WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(Foto AP/Carlos Jasso)

6 Jul 2020 | Análisis

A menos que los Estados Unidos implemente estas 5 estrategias regionales de migración, el COVID-19 podría presagiar otra crisis humanitaria en nuestra frontera

A primera vista, podría parecer que la crisis migratoria centroamericana, en la que cientos de miles de familias llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en búsqueda de asilo, ha disminuido.

La cantidad de migrantes centroamericanos detenidos por la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha disminuido drásticamente en los últimos meses. Los albergues para migrantes en México han reportado una disminución de recién llegados, aunque decenas de miles de migrantes aún siguen varados en el lado mexicano de la frontera. Incluso las solicitudes de asilo en México se han ralentizado después de alcanzar niveles históricos a principios de este año.

Algunos políticos estadounidenses han tomado la aparente disminución de migración como evidencia de una narrativa equivocada. Donde la crueldad excepcional utilizada por el gobierno de Trump en la frontera, como la separación de familias, el abandono de migrantes en ciudades fronterizas mexicanas, y el fin del derecho de asilo durante una pandemia global, funcionan como medidas adecuadas para “proteger” la frontera. 

Pero esa estrategia de mano dura pone en peligro a decenas de miles de vidas, y no funciona. Usando la historia reciente como una guía, esta estrategia no solo será repugnante para nuestros valores como nación, pero también no tendrá éxito duradero en detener los flujos migratorios.

Durante décadas, la respuesta predeterminada a los aumentos repentinos en la migración ha sido un refuerzo severo, con la expectativa de “disuadir” a las personas de migrar. Estas medidas parecieron tener éxito a corto plazo, pero a fin de cuentas  fueron seguidas inevitablemente por nuevas crisis. Por ejemplo, las represiones agresivas en el 2014 y 2017 condujeron a reducciones a corto plazo de la migración, sólo para ser seguidos por un aumento constante que causó un número récord de niños y familias solicitantes de asilo en el 2019.

Hoy, mientras el gobierno de Trump despliega la crueldad como un elemento disuasorio deliberado, es importante recordar lo que la historia nos ha enseñado: los flujos migratorios rebotan cuando persisten las causas primordiales. Con que el repunte inevitable se convierta en una crisis humanitaria no depende de la magnitud de la crisis, sino, de la respuesta de los Estados Unidos. 

La caída actual en la migración no es permanente

Como ha pasado anteriormente, la migración repuntara.

Independientemente de la crueldad del gobierno de Trump, la pandemia del COVID-19 ha sido la fuerza impulsora detrás de la disminución de las cifras de migración desde marzo. Las medidas regionales de salud pública que actualmente limitan la movilidad humana (como órdenes de quedarse en casa, toque de queda, cuarentenas, cierre de fronteras y más) se levantarán con el fin de la pandemia. Cuando esto suceda, muchos inmigrantes aspirantes y solicitantes de asilo que no han podido viajar podrían buscar una ruta nuevamente. 

Simultáneamente, los traficantes de personas (los que durante mucho tiempo han infundido esperanza a los inmigrantes centroamericanos y mexicanos y solicitantes de asilo con llegar a Estados Unidos) redoblarán su reclutamiento. Esto sucederá independientemente de quién gane la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de este año. Los traficantes de personas han convencido a cientos de miles de familias y niños centroamericanos que huir aún es una opción a pesar de las crueles acciones del gobierno de Trump. Independientemente de cuáles sean los pasos que tome el próximo gobierno, los contrabandistas continuarán incitando a los posibles migrantes con el argumento de que tienen oportunidades en los Estados Unidos.

Fundamentalmente, el fin de la pandemia en sí presagia un repunte de los niveles de migración. Esto se debe a que las condiciones impulsando a las personas a huir de Centroamérica y México han empeorado como resultado del COVID-19. La pandemia ha exacerbado o expuesto a algunos de los impulsores más poderosos de la migración: pobreza y desigualdad, corrupción, y tendencias autoritarias e inseguridad. Ejemplos incluyen:

