(Foto AP/Christian Chavez)
(Foto AP/Christian Chavez)
Hace un año, los Estados Unidos y México firmaron un acuerdo migratorio que ha empeorado el desastre humanitario en la frontera EE.UU.-México y en el sur de México.
Bajo el pacto, México acordó desplegar su recién creada Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte, tomar medidas enérgicas para detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos y permitir la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, conocido como “Quédate en México”), obligando a miles de personas solicitantes de asilo a esperar en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas para sus audiencias de asilo en los Estados Unidos.
En el futuro, es probable que estas políticas perjudiciales y caóticas perduren bajo el falso pretexto de que sean necesarias para contener una mayor propagación del pandemia COVID-19 y para evitar flujos migratorios masivos a los Estados Unidos.
Las personas migrantes y solicitantes de asilo no son los responsables de la pandemia. La culpa radica en pruebas insuficientes, una respuesta lenta y una coordinación deficiente por parte de ambos gobiernos federales. Si los Estados Unidos continúa aplicando políticas migratorias xenófobas e ilegales, y si México continúa actuando como un muro virtual para las personas migrantes y solicitantes de asilo, no se dará lugar a mejores protecciones contra COVID-19. En cambio, el trato brutal a las personas migrantes y solicitantes de asilo continuará creando situaciones que exacerban los riesgos para la salud pública, fomentan la confusión e incertidumbre y ponen en peligro a quienes ejercen su derecho a buscar protección.
Según el acuerdo migratorio del 7 de junio de 2019—que se dio lugar después de que el Presidente Donald Trump publicó tuits que amenazaron imponer aranceles punitivos a todos los bienes mexicanos importados—México se comprometió a aumentar la aplicación de la ley migratoria y permitir la expansión del MPP en toda la frontera EE.UU.-México. A su vez, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a continuar trabajando con México y contrapartes regionales e internacionales para abordar las causas fundamentales de la migración de Centroamérica.
El impacto de este acuerdo ha incluido:
En los meses posteriores al acuerdo, México detuvo a un número récord de personas, según los datos oficiales disponibles. El aumento en detenciones género muchos informes que denunciaron las acciones de autoridades que habían llevado a cabo detenciones y detenciones de personas migrantes sin el debido proceso, un problema que ha intensificado durante la pandemia de COVID-19.
Los operativos contra personas migrantes resultaron en meses de hacinamiento peligroso en las estaciones migratorias mexicanas, lo que obligó a las personas migrantes a viajar a través de rutas más remotas donde son más vulnerables al crimen y el abuso. El despliegue de la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad federal militarizada, para participar en la aplicación de la ley migratoria—una función para la cual los guardias tenían poca o ninguna capacitación—dio lugar a múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de asilo vulnerables.
La historia muestra que este enfoque de mano dura puede resultar en una disminución temporal de la migración regional, pero al final de cuentas, los traficantes de migrantes no detienen sus operaciones. Y aunque la pandemia de COVID-19 está teniendo un gran impacto en la movilidad y la migración en todo el mundo, no ha detenido por completo el movimiento de personas que buscan huir de la violencia y las condiciones peligrosas, según las Naciones Unidas.
Las restricciones migratorias y la recesión económica provocadas por el COVID-19 no significan que las tendencias migratorias se detendrán a largo plazo; de hecho, predecimos un aumento en la migración a medida que los gobiernos comiencen a levantar las restricciones. Esto hace que sea aún más urgente que tanto los Estados Unidos como México se alejen de las políticas migratorias que ponen en riesgo a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que limiten su capacidad de buscar protección.
La expansión del MPP bajo el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, puso en peligro a decenas de miles de personas solicitantes de asilo. Según Human Rights First, hasta mayo de 2020, ha habido al menos 1,114 casos que han sido reportados públicamente de asesinato, abuso sexual, tortura, secuestro y otros asaltos violentos contra personas solicitantes de asilo obligadas a esperar en México para sus audiencias migratorias en los Estados Unidos.
El gobierno mexicano permitió la expansión del programa a pesar de que 2019 fue el año más violento registrado en México. Algunas de las ciudades fronterizas mexicanas que aceptan retornos de personas solicitantes de asilo de los Estados Unidos se encuentran entre las más violentas del mundo. Según una estimación realizada por grupos de derechos humanos en enero de 2020, las autoridades estadounidenses han regresado unas 27,500 personas solicitantes de asilo a la región de Tijuana-Mexicali. Tijuana fue la ciudad más violenta del mundo el año pasado, según una clasificación anual realizada por una organización mexicana de investigación. Ciudad Juárez, donde el gobierno estadounidense ha enviado al menos 18,000 personas migrantes no mexicanas a esperar sus audiencias de asilo, se ubica como la segunda ciudad más violenta del mundo, según el mismo estudio.
