(AP Photo/Fernando Vergara)
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En un artículo de opinión publicado por el New York Times el 27 de diciembre de 2021, la presidenta de WOLA Carolina Jiménez Sandoval sostiene que intereses arraigados están impidiendo la tan necesaria implementación de los históricos Acuerdos de Paz de Colombia de 2016. Cinco años después de su firma, es urgente que el próximo gobierno colombiano implemente el acuerdo de forma integral para asegurar verdad, justicia y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado interno de Colombia. La reconciliación es el único camino a seguir.
WOLA publica este artículo de opinión con el permiso del New York Times.
“Cansada, triste y contenta”, dijo que se sentía Diana Sofía Martínez a líderes políticos y representantes de la comunidad internacional en Bogotá durante la conmemoración el mes pasado del quinto aniversario del fin de un conflicto que marcó su vida.
Su padre, Edwin, un técnico electricista, fue secuestrado en 2002 por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el cual combatió contra el gobierno en una guerra civil que duró 52 años. Sigue desaparecido.
“Cansada de la burocracia y el protocolo”, continuó. “Triste, porque los hechos de desaparición siguen ocurriendo y las garantías que da el Estado para dar el paso hacia el posconflicto no se dan y están cada vez más lejanas. Y contenta, porque pese a tanta adversidad seguimos aquí, soñando, sostenidos por la esperanza infinita”.
Sus conmovedoras palabras reflejan la esperanza que sintieron muchos colombianos cuando las Farc acordaron entregar sus armas a una misión de las Naciones Unidas hace cinco años. Sus palabras también evidencian las frustraciones que hoy enfrentan los colombianos.
Se suponía que el acuerdo, al cual se llegó tras cuatro años de conversaciones laboriosas, abordaría las causas fundamentales del conflicto: la pobreza, las terribles desigualdades en la Colombia rural y la ausencia de servicios gubernamentales. Su promesa sigue sin cumplirse.
Como más del 80 por ciento de los colombianos viven en ciudades —donde la clase media ha crecido y se ha distanciado de las preocupaciones rurales— fue fácil para una gran parte de la población no pensar mucho en el conflicto armado, que se libró en regiones remotas y aterrorizó principalmente a pequeños agricultores, muchos de ellos personas negras e indígenas pobres. El acuerdo nunca tuvo un apoyo popular amplio: en 2016, cuando se sometió a votación, la participación fue solo del 37 por ciento, y 50,2 por ciento votó en contra (el Congreso aprobó posteriormente un acuerdo modificado).
No es que los colombianos no deseen la paz. Sin embargo, existen serias diferencias entre las necesidades de la gente en las zonas del país donde prosperan los grupos armados y las economías ilícitas y las necesidades de la gente en las zonas donde los problemas cotidianos —desempleo, delincuencia común, corrupción— son más típicos de naciones latinoamericanas en contextos de paz.
Los grandes propietarios de tierras, las empresas petroleras y mineras, así como la maquinaria política tradicional, no tenían interés en compartir el poder con los pequeños agricultores y las comunidades étnicas. Los grupos armados que los apoyaron en el pasado y se enfrentaron a las Farc continúan aterrorizando muchos municipios. Mientras tanto, varias zonas del país siguen sin tener presencia gubernamental. Miles de personas no tienen títulos de propiedad, las carreteras son escasas y no hay presencia de autoridades para proteger a las personas o resolver disputas
Algunas de las disposiciones del acuerdo han tenido avances. Cerca de 13.000 exguerrilleros se han integrado a la vida civil y están participando en el sistema político. Un tribunal especial y una comisión de la verdad están esclareciendo los hechos y proporcionando justicia a las víctimas.
Las promesas clave para abordar las causas fundamentales del conflicto, como una mayor presencia gubernamental en las zonas rurales para apoyar a los pequeños agricultores y ofrecer alternativas al cultivo de coca, no se han cumplido. Están proliferando pequeños grupos armados que reclutan nuevos miembros. Los líderes sociales han vuelto a convertirse en objetivos de la violencia. Los homicidios han aumentado a niveles no vistos desde 2013. En las zonas rurales, las masacres de civiles por parte de grupos armados y bandas criminales han alcanzado niveles no vistos en una década.
El gobierno del presidente Iván Duque nunca ha proporcionado fondos suficientes para implementar las disposiciones que beneficiarían a las zonas rurales. La Contraloría General de Colombia estima que, al ritmo actual de gasto, se necesitarían 26 años para cumplir con los compromisos del acuerdo. La iniciativa central del acuerdo de llevar el Estado a las zonas de conflicto ha recibido apenas una séptima parte de su presupuesto previsto para 15 años, según el cálculo más generoso.
La desinversión ha obstaculizado los planes para construir carreteras, conectar comunidades a la red eléctrica, proporcionar agua potable, legalizar títulos de propiedad y llevar a cabo decenas de miles de proyectos adicionales.
Acontecimientos recientes han hecho que sea aún menos probable que el gobierno invierta lo que se necesita. La disminución de los precios de los principales productos básicos de exportación —como el petróleo, el carbón y el café— han impactado el presupuesto nacional, que se ha reducido todavía más por la necesidad de atender las necesidades humanitarias de casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos, además de los costos de lidiar con el COVID-19.
¿Puede Colombia permitirse abandonar la paz? Por supuesto que no: es espantoso siquiera contemplar el retorno a un conflicto que tuvo un saldo de más de 260.000 muertes, 80.000 personas desaparecidas y ocho millones de desplazamientos forzados.
En Colombia se realizarán elecciones presidenciales en mayo. Para acelerar la aplicación de los acuerdos, la nueva persona en el cargo deberá vencer la resistencia de quienes no estén dispuestos a reducir sus privilegios. Una manera de lograrlo es exigir que el sistema judicial investigue los vínculos entre el crimen organizado y los terratenientes, políticos y facciones de las fuerzas de seguridad, y procesar a quienes sea necesario. La oposición violenta a las reformas propuestas en el acuerdo por parte de estos grupos es una de las razones por las que Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y los activistas ambientales.
El gasto debe duplicarse, a casi 3000 millones de dólares por año, como se prevé en los planes de inversión a 15 años del gobierno. Eso equivaldría a entre el 0,5 y el 1 por ciento del producto interno bruto, un porcentaje razonable para un país de ingresos medios con 50 millones de habitantes. No implicaría un sacrificio financiero para la mayoría de los colombianos: una de las naciones menos equitativas del planeta necesita aumentar los impuestos a sus ciudadanos más ricos y al patrimonio inmobiliario, al igual que confiscar los activos obtenidos de forma ilegal por individuos políticamente poderosos cuyas actividades se extienden de esferas legales a criminales. Por último, quien ejerza el futuro liderazgo del país deberá dejar claro a los habitantes de las ciudades (que han apoyado menos el acuerdo) que ellos también se beneficiarán de un país con zonas rurales pacíficas y bien gobernadas.
Los amigos internacionales de Colombia, en especial Estados Unidos, deben brindar mayor asistencia financiera para el desarrollo rural y brindar más apoyo para encontrar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y hacerles rendir cuentas por sus actos. Al eliminar recientemente a las Farc de su lista de organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno de Estados Unidos dio la señal de que quiere que los esfuerzos de reconciliación avancen.
Las numerosas víctimas de Colombia necesitan poder dejar de sentirse “cansadas y tristes”. Merecen la oportunidad de que sus esperanzas se cumplan.