¿Agentes de Seguridad Nacional a Guatemala? Hemos visto esto antes. No funciona.

Los periodistas del Washington Post Nick Miroff y Kevin Sieff revelaron que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrían desplegarse pronto a Guatemala para ayudar a las fuerzas de seguridad locales a detener la migración. «Al menos varias docenas» o «alrededor de 80» agentes e investigadores, de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), «trabajarán como ‘asesores’ para la policía nacional de Guatemala y las autoridades de migración, y el objetivo es interrumpir e interceptar las operaciones de contrabando de personas.» Las fuentes de los reporteros del Post «esperan que el esfuerzo corte las rutas a los Estados Unidos e impida que los migrantes comiencen sus viajes hacia el norte a través de México».

Este nuevo despliegue puede ser de mayor escala, pero no es dramáticamente diferente de lo que los departamentos de Seguridad Nacional de las administraciones Obama y Trump habían intentado en Guatemala durante los últimos años, sin ningún éxito duradero. Algunos ejemplos:

• Agentes y analistas especiales han estado estacionados durante mucho tiempo en la Oficina del Agregado de ICE en la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Esta oficina tuvo un aumento de su personal en 2017, de acuerdo con el testimonio de quien en ese entonces era el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
• En 2016, según un testimonio de ese año, ICE estaba «en el proceso de expandir su presencia de DLO [Oficiales de enlace de deportación]» en su oficina en Guatemala.
• Los agentes de ICE crearon y acompañaron una Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) en Guatemala. Según un testimonio de 2016 de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, «las TCIU están compuestas por oficiales extranjeros de aplicación de la ley, oficiales de aduana, agentes de inmigración y fiscales que se someten a un estricto proceso de investigación de antecedentes, y además completan un requisito previo de un curso de tres semanas de Entrenamiento de Agentes del Grupo Operativo Internacional (ITAT) en el Centro Federal de Capacitación para la Aplicación de la Ley (FLETC). Al finalizar el entrenamiento, los miembros de TCIU trabajan junto con ICE para investigar amenazas importantes.» El TCIU de Guatemala se amplió en 2015, explica la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO).
• Desde el 2015, los agentes de ICE que trabajan con TCIU en Guatemala han llevado a cabo de vez en cuando la «Operación Ciudadela», que contribuyó al «desmantelamiento de varias organizaciones criminales transnacionales de gran escala involucradas en el contrabando de personas», según testimonio de HSI de 2016. En 2017, el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses amplió su cooperación con la Operación Ciudadela, de acuerdo con testimonio de su comandante.
• «Las autoridades de las naciones socias en América Central, incluidos los servicios de inmigración y la policía fronteriza, recopilan datos biométricos en cooperación con los TCIU y mediante el Programa de Alerta de Identificación Biométrica para la Migración Transnacional (BITMAP) de ICE», según testimonio de DHS de 2016. «El país anfitrión posee los datos biométricos y comparte la información con ICE para la inteligencia y detección».
• CBP, de acuerdo con un testimonio de la agencia de mayo de 2018, “lleva a cabo un entrenamiento sobre interdicción de fronteras internacionales, coordinada y financiada por el Departamento de Estado” en Guatemala a través de su División de Asistencia Técnica Internacional en Asuntos Internacionales. «Estos cursos brindan dirección para múltiples aspectos de la seguridad fronteriza, incluyendo la focalización y la gestión de riesgos, la interdicción, el contrabando, las metodologías de búsqueda, el análisis, la aplicación de caninos, y la identificación y detección de narcóticos».
• CBP e ICE se encontraban entre las agencias (incluyendo la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) financiada por el Departamento de Estado, y la Policía Nacional de Colombia) que capacitaron a 4,600 policías guatemaltecos solo en 2017, según la GAO.

Estos despliegues y operaciones, obviamente, no lograron el objetivo declarado de disminuir la migración. Fracasaron porque en las 600 millas de la frontera de Guatemala con México se puede cruzar fácilmente en docenas de sitios formales e informales. Fracasaron porque Guatemala, a diferencia de, digamos, Alemania del Este, no impide que los ciudadanos salgan de su territorio. Fracasaron porque los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza, y los traficantes que les cobran miles de dólares por el viaje, son expertos en evitar la captura. Fracasaron porque buscar asilo, como hacen decenas de miles de niños y padres guatemaltecos cada mes, no es un acto ilegal.

También fracasaron porque la corrupción impune dentro de las fuerzas de seguridad e inmigración guatemaltecas y mexicanas trabaja en beneficio de los contrabandistas, socavando los esfuerzos de los agentes de Seguridad Nacional y sus contrapartes. Y en Guatemala, donde el gobierno está cerrando la puerta a la CICIG, un organismo internacional de investigación muy admirado, el problema de la corrupción está empeorando, aún mientras llegan más agentes de EE.UU.

No hay razón para creer que 80 agentes, que llevan a cabo una misión similar a una escala un poco más grande, pueden hacer una gran diferencia. Seguramente capturarán a algunos «coyotes» de rango inferior, y evitarán que algunas desafortunadas familias se vayan. Pero la desesperación de los migrantes y la sofisticación de los contrabandistas de nivel superior permanecerá intacta. Y la corrupción continuará eliminando ganancias siempre que no haya rendición de cuentas y castigo para los que sigan participando. Los oficiales del DHS pueden hacer poco, por ejemplo, acerca de los funcionarios mexicanos de los puestos de control de carreteras que cobran cuotas por pasaje, como relató en abril en The Guardian la periodista Sarah Kinosian, quien encontró que «los autobuses normalmente pagan alrededor de $2.600 en cada uno de los cinco puntos de control. En el estado fronterizo de Sonora, deben pagar otros $20.000 ($500 por persona) a los grupos del crimen organizado».