  • En Centroamérica y México, los expertos proyectan contracciones económicas y niveles de desempleo históricos. Según las estimaciones del Banco Mundial, las remesas de los Estados Unidos, que a menudo son un elemento vital para las familias centroamericanas y mexicanas en tiempos económicos difíciles, caerán a en un 20 por ciento.
  • Líderes como el presidente Nayib Bukele en El Salvador han aprovechado la pandemia para concentrar su poder. Es probable que las acciones autoritarias, como ordenar a las fuerzas de seguridad que detengan y abusen de aquellas personas que se encuentren rompiendo la cuarentena, están propensos a sufrir un embate desproporcionado en comunidades de bajos recursos.
  • Millones de mexicanos y centroamericanos que siempre han luchado por el acceso a servicios básicos, enfrentan hoy en día desafíos de accesibilidad aún mayores, ya que los esfuerzos para implementar programas de protección social se han visto obstaculizados por la negligencia a largo plazo de los sistemas de salud y la corrupción masiva.
  • En México, la pandemia ha provocado un número récord de homicidios en los últimos meses. En Centroamérica, las reducciones en la violencia y la extorsión en algunas áreas ocultan el control continuo de las pandillas de comunidades enteras.

Cuando se levanten las restricciones de la pandemia, las personas evaluarán su situación económica, la incapacidad o falta de voluntad de sus gobiernos para abordar el control continuo de sus comunidades por parte de los grupos criminales, la persecución política y un aparato de corrupción estatal exprimido que les priva de servicios básicos. Para algunos, los peligros e incertidumbres de la migración son una mejor opción que su dura realidad y la posible muerte en el hogar. Volverán a buscar caminos de protección, muchos con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.

Debido a que el gobierno de Trump ha impuesto políticas crueles de disuasión en la frontera, en lugar de implementar una administración más inteligente, inversiones estratégicas a largo plazo y alianzas en la región, los flujos migratorios regresarán nuevamente.

El gobierno de los Estados Unidos puede elegir manejar la migración en su frontera sur de una manera ordenada y humanitaria 

En vista de un posible repunte de la migración en la frontera entre los Estados Unidos y México posterior al cierre causado por la pandemia y las elecciones, habrá una presión enorme para que los líderes políticos estadounidenses, independiente de los resultados electorales, aborden el asunto. 

Un segundo mandato presidencial de Trump aprovecharía la situación para expandir sus crueles políticas, empeorando la actual crisis humanitaria. Mientras que el plan de inmigración de Joe Biden exige el fin de todas las “políticas perjudiciales de asilo” de Trump, un gobierno entrante de Biden podría verse tentado a actuar lentamente para descartarlos en caso de que la discusión política nacional sea secuestrada por una retórica extrema que desgarre el miedo y deshumanize a los migrantes en la frontera. Un gobierno de Biden también podría enfrentar presión para mantener otras políticas de migración ineficaces de la era de Trump y Obama, como insistir en que los gobiernos de México y Centroamérica desplieguen fuerzas militares y policiales para evitar que las personas lleguen incluso a la frontera entre Estados Unidos y México.

Mantener o no rescindir de inmediato las políticas severas de refuerzo de la frontera sería un error mortal. Estados Unidos es capaz de gestionar grandes cantidades de migrantes de manera humana y respetuosa con los derechos. Cuanto antes los políticos reconozcan que un mayor número de migrantes que solicitan asilo no es una emergencia fronteriza, sino un desafío administrativo, podremos comenzar a implementar políticas innovadoras y prácticas que puedan garantizar la eficiencia de nuestro sistema de asilo y migración. Ya que se reducirá el flujo migratorio y se podrán abordar los problemas subyacentes que llevan a las personas a emigrar y al prevenir la próxima crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos.

La disuasión no funciona. Lo que funciona es gestionar los flujos migratorios

Hay formas más humanas de abordar la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a nuestra frontera. Podemos procesar de manera eficiente y rápida las solicitudes de asilo, reemplazar las prácticas de detención costosas y mortales con alternativas humanas, ampliar la capacidad y garantizar la independencia de nuestros tribunales de inmigración, cooperar con México y otros gobiernos para abordar los flujos migratorios regionales e invertir en los proveedores de servicios de la región y reformadores para abordar las causas principales de la migración.

  1. En lugar de hacer que los solicitantes de asilo esperen en peligrosas ciudades fronterizas de México, se debería desarrollar la capacidad para hacer cumplir la ley y mejorar la eficiencia en los puertos de entrada.Una justificación que el gobierno de los Estados Unidos utiliza para políticas como “Quédate en México” y “medición” es que los puertos de entrada carecen de la infraestructura y la capacidad necesaria, ya sea en espacio para custodia o de personal, para tratar con un gran número de solicitantes de asilo.Pero usar esta justificación como pretexto para estas políticas oculta un grave problema en la frontera: la falta de modernización y eficiencia de nuestros puertos de entrada. Nuestros puertos deben ser modernizados, lo que significa cubrir la falta de personal, que se estima en aproximadamente 4,000 oficiales de CBP, y financiar las necesidades de infraestructura, que se estiman en $5 mil millones. Nuestros puertos fueron diseñados para una realidad que ya no existe, en la que los solicitantes de asilo llegaron en cantidades mucho más pequeñas; ahora necesitan una capacidad de procesamiento dramáticamente ampliada para ser congruentes con la nueva realidad.

    Alguien que teme la muerte en su propio país debería poder acercarse a un puerto de entrada en los Estados Unidos y hacer que su solicitud de asilo se procese de manera ordenada y dentro de 72 horas. No debería haber necesidad de largas esperas en ciudades fronterizas mexicanas. No debe haber ningún incentivo para cruzar entre los puertos de entrada. Deben haber pocos momentos en los que se necesite interactuar con oficiales armados y uniformados de CBP o agentes de la Patrulla Fronteriza, ya que los solicitantes de asilo no representan una amenaza criminal o de seguridad. Una financiación adecuada y la dotación de personal en los puertos de entrada es el primer paso para garantizar un sistema manejable para procesar a los solicitantes de asilo. Durante la gran escala de solicitantes de asilo en regiones problemáticas, la capacidad de los puertos de entrada pueden necesitar ser aumentada por instalaciones de procesamiento más grandes con personal profesional y capacitado en salud mental, trabajo social y trabajo con víctimas de trauma. No hay ninguna razón para encargar a oficiales estatales con el procesamiento del asilo, o el cuidado de los niños y las llegadas de familias, funciones por las cuales reciben poca capacitación.

  2. En lugar de detener a familias e individuos en busca de protección internacional, se debería invertir en alternativas más eficaces y compasivas a la detención.

    Actualmente, una familia o una persona que solicita asilo podría enfrentar una larga estadía en un centro de detención de los Estados Unidos. Rara vez hay una razón convincente para ellos: la administración de asilo puede llevarse a cabo de manera eficiente cuando los solicitantes son liberados en el interior de los Estados Unidos para esperar una audiencia. Detener a quienes buscan protección internacional es
    costoso y dañino. No hay evidencia de que la detención ayude a garantizar que los solicitantes de asilo se presenten a sus audiencias judiciales. En 2019, el 99 por ciento de los solicitantes de asilo no detenidos asistieron a sus audiencias judiciales.Los estudios han demostrado que las alternativas a la detención funcionan. La investigación realizada por las Naciones Unidas encontró que la mayoría de los programas alternativos a la detención alcanzan lograr cumplir el 90 por ciento o más. Bajo un programa alternativo a la detención de los Estados Unidos, que involucra a inmigrantes bajo custodia de ICE, el 97 por ciento de los participantes se presentaron a sus audiencias en los tribunales de inmigración, con servicios de apoyo que cuestan un promedio de $24 al día por persona. Otro programa de Estados Unidos, administrado a fines de la década de 1990, vio al 91 por ciento de los participantes asistir a sus audiencias judiciales.Estas alternativas, que enfatizan el contacto frecuente con los trabajadores sociales, la gestión diligente de los casos y el acceso a asesoría legal, son extremadamente efectivas para contener el riesgo de fuga y tienen una fracción del costo de la detención ($124 por día para adultos y $296 por día para familias, de acuerdo con la última solicitud de presupuesto de ICE).
  3. En lugar de continuar abrumando un sistema de tribunales de inmigración gravado, se deberían hacer inversiones razonables que garanticen la independencia y la capacidad de los tribunales de inmigración.Incluso con alternativas a los programas de detención, los intransigentes de inmigración se oponen a liberar a los solicitantes de asilo al interior de los Estados Unidos porque puede llevar años para tomar decisiones finales en sus casos. Sin embargo, eso no es culpa de los solicitantes de asilo: se debe a otro déficit administrativo que el gobierno de los Estados Unidos debería considerar perfectamente superable. El sistema de tribunales de inmigración enfrenta una acumulación de trabajo masiva y creciente: hay más de 1 millón de casos pendientes en el sistema, y ​​solo 460 jueces están disponibles para escucharlos. Como resultado, en este momento, los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera podrían recibir una notificación para comparecer ante un juez en unos tres años.Reducir el tiempo de espera de los solicitantes de asilo en el interior de los Estados Unidos requiere aumentar la capacidad de los tribunales: más jueces y salas, lo que reduce el número de casos por juez. Esta expansión no es una meta inalcanzable. Su costo sería una fracción de la construcción propuesta del muro fronterizo de Donald Trump, y sería un ajuste de sentido común a la mayor demanda de asilo en un momento de mayor movilidad humana mundial.Más allá de los retrasos, el sistema de tribunales de inmigración tiene otras preocupaciones serias sobre el debido proceso. Además del acceso a asesoría legal, si el reclamo de un solicitante de asilo es aceptado o no, depende en gran parte de qué tribunal escuche su caso. La tasa de éxito del asilo para la corte de inmigración de San Francisco entre el año fiscal 2014 y el año fiscal 2019 es del 70.5 por ciento. En El Paso, la tasa para el mismo período de tiempo es de 5.9 por ciento. Está claro que los jueces de inmigración tienen una enorme influencia sobre el futuro de los solicitantes de asilo. La ubicación de los tribunales de inmigración dentro del poder ejecutivo;el Departamento de Justicia, sujeto a las preferencias políticas de la administración en el poder,es otro punto flagrante de fracaso que debe cambiar.

