(AP Photo/Eliana Aponte)
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El 15 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un nuevo código penal que entrará en vigor a mediados de agosto. El nuevo código sustituye al actual -Ley 62 de 1987- y al parecer pretende modernizar el sistema penal cubano tras la aprobación de la Constitución de 2019. Aunque tiene algunas disposiciones positivas, como la clasificación de la violencia doméstica y de género como delitos, y más vías para abordar la discriminación, el nuevo código también hace posible que el régimen limite aún más libertades básicas como las protestas públicas.
El proyecto de código fue redactado por el Tribunal Supremo de Cuba. La falta de transparencia y de consulta pública en torno al proceso sigue siendo motivo de gran preocupación. Esto contrasta con el proceso de redacción y aprobación del Código de la Familia del país, para el que sí hubo consulta y el cual será sometido a referéndum a finales de 2022.
A continuación, cinco preocupaciones importantes sobre el nuevo código penal cubano:
1. Aumentó el número de delitos castigados con la muerte y la cadena perpetua
El nuevo código incluye 24 delitos en los que se puede aplicar la pena de muerte, una cifra mayor a la del código anterior. Los delitos que se castigan con la muerte están relacionados, en su mayoría, con la seguridad del Estado. Entre ellos están la toma de rehenes y los actos contra la seguridad de la navegación marítima, los aeropuertos y los vehículos de aviación.
También se incluye la tortura como delito castigado con cadena perpetua tras la ratificación de la Convención contra la Tortura por parte del gobierno cubano. Queda por ver cómo se aplicará este cargo tras las denuncias de víctimas y de la sociedad civil sobre torturas por parte de funcionarios estatales a los detenidos tras las protestas masivas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021.
Aunque la pena de muerte estaba incluida en el anterior código penal, Cuba tiene una moratoria en su uso y no la aplica desde 2003. Este cambio supone un importante retroceso en los derechos de los acusados de delitos y de los privados de libertad. Además, sitúa a Cuba entre el 30 por ciento de países del mundo que aún aplican la pena de muerte, incluido Estados Unidos, y supone una violación directa del derecho a la vida.
2. Incluye el castigo a personas u organizaciones que reciban financiación extranjera
El artículo 143, que habla de la financiación extranjera, está incluido en la sección del código que se ocupa de las violaciones a la seguridad del Estado y contempla penas de entre 4 y 10 años de prisión. Está dirigido a los individuos que reciben financiación extranjera y que pueden actuar por su cuenta o en nombre de “organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, asociaciones o cualquier persona física o jurídica del país o de un Estado extranjero”. La ley penaliza tanto los fondos públicos como los privados.
La definición que el código hace de “financiación” es extremadamente vaga, lo que podría permitir sancionar arbitrariamente cualquier recurso que de acuerdo con el gobierno tenga como objetivo apoyar o fomentar “acciones contra el Estado o el orden constitucional”. Si se toma en cuenta que el espacio de la sociedad civil en la isla ya es reducido, que el código deje espacio para la interpretación crea riesgos considerables para cualquier persona o entidad que reciba financiación externa (excluyendo las remesas familiares) dependiendo de cómo el gobierno cubano decida perseguir a cualquiera de ellos. Esta adición al código penal también es alarmante porque criminaliza tanto la emisión como la recepción de fondos, y permite a las autoridades perseguir a los cubanos que viven en el extranjero.
3. Impone más limitantes para cuestionar a las autoridades
El artículo 120 del código establece explícitamente que se consideran delitos las acciones que impidan “total o parcialmente, aunque sea temporalmente, el ejercicio de las funciones del Presidente, del Vicepresidente de la República o de los órganos superiores del Estado y del Gobierno”. También tipifica como delito el intento de modificar cualquier aspecto de la Constitución cubana o la forma de gobierno establecida por ella. Esto es una nueva amenaza a cualquier forma de disidencia o expresión pública, ya que el nuevo código considera que el ejercicio de estos derechos (también protegidos por la constitución) es una violación directa al sistema político cubano. Esto podría incluir cualquier forma de reunión o protesta pacífica.
La falta de mecanismos legales para influir, cambiar o enmendar la constitución cubana o para solicitar la destitución de funcionarios públicos ya limita la posibilidad de que el pueblo tenga voz directa en su gobierno. Esta criminalización adicional de las voces disidentes cierra efectivamente la puerta a cualquier oportunidad de cambio desde la organización de base en el país.
4. Criminaliza el uso de las redes sociales
Internet y los canales de las redes sociales, uno de los pocos espacios no gestionados oficialmente por el gobierno cubano, están ahora incluidos en el código penal, que entiende que desde ahí pueden ejercerse acciones que contribuyen a la delincuencia, en particular cuando están relacionadas con organizaciones del crimen organizado transnacional.
Aunque el nivel de actividad delictiva organizada transnacional en el país es limitado, preocupa que las autoridades puedan utilizar esta disposición para restringir las comunicaciones y la actividad de los activistas en línea.
5. El feminicidio no está contemplado a pesar de la inclusión de otros delitos por razón de género
Uno de los aspectos a destacar de este código es la inclusión de los delitos por razón de género, entre ellos la violación y la agresión sexual. Según un análisis de Yo Sí Te Creo, una plataforma creada para apoyar a las mujeres víctimas de la violencia en Cuba, la estructura del código también elimina la discriminación por razón de género y orientación sexual de una manera que el código anterior no lo hacía. El artículo 344 del nuevo código designa penas de prisión de entre 20 y 30 años para el asesinato “por discriminación de género” o cuando una mujer es asesinada como resultado de la violencia de género.
Sin embargo, un acto de violencia clave no está incluido en el artículo 344: el feminicidio, que se menciona explícitamente en ninguna parte de la legislación a pesar de que varias organizaciones feministas de la isla abogan activamente por su inclusión como delito independiente. Los expertos de Naciones Unidas del Comité contra la Tortura también mencionaron la necesidad de incluir el feminicidio para proporcionar una “protección adecuada” a las mujeres.
Yo Sí Te Creo registró 34 feminicidios en 2021.
