AP Photo/Marco Ugarte

14 Dec 2017 | Análisis

Al validar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la Ley de Seguridad Interior empeorará abusos de los derechos humanos y perjudicará la transparencia

* El 15 de diciembre, el Congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior y la turnó al Presidente Enrique Peña Nieto, quien promulgó la ley el 21 de diciembre. 

El jueves 30 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto la Ley de Seguridad Interior (LSI) y la envió al Senado para votación. Debido a críticas y presión de la sociedad civil, personas expertas en derechos humanos y seguridad, y organismos nacionales e internacionales, el 8 de diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al Senado para abrir espacios para dialogar con organizaciones de la sociedad civil para poder considerar sus preocupaciones sobre la ley antes del voto. A pesar de ello, el Senado mexicano todavía busca aprobar la LSI mañana para luego enviarla de nuevo a la Cámara de Diputados para su aprobación final antes del cierre del periodo de sesiones el viernes 15 de diciembre.

Si se aprueba, la LSI militarizaría aún más la seguridad pública en México y limitaría la supervisión civil de las fuerzas armadas, permitiendo a los militares actuar en situaciones que supuestamente pongan en peligro la “seguridad interior del país”. En su versión actual, la ley no prevé el retiro paulatino de las fuerzas armadas de funciones de seguridad pública. Cuanto más el gobierno mexicano depende de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, menos incentivo tendrá para fortalecer y profesionalizar las fuerzas de seguridad civiles que son responsables de la seguridad pública.

En este contexto, es importante recordar que el ejército y la policía no son intercambiables. Las fuerzas armadas están entrenadas para situaciones de combate en las que se usa la fuerza para oprimir a un enemigo armado. Por el contrario, la policía es un cuerpo civil, entrenado para manejar amenazas a la seguridad pública usando la menor cantidad de fuerza posible y para combatir delitos con la cooperación de la población.

La decisión que tomó el gobierno mexicano en 2006 de desplegar las fuerzas armadas a lo largo del país para patrullar las calles y combatir el crimen organizado ha tenido resultados muy claros. Once años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 10,000 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por soldados mexicanos y ha emitido más de 140 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas por graves violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y el uso indebido de la fuerza, entre otras.

Más de una década después de lo que originalmente fue presentado como una medida “temporal”, y a pesar del aumento de la violencia y las persistentes acusaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, los militares continúan participando en tareas designadas para las fuerzas de seguridad civiles. En detrimento de los derechos humanos, la Ley de Seguridad Interior amenaza expandir y formalizar la participación de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública.

Entre las preocupaciones más importantes de la LSI están:

1) Falta de controles y contrapesos, y de límites temporales: La LSI no contiene procedimientos adecuados que permitan a las autoridades civiles vigilar la actuación de los soldados en las calles e investigar abusos militares. Tampoco presenta un plan para profesionalizar las fuerzas policías civiles y regresar los soldados a sus cuarteles.

2) Ambigüedad de conceptos: La LSI usa conceptos como “acciones, amenazas y riesgos a la seguridad interior” que son vagos e imprecisos, ampliando las situaciones en las que los militares pueden responder. Mientras que la versión de la LSI que se aprobó en la Cámara de Diputados permitió al ejército responder a actos de resistencia si se consideran “no pacíficas”, actualmente el Senado está discutiendo modificaciones que restringirían la intervención de soldados en protestas sociales consideradas permisibles de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, la ambigüedad de la LSI todavía permite a las autoridades decidir si un protesta es permisible o no. Esto representa una grave amenaza a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Mexico.

3) Opacidad e información reservada: La información que se genere con motivo de la aplicación de la LSI será considerada de seguridad nacional, es decir, como información reservada, lo cual hará difícil conocer las consecuencias de la presencia de los militares las calles. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la agencia federal que defiende las leyes relativas a la libertad de información en México, ha informado que la LSI contraviene el principio de máxima publicidad previsto en la Constitución, y que permite a las autoridades denegar solicitudes de información sobre la implementación de la ley “sin análisis alguno”.

4) Aumento de violaciones a derechos humanos: Antes de 2006 se registraban en promedio190 quejas y 2 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra los militares por año. Después del 2006 la cifra se disparó a 1,075 quejas y 14 recomendaciones en promedio al año. Según un estudio reciente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) el 97% de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en contra de civiles quedan impunes. La LSI no cambiará esta situación de impunidad y formalizar la participación de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública solo expondría a la población a más violaciones a derechos humanos.

La LSI no lograría realmente hacer frente al problema de seguridad en México:

1) La mejor manera de combatir las redes criminales y la inseguridad en México es llevando a cabo investigaciones serias que logran sentencias y fortaleciendo a las instituciones policiacas civiles. La policía y las procuradurías, no el ejército, son cualificadas para interactuar con la población para prevenir los delitos y la violencia y llevar a cabo investigaciones y procesos legales.

2) Para reducir la violencia en México, hay que combatir la corrupción generalizada que permite que las redes sociales operen, muchas veces en colusión con miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Hasta la fecha, el gobierno mexicano no ha implementado plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción y está bloqueando los esfuerzos para investigar casos de corrupción de alto nivel.

Las peticiones de la sociedad civil son:

1) Rechazar el proyecto de LSI que se aprobó en la Cámara de Diputados y la versión modificada que actualmente se discute en el Senado. El Senado debe abstenerse de apresurar la aprobación de la LSI y en su lugar debe considerar cuidadosamente las opiniones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y organizaciones internacionales que piden rechazar la ley.

2) Como la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresaron hoy, el gobierno mexicano debe abrir espacios para entablar un diálogo abierto e inclusivo sobre seguridad en México, y debe escuchar y responder las preocupaciones de los expertos y la sociedad civil.

3) Discutir la LSI como parte de una serie de reformas integrales que bajan la violencia, inseguridad, impunidad y corrupción en México. Esto debe incluir esfuerzos para profesionalizar la policía civil y crear un Fiscalía General independiente y autónomo capaz de investigar y perseguir delitos y abusos.

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior y para leer las preocupaciones de la sociedad civil y organismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, haga clic aquí.