(WOLA)
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La declaración global de la pandemia del COVID-19 a inicios de marzo agravó la crisis carcelaria que se vivía en las Américas desde hace décadas. De reformas necesarias, se pasó al punto crítico de exigir reformas urgentes para facilitar la descongestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. De esta manera, el COVID-19 ha puesto al límite los sistemas penitenciarios, ya que desde el primer momento en que el virus entra a los centros de reclusión se puede esperar, bajo las condiciones actuales, que (i) la gran mayoría de la población probablemente resulte contagiada, (ii) que las personas privadas de la libertad con condiciones subyacentes de salud mueran a una tasa más alta que sus pares por fuera de la prisión y, por lo tanto, (iii) se podría hablar de una catástrofe humanitaria en las cárceles.
El informe busca comprender los efectos del COVID-19 en los derechos humanos y proponer alternativas para minimizar sus impactos. Es el resulatodo de una colaboración del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD)—grupo integrado por investigadores de 11 países de América Latina, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y del Instituto Transnacional (TNI por sus siglas en inglés). El informe explora la situación del COVID-19 en el sistema penitenciario de 11 países de América Latina y recomienda analizar el repertorio de posibles medidas ante la emergencia, con atención en ciertas poblaciones específicas, con el objetivo esencial de proteger la vida de las personas privadas de la libertad. En específico sugerimos a los gobiernos de la región:
