro si ha tomado las medidas necesarias para avanzar en el mismo.

Además de esos casos ampliamente divulgados, en general, México tiene un número de civiles muertos alarmantemente alto en comparación con los civiles heridos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. Este “índice de letalidad” del ejército mexicano fue de 7.7 en 2013 y de 11.4 en el primer cuarto de 2014 que fue la última vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró dicha información. El índice de letalidad para la Policía Federal fue de 4.8. Un índice arriba de 1 es considerado uso excesivo de la fuerza ya que, como lo señala la CIDH, “en enfrentamientos auténticos, suele haber más gente herida que muerta, ya que la policía, al hacer uso de la fuerza de forma legítima, buscan incapacitar no matar.”

Estos casos—al igual que los enfrentamientos del 19 de junio entre simpatizantes de la Coordinadora de Maestros en Oaxaca que se manifestaban y agentes de la policía federal y estatal armados, que dejó seis personas muertas y decenas de heridas—han renovado las exigencias para crear una Ley General sobre el Uso de la Fuerza en México. Esta ley proporcionaría un marco legal más sólido para las fuerzas de seguridad que los lineamientos generales, directrices y protocolos existentes que utilizan actualmente la policía federal y el ejército. Cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó en sus recomendaciones que México adoptara una ley nacional para el uso de la fuerza, el gobierno mexicano respondió que “Se analizará esta recomendación.” Debe hacerse notar que tanto el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, como el General Cienfuegos, apoyan la creación de dicha ley.

El 10 de diciembre pasado, le dispararon y asesinaron a Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, un periodista de Chihuahua, cuando se dirigía a su trabajo. Según sus familiares y un colega, Rodríguez Samaniego había recibido amenazas de muerte y recientemente había escrito un artículo de investigación acerca de dos personas encarceladas con pruebas fabricadas.

La organización internacional Artículo 19 informa que Rodríguez Samaniego fue el onceavo periodista asesinado en México este año probablemente con motivo de su trabajo, haciendo del 2016 el año más letal para periodistas desde 2011 y desde que Peña Nieto asumió la presidencia. En un evento público el 7 de diciembre pasado—tres días antes del asesinato de Rodríguez Samaniego—la CNDH reportó que 119 periodistas habían sido asesinados en México desde el año 2000, y que 20 periodistas habían desaparecido desde 2005.

El gobierno no ha hecho lo suficiente para investigar estos crímenes y llevar a los responsables a la justicia. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR informó que de 2010 a 2016, abrió 789 indagatorias sobre delitos contra periodistas, pero sólo ha habido sentencias en dos casos.

Las personas defensoras de derechos humanos enfrentan situaciones similares aunque hay mucho menos información disponible en lo que respecta a casos, investigaciones y sentencias al respecto. La CNDH reportó que 29 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México desde 2006, y que 4 han desaparecido desde 2009.

Dada la gravedad de la situación, el gobierno mexicano estableció un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Cuatro años después, el mecanismo está dando protección a 507 personas defensoras y periodistas. De acuerdo con las estadísticas del Mecanismo de Protección, en el 36 por ciento de los casos una autoridad gubernamental es identificada como probable responsable.

El presidente de México, Peña Nieto, comienza su quinto año en el poder con mucha incertidumbre acerca del futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y México. Durante su campaña, los comentarios del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump en relación con México se centraron en construir un muro en la frontera, el retirarse o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en hacer comentarios despectivos acerca de las personas migrantes, particularmente, las personas migrantes mexicanas. Peña Nieto ha buscado, durante la campaña y en este periodo de transición, tener contacto con el presidente electo. Mientras los dos países discuten sus futuras prioridades, es crucial que el fortalecimiento, tanto del estado de derecho como de los derechos humanos, se conviertan en aspectos clave de la relación bilateral.

Un sólido estado de derecho no solamente es importante para combatir el delito, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos; también es un componente esencial para una política económica efectiva. En agosto de 2016, Standard and Poor anunció que México está en riesgo bajar su calificación de crédito. La compañía mencionó que los beneficios de las reformas económicas de Peña Nieto han sido “limitados por las debilidades de la gobernabilidad y la precepción de corrupción.”

Un sólido estado de derecho en México es también una prioridad para el Congreso de los Estados Unidos. En agosto de 2016, 69 miembros de la Cámara de Diputados exhortaron al Departamento de Estado a “plantear a las autoridades mexicanas la importancia de respetar los derechos humanos, completar investigaciones oportunas, y llevar a la justicia a quienes violen los derechos humanos”. En octubre de 2016, un grupo bipartita de nueve senadores expresaron al Secretario de Estado sus preocupaciones acerca del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, al igual que sobre el problema endémico de las desapariciones en México, concluyendo que “es imperativo que los Estados Unidos tomen una postura de cooperación en los esfuerzos para asegurar que en estos casos se haga justicia que ayude a brindar un cierre a las familias de las víctimas”. Como WOLA ha señalado, la decisión del Departamento de Estado de septiembre de 2016 de certificar que México está progresando en materia de derechos humanos contradice la realidad en el terreno y las preocupaciones expresadas por miembros del poder legislativo de Estados Unidos.