Jesus Vargas/Getty Images
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El domingo 28 de julio, millones de personas venezolanas votaron en unas elecciones presidenciales que ofrecían dos caminos divergentes para el país. La contienda electoral enfrentó a Nicolás Maduro, heredero del movimiento político de Hugo Chávez que gobierna al país desde 1999, y a Edmundo González, de la Plataforma Unitaria. González, ex embajador y candidato suplente relativamente desconocido, fue apoyado por la abanderada de la oposición, María Corina Machado, a quien se le impidió postularse.
Aparte de las cuestionables condiciones preelectorales, las elecciones del domingo estuvieron muy por debajo de los estándares internacionales y violaron los derechos políticos básicos de las personas venezolanas a elegir un gobierno de su elección.
Esto es lo que debe saber:
Pasada la medianoche del lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) leyó los resultados de su primer boletín. Según sus cifras, con el 80 por ciento de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro había obtenido el 51,20 por ciento de los votos. Edmundo González le seguía siete puntos porcentuales por debajo. Con esta “tendencia aplastante e irreversible”, el presidente del CNE y acólito del gobierno, Elvis Amoroso, declaró ganador a Nicolás Maduro.
Hasta el 2 de agosto, el CNE no había detallado los datos fuente que permitieran la auditoría. El gobierno atribuyó los retrasos en la comunicación de las cifras iniciales a un ataque “terrorista” que obstaculizó la transmisión. El fiscal general alegó que el sistema electoral sufrió un ataque informático originado en Macedonia del Norte, mientras que, más recientemente, Maduro afirmó que Elon Musk fue el autor intelectual del ataque. La auditoría de las redes de telecomunicaciones programada por el CNE para el 29 de julio, que habría sido esencial para investigar cualquier ataque cibernético, fue cancelada sin explicación.
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La oposición llegó a las elecciones con plena conciencia de la probabilidad de fraude electoral, dado que era poco probable que Maduro renunciara voluntariamente con órdenes de arresto internacional en su contra. Hasta ahora, su estrategia se ha centrado en recopilar y publicar las actas de escrutinio para impugnar los resultados publicados por el CNE.
El Centro Carter, único observador internacional acreditado para hacer una evaluación pública de la validez de las elecciones, exigió el 29 de julio al CNE la publicación de los datos desagregados de las mesas electorales para auditar las cifras del CNE. Una vez que su personal abandonó el país, el Centro Carter emitió un comunicado condenatorio en el que declaraba que las elecciones “no pueden considerarse democráticas”. Se espera que un grupo de expertos de la ONU presente sus conclusiones al Secretario General. Sin embargo, a diferencia del Centro Carter, su informe es confidencial.
“El proceso electoral de Venezuela no cumplió las normas internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas y violó numerosas disposiciones de sus propias leyes nacionales”.
—Centro Carter
El CNE ha estado durante mucho tiempo en disputa por su falta de neutralidad, con la mayoría de los cargos ocupados por aliados del gobierno. Las condiciones electorales en el período preelectoral no fueron ni libres ni justas. Entre los ejemplos más graves se encuentra la injusta prohibición del gobierno para que María Corina Machado ocupara el cargo y las numerosas detenciones arbitrarias con fines políticos. No obstante, tanto la campaña de Maduro como la de la oposición aceptaron celebrar elecciones, gracias en gran parte a las concesiones y compromisos recogidos en el Acuerdo de Barbados.
Para comprender plenamente por qué los resultados de las elecciones no son creíbles, es crucial entender el proceso de votación en Venezuela. El sistema de votación venezolano es electrónico. Cada mesa de votación dispone de una máquina de votación que, tras el cierre de las urnas, imprime un acta con los resultados de ese centro antes de que los datos se transmitan electrónicamente al CNE para el recuento de votos en todo el país. El Plan República (el ejército) toma el acta original para su custodia y cada testigo electoral recibe una copia. Cada acta de escrutinio tiene un código QR, un código alfanumérico y una firma digital únicos, que sirven para verificar su autenticidad.
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El CNE, la Fiscalía General y Maduro alegaron que el sistema del CNE había sido jaqueado. Incluso si eso resultara ser cierto, las actas no se verían afectadas porque—como se explica aquí—se imprimen antes de la transmisión electrónica. Por lo tanto, la publicación de las copias de las actas de escrutinio sería suficiente para examinar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, así como la veracidad de las afirmaciones de la oposición, pero el Consejo se ha negado a hacerlo.
Basándose en experiencias anteriores, la oposición se preparó para este escenario e instruyó a sus observadores electorales para que escanearan y cargaran una copia de las actas en un sistema creado con el fin de resguardar las pruebas. La oposición afirma tener el 82 por ciento de ellas y calculan que la oposición obtuvo el 67 por ciento de los votos frente al 30 por ciento obtenido por Maduro.
El 31 de julio, Maduro recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo constitucional. El contenido de esta petición no es público, por lo que sus intenciones y argumentos no están claros. Al día siguiente, el TSJ admitió la petición de revisión. Debido a la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, académicos, activistas y el Centro Carter sostienen que una decisión del TSJ haría poco para aclarar el asunto.
Ha habido una preocupación generalizada entre la comunidad internacional respecto a las elecciones venezolanas, especialmente por la falta de datos desglosados de los centros de votación, lo que impide auditar los resultados. Los interlocutores de alto nivel de Colombia y Brasil, que mantienen relaciones con Maduro, han aumentado la presión sobre el CNE para que publique todos los resultados y actas electorales. Después de que el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo pidiera enfáticamente al CNE que cumpliera, el presidente Gustavo Petro de Colombia, a través de X, exhortó al gobierno de Maduro a “permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos”.
Celso Amorim, principal asesor de política exterior del presidente Lula da Silva de Brasil, acompañó el proceso electoral in situ. Tras los comicios, afirmó que “lo que el gobierno ha dado hasta ahora es un solo número, pero necesitan mostrar cómo llegaron a ese número: acta por acta”. A pesar de que Maduro aseguró que los datos de las actas se darían a conocer “en los próximos días”, Amorim abandonó Venezuela describiendo su estado de ánimo como “preocupado”.
Estados Unidos ha reprendido firmemente al CNE por no publicar los resultados completos en las 48 horas que exige la ley venezolana. Una vez transcurrido el plazo, el principal diplomático estadounidense para América Latina, Brian Nichols, declaró ante el Consejo Permanente de la OEA, que el candidato opositor Edmundo González había ganado las elecciones “dada la abrumadora evidencia”. Esto fue reafirmado posteriormente por el Secretario de Estado Anthony Blinken. El principal diplomático de la UE, Josep Borrell, también expresó su escepticismo sobre los resultados de las elecciones, pero Hungría vetó una resolución de la UE que habría puesto de relieve las irregularidades de la votación.
Los fuertes reproches de siete países de América Latina y el Caribe llevaron al canciller venezolano, Yván Gil, a suspender las relaciones diplomáticas con estos. Hasta la fecha, siete gobiernos del continente—Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas—reconocieron los resultados del CNE y felicitaron a Maduro, junto con Rusia, China e Irán.
Miles de personas venezolanas han salido a las calles a protestar por la falta de transparencia de las autoridades electorales. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, apareció en televisión prometiendo aplastar lo que calificó de “golpe de Estado” iniciado por “la ultraderecha” con ayuda de poderes extranjeros. Esto es especialmente preocupante dada la violenta represión que las autoridades utilizaron para sofocar las protestas en 2014, 2017 y 2019.
Según Human Rights Watch, al menos 20 personas habían sido asesinadas hasta la tarde del 31 de julio. El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que el número de detenciones ascendía a 1.062 en el mismo periodo, entre ellas la de Freddy Superlano, figura clave de la oposición, quien al momento de la publicación de este informe permanece desaparecido forzosamente. La represión de las fuerzas de seguridad y los colectivos –grupos armados progubernamentales—llevó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a emitir una declaración pidiendo a las autoridades que respeten el derecho de los venezolanos a protestar y reunirse, y a las autoridades electorales que hicieran públicos los resultados completos de las elecciones.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas han intensificado su retórica contra los opositores políticos y los manifestantes. Los diputados Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello han pedido el encarcelamiento de personas líderes de la oposición, acusando a Machado y González Urrutia de liderar una “conspiración fascista”. En alocuciones en televisión y redes sociales, Maduro ha prometido enviar a las personas detenidas en protestas a cárceles de máxima seguridad con penas mínimas de 15 años de prisión.
El 30 de julio, Maduro animó a la ciudadanía a presentar denuncias sobre manifestantes en VenApp, una aplicación móvil que los ciudadanos utilizan para presentar quejas sobre servicios públicos y otros asuntos a las autoridades gubernamentales. En lugar de ello, la app se convirtió en una herramienta de persecución al denunciar a vecinos que participaban en protestas o estaban afiliados a la campaña de la oposición. Tras la presión de organizaciones de la sociedad civil, se retiró de las tiendas de Apple y Google Play, pero sigue siendo operativa para quienes ya la habían descargado.