Al expandir el MPP bajo el acuerdo migratorio—lo que resultó en la proliferación de campamentos de migrantes superpoblados con malas condiciones sanitarias en las ciudades fronterizas mexicanas—los gobiernos de México y los Estados Unidos crearon las condiciones para un posible desastre de salud pública en el contexto de la pandemia COVID-19. Ya se ha informado de brotes del virus en la casa del migrante más grande administrado por el gobierno mexicano en Ciudad Juárez y en otras casas del migrante en ciudades fronterizas mexicanas.
En combinación con las otras políticas migratorias dañinas que el gobierno de Trump ha impuesto bajo el pretexto de la pandemia COVID-19—como expulsar rápidamente a las personas migrantes mexicanas y centroamericanas que llegan a los Estados Unidos y prohibir casi por completo el asilo en la frontera—el MPP ha intensificado la incertidumbre total que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo que actualmente están atrapados en el limbo en las ciudades fronterizas mexicanas. En lugar de un proceso de migración y asilo ordenado y bien regulado, muchas personas migrantes y sus abogados enfrentan una falta de claridad sobre cuándo deben presentarse para sus audiencias migratorias en los Estados Unidos.
El cumplimiento de México con las demandas del gobierno de Trump de endurecer su frontera sur e imponer una aplicación de la ley migratoria más restrictiva puso al sistema de asilo de México al borde de colapso.
En 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 70,302 solicitudes de asilo, más del doble del número recibido en 2018. Entre enero y mayo de 2020, la agencia de refugiados recibió otras 19,211 solicitudes. Si bien el gobierno mexicano ha tomado algunas medidas para fortalecer su sistema de asilo, COMAR sigue sin el personal y recursos necesarios, lo que ha resultado en una acumulación alarmante de casos no resueltos.
En marcado contraste con los Estados Unidos, COMAR ha continuado recibiendo solicitudes de asilo durante la pandemia, pero ha dejado de procesar casos. Esto ha aumentado el tiempo que las personas solicitantes de asilo tienen que esperar a que se resuelvan sus casos, a menudo en condiciones precarias en ciudades sureños de México que están mal equipadas para apoyar a las personas solicitantes de asilo o para garantizar que tengan un acceso adecuado a los servicios de salud pública.
En 2019, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Guardia Nacional para asumir todas las funciones policiales federales en México.
En este papel, la Guardia Nacional es responsable de combatir a los grupos de crimen organizado y llevar a cabo otras tareas policiales, como proteger los oleoductos hasta revisar mochilas en el metro de la Ciudad de México y apoyar investigaciones criminales de homicidios u otros delitos a nivel estatal. Aunque la Guardia Nacional se estableció como una fuerza civil bajo el liderazgo civil, en la práctica la fuerza está equipada, financiada y dirigida casi por completo por las fuerzas armadas de México.
Gracias en parte a la presión del gobierno de Trump, el gobierno mexicano ha desviado un gran parte del personal y los recursos de la Guardia Nacional de sus funciones principales de seguridad para que los guardias puedan desempeñar un papel en las operaciones migratorias, en ocasiones con resultados violentos. La mayoría de los miembros de la Guardia Nacional provienen de las fuerzas armadas, y la aplicación de la ley migratoria tradicionalmente no es un área que deba involucrar a soldados, dadas las preocupaciones por posibles violaciones a los derechos humanos y la falta de capacitación de los militares para interactuar con poblaciones vulnerables.
Según el acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México de junio de 2019, el presidente López Obrador adoptó el papel de México como agente de inmigración, muy lejos del enfoque humanitario que promovió durante los primeros meses de su gobierno.
La pandemia de COVID-19 ha intensificado el enfoque anti-inmigrante y anti-asilo del gobierno de Trump, y una vez más, el gobierno de México no ha protestado. En marzo, bajo el pretexto de la pandemia, los agentes estadounidenses comenzaron a enviar a las personas migrantes centroamericanas detenidas en la frontera sur de regreso a las ciudades fronterizas mexicanas en lugar de su país de origen, exponiéndoles a riesgos adicionales. Y México aceptó admitirlas. Este enfoque va en contra de las recomendaciones de los expertos de salud pública, quienes han señalado las formas en que es posible (y más sensato, desde una perspectiva de salud pública) aplicar políticas que defiendan el derecho a migrar y solicitar asilo en medio de la pandemia.
No tiene que ser así. El gobierno de Trump no debe usar COVID-19 como pretexto para profundizar las duras políticas de aplicación y anti-asilo reflejadas en el acuerdo migratoria entre los Estados Unidos y México, o para promover otras políticas migratorias xenófobas e ineficaces. Por su parte, en vez de ser una mera extensión de las políticas migratorias del gobierno de Trump, el gobierno mexicano debe cambiar de rumbo y realizar acciones para proteger, en vez de poner en peligro, los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Para más información sobre el impacto del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México de 2019, consulte:
