12 Mar 2014 | Análisis | Noticias

Audiencia con el CIDH para analizar los graves impactos de las políticas de drogas en los DDHH: Anexo de casos

La muerte en detención de Miguel Angel Durrels

Miguel Ángel Durrels es una de las miles de personas detenidas por poseer una cantidad pequeña de estupefacientes, en su caso, 78 gramos de marihuana. El joven de 29 años y cuidador de caballos de polo en un campo cercano a Buenos Aires, fue detenido un domingo a la noche por una patrulla policial y llevado a la Comisaría 1° de Pilar, pese a que sus celdas se encontraban inhabilitadas para albergar personas por encontrarse mal estado.

Tan solo 12 horas después de su detención Miguel Angel fue hallado muerto, apareció parado y ahorcado con un cable eléctrico contra los barrotes, y se le encontraron golpes en la cara y en el tórax. Los relatos de los policías desde un comienzo fueron contradictorios ente si, confundiendo horarios de detención, de ingreso al hospital para la revisión y la vuelta al calabozo de la comisaría. La policía mantuvo firmemente la hipótesis del suicidio, de la cual los familiares descreen totalmente. Los familiares de Miguel Angel denunciaron que no les permitieron ver el cuerpo antes de realizarle la autopsia y sostienen que “Miguel no tenía motivos para ahorcarse. Si fue verdad que lo detuvieron por cargar marihuana era incapaz de matarse por eso. Queremos saber qué ocurrió”, dijo su tío. Actualmente la justicia investiga las causas de la muerte de Miguel Angel. La causa penal por tenencia de marihuana fue archivada sin otros trámites.    

La ejecución de Federico Taja

El 24 de junio de 2011 en la localidad de Balcarce, Argentina, la Dirección de Investigaciones de la Policía bonaerense montó un operativo anti-drogas que pretendía llegar al núcleo de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, de acuerdo a los informes oficiales. Montaron una guardia frente a la casa de una presunta vendedora, a la espera de que apareciera un posible comprador. Momentos después, el joven Federico Taja, de 17 años, salió de la casa vigilada y subió a su auto. Dos móviles policiales sin identificación persiguieron a Federico, lo encerraron y lo obligaron a detenerse con una brusca maniobra: uno de los autos lo chocó de costado y Federico perdió el control de su vehículo, que impactó contra una casa rodante. Los agentes se abalanzaron sobre el auto y el policía Waldemar Chazarreta disparó: la bala perforó la axila izquierda de Federico, atravesó el tórax y destrozó órganos vitales. El muchacho fue llevado al Hospital de Balcarce, pero murió antes de llegar.

Federico no tenía antecedentes delictivos, no llevaba armas, ni intentó resistirse. Llevaba con él dos cigarrillos de marihuana. El agente Chazarreta admitió ser el responsable de la muerte, aunque adujo que el arma se le disparó por el choque. Los resultados del supuesto operativo anti-drogas fueron la muerte de Federico y el allanamiento de la casa de la vendedora. Allí se secuestraron de algo menos de 500 gramos de marihuana.

Familiares y vecinos marcharon por las calles de Balcarce durante años para pedir una explicación y castigo, frente a este crimen absurdo. Los jefes de la Dirección de Investigaciones fueron retirados de sus cargos. Waldemar Chazarreta fue condenado a 15 años de cárcel por el homicidio simple de Federico.

El caso de Olga. Cuatro años presa por una “causa armada” por por venta de estupefacientes

Olga vive en el Gran Buenos Aires. Su casa, en la que funcionaba un kiosko, fue allanada con una orden judicial que autorizaba un operativo en busca de armas. Los policías fueron muy violentos, rompieron a patadas la puerta, entraron y golpearon a todos los presentes, incluidas sus nietas menores de edad. Olga no resistió el allanamiento, segura que en su casa no había nada de lo que decían buscar. Sin embargo, el jefe de calle a cargo del operativo le comunicó que encontraron cocaína y, en privado, le propuso: “Esto se puede arreglar, acá tenés un auto, quemalo, yo soy amigo del fiscal, se puede solucionar. Dale, que vos podés”.

Los policías se llevaron mercadería que Olga tenía para la venta (bebidas, cigarrillos y ropa) y estuvo detenida en una comisaría dos días, durante los cuales fue extorsionada para que entregara dinero a cambio de suspender la causa, cosa que Olga no hizo por falta de medios. El expediente avanzó como una causa por venta de estupefacientes. Al poco tiempo, Olga fue trasladada al a una unidad penitenciaria, fue condenada y pasó cuatro años privada de su libertad. Olga fue recientemente liberada al cumplir el tiempo de la pena, no tiene trabajo e intenta juntar dinero para reabrir el kiosco.