14 May 2015 | Análisis | Noticias

Asesinato reciente de periodista en México resalta necesidad de fortalecer protección

Por Clay Boggs y Maureen Meyer

El 4 de mayo, el cuerpo de Armando Saldaña Morales fue encontrado cerca de la ciudad de Acatlán de Pérez Figueroa en el estado de Oaxaca. Le habían disparado varias veces y su cuerpo mostraba señales de tortura. Saldaña Morales vivía al otro lado de la frontera en el estado de Veracruz y trabajaba en la emisora de radio “La Ke Buena 100.9 FM”, anteriormente había trabajado para varios otros medios de comunicación en Veracruz—uno de los estados mexicanos más peligrosos para periodistas. Saldaña Morales fue el tercer periodista de Veracruz asesinado en el presente año y el duodécimo desde que el gobernador Javier Duarte asumió el cargo en 2010, lo que demuestra el fracaso en proteger el trabajo de periodistas y apoyar la libertad de expresión en el estado.

Pero el problema no se limite a un solo estado. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según Article 19, una organización internacional que monitorea y promueve la libertad de expresión, hubo 326 agresiones contra periodistas en México en 2014. En ese año, al menos cinco periodistas fueron asesinados como resultado de su trabajo. En gran parte debido a estos ataques, Freedom House, una organización internacional, ha calificado a México como “no libre” en su índice anual Libertad de Prensa cada año desde 2011.

326 ataques contra la prensA Mexicana en 2014
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México ha tomado pasos para abordar el problema; en 2012 se creó un organismo nacional para dar protección no solamente a los periodistas, sino también a los defensores de los derechos humanos, quienes constituyen otra población que enfrenta graves riesgos como resultado de su trabajo. Entre enero de 2011 y diciembre de 2013, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó 27 casos de defensores de derechos humanos que fueron asesinados como resultado de su trabajo por los derechos humanos. El 24 de febrero de 2015, Alberto Almeida, un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente del estado de Chihuahua fue asesinado a tiros por desconocidos; su caso es sólo uno de muchos ataques y amenazas contra defensores de los derechos humanos en este estado.

Si bien ha habido avances importantes para formalizar el acceso a protección a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se dedica a brindar una protección gubernamental de manera rápida a periodistas y defensores amenazados, hay una necesidad urgente de fortalecer este organismo. Como WOLA y ocho otras organizaciones internacionales de derechos humanos recientemente destacaron en un comunicado, el Mecanismo ha sufrido continuamente de una escasez de personal y de fondos, limitando su capacidad de responder de manera oportuna y eficaz a las solicitudes urgentes de los defensores de derechos humanos y periodistas. Hasta hace poco, la mayoría de los puestos del personal había sido temporal. Transiciones recientes de liderazgo, incluyendo la salida del director del Mecanismo, agravan estos problemas. Ha habido retrasos importantes en la evaluación de riesgo inicial, la que determina si la situación de un individuo merece protección, mide el nivel de riesgo y evalúa cuales medidas de protección son los más apropiados. La falta de claridad en cuanto a la metodología utilizada para esta evaluación de riesgo ha dado como resultado que algunos defensores y periodistas abandonan el Mecanismo.

Desde su creación, los Estados Unidos ha brindado apoyo significativo para el Mecanismo. Entre 2009 y 2018, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, USAID) designará a más de US$35 millones en fondos para programas de derechos humanos en México; esto incluye apoyo para el Mecanismo, lo cual se lleva a cabo principalmente a través de la colaboración con Freedom House. Con este apoyo de USAID, Freedom House ha prestado asistencia técnica al Mecanismo para capacitar al personal, reducir el rezago de casos y desarrollar la metodología para la evaluación de riesgo, entre otras medidas. Sin embargo, aún quedan muchos retos para garantizar que se responda rápidamente a las nuevas solicitudes de protección y que las medidas otorgadas sean implementadas de manera inmediata y sean monitoreadas regularmente para determinar si coinciden con el nivel de riesgo enfrentado.

De todas formas, las medidas de protección del gobierno solamente pueden ser una solución temporal: defensores y periodistas amenazados sólo estarán seguros cuando los individuos, grupos criminales o funcionarios públicos que les atacan o acosan sean llevados ante la justicia. Actualmente rara vez se investigan ataques y casi nunca son procesados con éxito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó en abril del 2014 que el 89 por ciento de los ataques contra medios de comunicación y de los asesinatos y desapariciones de periodistas que tenía registrados en el 2013 quedaron en la impunidad. La libertad de expresión seguirá siendo limitada en México a menos que las autoridades mexicanas investiguen y sancionen adecuadamente estos delitos, y apliquen mecanismos eficaces para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo.