Pronunciamiento de WOLA
WOLA ha recibido varios reportes preocupantes acerca del incremento de amenazas de muerte e incidentes de seguridad contra activistas defendiendo el proceso de paz y los derechos territoriales, laborales y civiles de la comunidad afrocolombiana. El 12 de enero, la ex senadora afrocolombiana Piedad Córdoba, quien participó recientemente en una delegación de víctimas para visitar la mesa de negociaciones de paz en Habana, Cuba, recibió una amenaza de muerte en forma de un ramo funerario. Las amenazas parecen provenir de un grupo paramilitar, Águilas Negras, quienes han estado enfocándose en las personas quienes apoyan el esfuerzo para la paz.
Mientras tanto, el personal de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), quienes acompañan varios procesos pacíficos y quienes también abogan para los derechos de los afrocolombianos y personas en las zonas humanitarias en Curvaradó/Jiguamiandó y Buenaventura, están siendo negados medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a pesar de que su situación de riesgo a aumentado debido a recientes decisiones legales a favor de dichas comunidades que ellos representan legalmente.
El 4 de enero, Francia Márquez y Lisifrey Ararat, activistas en contra de la minería ilegal de oro en los territorios afrocolombianos de Suarez y Buenos Aires, Guachane y Santander de Quilichao, localizados en el norte de Cauca, fueron obligados a abandonar sus hogares debido a la intimidación causada por grupos armados ilegales. A pesar de que estos activistas y otros de la Toma han estado bajo amenazas por tres años, su seguridad ha empeorado ya que las autoridades nacionales no han cumplido con los acuerdos hechos con estas comunidades el día 11 de diciembre. Estos acuerdos se crearon gracias a que un grupo de mujeres afrocolombianas marcharon desde la Toma hasta Bogotá en el mes de noviembre para llamar la atención a las operaciones ilegales mineras en sus territorios. La falta de respuesta inicial de las autoridades condujo a las mujeres a protestar pacíficamente en la oficina del Ministerio del Interior. Como resultado de dicha protesta, el gobierno decidió tomar una serie de acciones de las cuales aún no ha implementado en el 98 por ciento.
En la municipalidad de Villa Rica, Cauca, dos hombres armados hirieron a Jesús Enrique Cabezas, el chofer de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (UOAFROC). El señor Cabezas recibió tres balazos en la cabeza y continúa críticamente herido. Los miembros de la UOAFROC fueron declarados objetivos militares por el grupo paramilitar Los Rastrojos debido a su trabajo defendiendo los derechos territoriales de los afrocolombianos contra la extracción ilegal de recursos naturales.
Luis Ernesto Olave Valencia se ha convertido en el objetivo de amenazas públicas y privadas debido a su rol en la defensa de los derechos políticos afrocolombianos en el famoso caso de las curules afrocolombianas. En este caso, dos personas que no son afrodescendientes, y quienes tienen conexiones con redes políticas paramilitares, están intentando usurpar sillas del Congreso que están especialmente designadas para la comunidad afrocolombiana.
La mayoría de los trabajadores de la Unión Portuaria afrocolombiana continúan enfrentando amenazas de muerte, condiciones laborales inhumanas, incidentes de discriminación racial y retaliaciones por querer obtener contratos directos con las compañías portuarias, a pesar de los cambios que fueron prometidos por Colombia y los Estados Unidos dentro del Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos. Trabajadores portuarios en Turbo (quienes pueden trabajar solo si primero aceptan firmar un contrato temporal) son forzados a trabajar turnos de 96 horas consecutivas. Estos trabajadores no reciben pago por horas extras y también son negados poder tomar descanso. En Buenaventura, un puerto comercial de mayor importancia para el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, se les niega representación sindical a los trabajadores. En este momento, los operadores del puerto están presionando alrededor de 200 trabajadores para que abandonen el sindicato y también están negándoles a más de 600 trabajadores sus pensiones.
En las situaciones detalladas arriba, los responsables de amenazas de muerte, violencia, e intimidación continúan actuando con impunidad ya que nadie ha sido investigado o sancionado por sus acciones. La situación de la protección civil se ha deteriorado debido a las crisis recientes y la actual transición de liderazgo dentro de la UNP. Estas últimas situaciones han causado respuestas inadecuadas por parte de la UNP a estas emergencias. Fue ella la que causó la disminución y, en algunos casos, la descontinuación de medidas de protección para individuos en los casos mencionados. WOLA le urge a las autoridades estadounidenses y colombianas que implementen las condiciones de derechos humanos existentes vinculadas a la asistencia militar que recibe Colombia de los EEUU y que cumplan con las promesas delineadas dentro del Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos.