WOLA/Sergio Ortiz Borbolla
WOLA/Sergio Ortiz Borbolla
La ampliación del Título 42 para permitir la expulsión a México de ciudadanos y ciudadanas de Cuba, Nicaragua y Haití, anunciada hoy por el presidente Biden, impedirá la entrada en el país de muchas personas migrantes en busca de protección y seguramente pondrá en peligro a muchas de ellas.
Entre otras medidas para hacer frente a la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a la frontera entre Estados Unidos y México, el presidente Biden también anunció la extensión de un programa de permiso humanitario para personas de esas nacionalidades que tengan un patrocinador radicado en Estados Unidos y la documentación adecuada.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia expresaron su intención de emitir una propuesta de norma por la que las personas migrantes que no entren por una vía legal, incluido el programa de permiso humanitario, o que no busquen primero protección en otro país por el que hayan transitado, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos. Esta medida recuerda a anteriores prohibiciones de asilo por “prohibición de tránsito”, incluida una iniciativa de la administración Trump de 2019, que ya han sido declaradas ilegales.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) está consternada porque en su afán por reducir el número de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos en busca de protección, el gobierno de Biden ha vuelto a negociar con México la ampliación de un programa que un juez federal estadounidense ya había dictaminado que viola “arbitraria y caprichosamente” las leyes de Estados Unidos, y que no tiene ninguna base en cuestiones de salud pública. El programa también ha provocado más de 13.000 delitos contra migrantes a quienes se ha impedido la entrada en Estados Unidos o se ha expulsado a México durante la administración Biden, según organizaciones de derechos humanos.
El DHS comenzará el nuevo proceso de permiso humanitario para personas de Nicaragua, Haití y Cuba, mientras continúa con el programa para venezolanos que se anunció en octubre de 2022. El DHS anunció que admitirá a 30.000 personas de estos cuatro países al mes.
El gobierno mexicano también ha aceptado recibir a 30.000 personas migrantes expulsadas de Estados Unidos procedentes de estos países al mes, además de seguir recibiendo a sus propios ciudadanos y a los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador que sean expulsados en virtud del Título 42.
Aunque la ampliación de las vías legales para un número selecto de personas es un buen paso, el número mensual de admisiones sigue siendo limitado teniendo en cuenta que más de 134.000 personas ciudadanas de Nicaragua, Cuba y Haití fueron encontradas en la frontera en octubre y noviembre de 2022. Como ocurrió con el anuncio del programa de permiso humanitario para Venezuela, el DHS declaró que “Las personas que ingresen a los Estados Unidos, México o Panamá sin autorización después del anuncio de hoy generalmente no serán elegibles para estos procesos.” Esto dejará a miles de personas migrantes varadas en la ruta y supondrá una carga adicional para esos países.
En esencia, el nuevo programa de permiso humanitario, además de proporcionar sólo un permiso temporal para residir en Estados Unidos, establecería un doble sistema de inelegibilidad para las personas que soliciten asilo: se denegaría el acceso al asilo a las personas de países elegibles que no puedan utilizar el programa de permiso humanitario, y el programa de permiso humanitario quedaría restringido a quienes cumplan ciertos requisitos y se cerraría a quienes hayan cruzado las fronteras sin autorización.
WOLA fue testigo de los efectos de este modelo sobre la personas venezolanas en la frontera entre Estados Unidos y México en noviembre de 2022, donde hablamos con docenas de familias, algunas viviendo en campamentos insalubres, que estaban varadas sin ninguna vía legal para buscar protección. Desde diciembre, han surgido nuevos campamentos en Matamoros, Reynosa y Tapachula, ciudad fronteriza del sur de México.
Al mismo tiempo, mientras el Título 42 siga en vigor, las personas solicitantes de asilo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras seguirán viendo seriamente limitada su capacidad de buscar protección en Estados Unidos, mientras que las personas migrantes de otras nacionalidades podrán seguir siendo admitidas.
El aumento de las vías legales fuera del sistema de asilo es esencial, como lo es el anuncio de la administración de que triplicará a 20.000 el número de refugiados de América Latina y el Caribe que Estados Unidos admitirá en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. La cooperación continua con otros países de la región a través del marco establecido en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección también es vital. No obstante, ninguna de estas medidas puede sustituir el derecho a solicitar asilo en la frontera estadounidense, que durante décadas ha sido un elemento básico de la ley de migración de Estados Unidos.
El anuncio de hoy presenta un sistema que, además de proporcionar únicamente un permiso temporal para residir en Estados Unidos, impedirá a las personas más vulnerables acceder a protección. El derecho a solicitar asilo, consagrado en la legislación estadounidense e internacional, se basa en el entendimiento de que una persona obligada a huir de su hogar debido a la persecución tiene derecho a la protección sin tener que cumplir requisitos adicionales como los esbozados hoy.
Mientras el Título 42 u otras políticas de bloqueo del asilo cierren la frontera entre Estados Unidos y México al asilo, miles de personas no tendrán una vía legal para ponerse a salvo. Las políticas estadounidenses les obligarán a tomar rutas migratorias peligrosas y ocultas, donde es más probable que sean presa de secuestradores, extorsionadores, depredadores sexuales y funcionarios corruptos de migración y de las fuerzas del orden. Como ha demostrado la experiencia del Título 42, estas políticas tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones negra e indígena.
La ampliación de las expulsiones a México en virtud del Título 42 es la última de una larga serie de políticas fronterizas estadounidenses que violan derechos y que el gobierno de México ha aceptado. En los últimos años, México ha recibido a miles de personas expulsadas a través de su frontera norte en virtud del Título 42 sin la oportunidad de solicitar asilo; ha participado en el ya desaparecido programa “Permanecer en México“, en virtud del cual se obligaba a las personas solicitantes de asilo a esperar en México durante sus casos de asilo en Estados Unidos; y ha participado en expulsiones en cadena de migrantes y solicitantes de asilo a otros países sin la oportunidad de acceder a protección. El gobierno mexicano también ha impuesto requisitos de visado a varias nacionalidades sudamericanas a petición de Estados Unidos, y ha desplegado tropas militares en sus fronteras para bloquear la migración. Los miles de ataques denunciados contra familias y personas expulsadas a México en virtud del Título 42 demuestran cómo el mantenimiento y la ampliación de las expulsiones aumentan el peligro al que se enfrentan las personas solicitantes de asilo.
Lejos de combatir el contrabando de personas y el crimen organizado en la frontera, estas acciones de los gobiernos estadounidense y mexicano ponen a las personas solicitantes de asilo en manos de grupos criminales que esperan aprovecharse de ellas. En muchos casos, los delincuentes organizados esperan en los mismos lugares donde se llevan a cabo las expulsiones. Tampoco está del todo claro cómo pretende México atender la seguridad y otras necesidades de otras 30.000 personas expulsadas al mes en su territorio.
WOLA reconoce la necesidad de aumentar las vías legales para la migración y de mejorar la cooperación para abordar los actuales flujos migratorios a nivel regional. Sin embargo, las medidas para restringir aún más el acceso al asilo en la frontera de EE.UU., y para externalizar las funciones relacionadas con la migración y la protección a México y otros lugares, sugieren que en lugar de trabajar para crear un sistema de recepción en la frontera que respete los derechos, la administración Biden sigue dando prioridad a la aplicación de la ley y a la disuasión a expensas de la seguridad y el bienestar de las personas migrantes vulnerables que buscan protección.