El Departamento de Seguridad Nacional no es la única agencia estadounidense de aplicación de la ley con años de trabajo en Guatemala. La Administración de Control de Drogas (DEA) ha tenido una presencia investigativa y operativa durante décadas. El Programa de Asistencia y Capacitación para el Desarrollo de la Fiscalía Extranjera del Departamento de Justicia (OPDAT) llevó a cabo una operación contra las pandillas llamada Operación Escudo Regional en 2017, según testimonio del Departamento de Estado de 2018. Las Fuerzas de Tarea Transnacionales Antipandillas (TAG) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), un programa que comenzó en El Salvador en 2007, están «dirigidas por agentes del FBI que lideran equipos de policías y fiscales nacionales que han pasado por investigaciones de sus antecedentes», según testimonio del FBI de 2017, y «coordina con los agregados jurídicos del FBI asignados a esas regiones y con la División de Operaciones Internacionales de la oficina». El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade de Florida también ha contribuido con el entrenamiento policial en Guatemala, según la GAO.

Las fuerzas armadas de los EE. UU. tienen aún más presencia en Guatemala que el Departamento de Seguridad Nacional.

• A partir de 2013, el Comando Sur de los Estados Unidos construyó bases, entregó vehículos y equipo, y contribuyó con el entrenamiento de las Fuerzas de Tarea Interagenciales (IATF): unidades combinadas de ejército, policía, y fiscalía ubicadas en las zonas fronterizas de Guatemala. Los vehículos de las IATF eran mal usadas en fines de agosto de 2018 cuando hubo una amenazante demostración de fuerza contra la sede de la CICIG y la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Guatemala, lejos de las fronteras. El incidente contribuyó a una suspensión de la asistencia militar de los EE. UU. a las IATF más de seis meses después, en marzo de 2019.
• Dentro del marco de la «Fuerza de Tarea Marina de Propósito Especial Aéreo-Terrestre del Comando Sur«, decenas de infantes de marina estadounidense se han desplegado en Guatemala durante varios meses cada año desde 2014, participando en respuesta a desastres naturales y, según un comunicado del Comando Sur de 2016, «llevando a cabo capacitación y compromisos de cooperación de seguridad que se adaptan a las necesidades de cada país socio». Otra declaración de 2016 explica: «Después de que el despliegue actual llegue a su fin, nuevos equipos llegarán para ayudar a continuar fortaleciendo las capacidades donde los equipos anteriores terminaron».
• El componente de Fuerzas de Operaciones Especiales del Comando Sur ayudó a Guatemala a crear una unidad de Fuerzas Especiales Navales para llevar a cabo la interdicción marítima de droga, según testimonio en 2016. El comandante del Comando Sur afirmó este año que la unidad de las Fuerzas Especiales Navales de Guatemala «ahora se encuentra entre las unidades de interdicción marítima más competentes y con mayor capacidad de respuesta de Centroamérica».
• La Operación Hornet del Comando Sur, según testimonio en 2018, «ilumina la actividad de la red de amenazas a lo largo de la frontera Guatemala-México, y ha llevado a la identificación de 36 organizaciones ilícitas hasta hoy en día, muchas de ellas con vínculos en América Central y México».
• El mismo testimonio habla sobre la Operación «Juntos hacia Adelante», en la que «los soldados de EE. UU. trabajan con contrapartes en Guatemala, Honduras, y El Salvador para mejorar la colaboración transfronteriza contra las redes de amenazas».
• En 2015, el comandante del Comando Sur informó de que las operaciones respaldadas por el Ejército de los EE. UU. «contribuyeron a la interrupción de las redes de TCO [organizaciones criminales transnacionales] especialmente en Honduras y Guatemala.»

Estos esfuerzos no han dejado gran marca en contra del el tráfico de migrantes o narcotraficantes de Guatemala, y fuentes gubernamentales y legislativas han indicado a WOLA de que el esfuerzo de las «Fuerzas de Tarea Interagenciales» está actualmente moribundo.

Aún así, más personal militar de los Estados Unidos podría estar en camino. «El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala», dice una carta de abril al presidente Trump de parte de un miembro demócrata del Congreso de Texas, Vicente González. «Si usted desea ver menos aprehensiones en la frontera entre EE. UU. Y México, lo alentaría a que considere seriamente la oferta del presidente Morales». El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ahora está negando que hizo esta solicitud, y que el personal militar de los Estados Unidos que se encuentra actualmente en Guatemala está llevando a cabo lo último de una serie de ejercicios humanitarios regulares de 20 años de duración.

Independientemente de cómo se vean los nuevos despliegues—ya sea de oficiales de aplicación de la ley o de militares—es poco probable que haga una gran diferencia en la migración o el flujo de drogas. Como lo demuestran las largas listas de implementaciones aquí, el gobierno de EE. UU. ha intentado esto antes, repetidamente, durante los últimos años. Sin embargo, la migración y los flujos de drogas han aumentado.

Al fin, no hay sustituto para una estrategia de «causa raíz». Una que trabaja pacientemente con reformadores e innovadores, tanto dentro como fuera del gobierno, para erradicar la corrupción, proteger a las personas amenazadas, hacer que las instituciones respondan de mejor manera a los ciudadanos, y crear oportunidades de educación y emprendimiento.

En cambio, la administración de Trump está inclinándose hacia el envío de 80 agentes de DHS a las áreas fronterizas, a la misma vez que reduce a cero toda la asistencia de «causa raíz». Eso es absurdo, y está condenado al fracaso.