    Este sistema arbitrario y superpoblado es insostenible. Socava el debido proceso de las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos. Para abordar el atraso y los largos tiempos de espera, Estados Unidos debe priorizar la contratación y capacitación de más jueces y personal de inmigración, sin presionar a los jueces para que tomen decisiones rápidas sobre casos de asilo delicados y complicados. Con el fin de garantizar el debido proceso y la transparencia para los solicitantes de asilo, debemos hacer de los tribunales de inmigración una agencia independiente que no esté comprometida con los nombramientos políticos y ampliar el acceso a asesoría legal para los solicitantes de asilo.

  4. En lugar de presionar a los gobiernos regionales para que apoyen medidas migratorias draconianas, se debería apoyar los valientes esfuerzos de anticorrupción y defender la lucha para mejorar el estado de derecho.El presidente Trump ha recortado cientos de millones de dólares en ayuda crítica a países como El Salvador, Guatemala y Honduras, a menos que acuerden aplicar políticas migratorias draconianas como acuerdos de terceros países “seguros.” También ha intimidado a México para que promulgue medidas represivas contra la migración.Estados Unidos debería restablecer la ayuda a Centroamérica para financiar programas que aborden directamente los impulsores de la migración, incluyendo la corrupción, la pobreza y la violencia. Específicamente, el gobierno de los Estados Unidos debe: priorizar el apoyo a los esfuerzos para combatir la corrupción, focalizar la asistencia para expandir los programas comunitarios basados ​​en la evidencia para reducir el crimen y la violencia juvenil, reintegrar a los jóvenes que buscan dejar la influencia de las pandillas callejeras y los grupos criminales, y proteger mujeres, jóvenes y niños que han sufrido violencia. También se debe respaldar la creación de empleos basada en evidencia y los programas de capacitación laboral que se centren en los jóvenes en riesgo en las comunidades seleccionadas y centrar la financiación relacionada con la seguridad en la capacitación y hacer que las instituciones civiles de aplicación de la ley y la justicia sean más responsables y transparentes. En México, Estados Unidos debería cooperar con México para construir instituciones policiales y de justicia fuertes, efectivas y respetuosas de los derechos que puedan abordar la inseguridad endémica, la violencia y la corrupción en México, y priorizar los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y la protección de los derechos humanos.Nuestro enfoque hacia México y Centroamérica no debe basarse en presionar a los socios regionales para que implementen políticas crueles. Más bien, debería apoyar a la sociedad civil y a los líderes gubernamentales que luchan contra los abusos de  derechos humanos y la corrupción que han empujado a tantos a emigrar.
  5. En lugar de obligar a México a desplegar su Guardia Nacional militarizada para enfrentar a los migrantes, debería ayudar a fortalecer el sistema de asilo desbordado de México.El presidente Trump exigió que México “detenga” el flujo de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos, o se enfrentarán a aranceles. Las autoridades mexicanas reaccionaron tomando medidas enérgicas contra los flujos migratorios. Esta ofensiva incluyó el despliegue de la nueva Guardia Nacional de México en una capacidad de aplicación de la migración. Simultáneamente, el gobierno de Trump también presionó al gobierno mexicano para que expandiera “Quédate en México”, lo que mantiene a los solicitantes de asilo varados en las ciudades fronterizas mexicanas durante meses o incluso años mientras esperan sus audiencias de inmigración en los Estados Unidos.Presionar al gobierno mexicano para que promulgue estas políticas ignora los desafíos reales que enfrenta México como país de destino en crecimiento. La ola de movilidad humana en toda la región no es solo un fenómeno estadounidense: en 2019, la agencia de asilo de México (COMAR) recibió 70.302 solicitudes de asilo, una cifra sorprendente en comparación con las 3.424 solicitudes recibidas en 2015. Aunque las solicitudes de asilo se han disparado, el presupuesto para el sistema de asilo de México en 2020 es de solo $2.35 millones. Incluso con un importante apoyo del ACNUR, el aumento de las solicitudes y la falta de fondos del gobierno han provocado escasez de personal y largos tiempos de espera.

    Programas como “Quédate en México” y la intimidación por parte del gobierno de Trump hacia México para que patrulle agresivamente sus dos fronteras han expuesto a los migrantes a un mayor riesgo a manos de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales. Mientras que el gobierno mexicano debe intensificar sus esfuerzos para investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos contra esta población vulnerable, poniendo un fin a la presión estadounidense sobre México también reducirá algunos de los riesgos que enfrentan los solicitantes de asilo y los migrantes en la frontera y en su viaje.A medida que México se convierte cada vez más en un país de destino, la expansión del sistema de asilo del país es fundamental para garantizar que las aplicaciones de los solicitantes de asilo se procesen de manera justa y rápida y que aquellos que eligen quedarse puedan establecerse en sus nuevas vidas en México.

Preparación para futuros flujos migratorios

Las medidas propuestas aquí no son dramáticas ni caras. Tampoco están diseñadas para ser medidas de modelo único. Quien gobierne los Estados Unidos cuando la crisis del COVID-19 disminuya debe estar seguro de dos cosas. Primero, un repunte en la migración en la frontera probablemente se debe a lo que ya hemos aprendido a través de la historia. En segundo lugar, cuando suceda, Estados Unidos puede manejar el desafío sin drama. La respuesta se encuentre en los puertos de entrada, la capacidad de procesamiento, las alternativas a la detención, los tribunales de inmigración, las causas principales y la cooperación con México.

No podemos predecir el momento exacto o la magnitud de los flujos migratorios del futuro. Pero el aumento de la pobreza, la violencia continua y la corrupción desenfrenada en todo Centroamérica y más allá presagian otro movimiento de personas. El gobierno de los Estados Unidos puede enfrentar ese desafío con políticas humanas y efectivas que enfaticen la gestión de lo que está sucediendo y atacan las causas a largo plazo, sin escalar una serie cada vez más dura de intentos fútiles de disuasión.

Si los Estados Unidos responde de manera dramática y violenta, característica del gobierno de Trump, ejerciendo la máxima crueldad en su frontera sur, seguramente nos espera una nueva crisis humanitaria. Si los legisladores estadounidenses enfatizan el procesamiento, las alternativas a la detención, un sistema de tribunales de inmigración imparcial y capaz, la cooperación regional y el compromiso para ampliar la protección para los solicitantes de asilo, así como los esfuerzos sólidos para apoyar a los defensores de la sociedad civil y los funcionarios gubernamentales comprometidos en Centroamérica, entonces, seremos capaces de abordar la migración en la frontera de una manera que realmente defienda la dignidad humana y al mismo tiempo sea más efectiva.