20 Mar 2012 | | Noticias

Aumenta la muerte y la impunidad en el Chocó

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos visitó a Chocó en marzo de 2012. Estamos muy preocupados por la situación de derechos humanos en Chocó y apoyamos el siguiente comunicado de la Diócesis de Quibdó. También pedimos que el gobierno EE.UU. actúa de manera rápida para garantizar los derechos humanos y territoriales de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Chocó y para promover los esfuerzos de desmantelar las operaciones militares, políticos y económicas de los actores armados ilegales en Chocó.

Diócesis de Quibdó
Gobierno Eclesiástico

AUMENTA LA MUERTE Y LA IMPUNIDAD EN EL CHOCÓ

La Diócesis de Quibdó en el inicio de este tiempo de Cuaresma, manifiesta públicamente la indignación que nos produce tanta muerte, injusticias e impunidad contra los hijos de Dios en esta parte del territorio del Pacífico colombiano.

Es preocupante y doloroso el incremento de asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, bloqueos, confinamientos y ataques contra la población civil en los campos y centros urbanos, muy a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública y de los discursos oficiales que niegan y ocultan la intensificación sistemática de la violencia política y social contra las comunidades.

Un año después de la Carta Pastoral de los Obispos del Pacífico y varios años después de Sentencias de la Corte Constitucional y de recomendaciones de Naciones Unidas sobre la situación de la violación de los derechos fundamentales
y colectivos de los pueblos negros e indígenas y las comunidades mestizas que integran nuestra jurisdicción eclesiástica, la realidad tiende a empeorarse, mediante:

  • Confinamientos y riesgos de desplazamientos por el minado de caminos y lugares tradicionales de cacería, sembrados y pesca, las amenazas, los bloqueos armados en las vías, la presencia de actores armados en medio y alrededor de las poblaciones, las restricciones y limitaciones para la entrada de alimentos, los asesinatos permanentes, incluso de niños; la prohibición de la libre circulación en los territorios y la ausencia generalizada de garantías de protección de la vida y la territorialidad de nuestras comunidades.
  • El recrudecimiento de la violencia urbana que ataca principalmente a jóvenes pertenecientes a familias en condición de desplazamiento forzado y con altos grados de vulnerabilidad.
  • Las vinculaciones de los niños, niñas y jóvenes en la dinámica de la guerra y en la industria del micro y narcotráfico, agravadas con el abuso y explotación sexual de los menores.
  • El contexto de connivencia de la fuerza pública con los demás actores armados, pues justo cuando se ha incrementado su pie de fuerza, ha aumentado la oleada de violencia en la región; llegando a afirmar sin ningún reparo, que no pueden entrar a ciertos barrios y sectores porque temen por sus vidas, condenando a la población civil a la desprotección y al total abandono estatal.
  • El grado de ingobernabilidad y de impunidad incluida la acción y omisión del Ministerio Público, frente a la ausencia del empleo de los mecanismos de control previo y de garantías de protección de la vida de las comunidades y sus organizaciones; consolidándose con ello la inoperancia institucional en la región y en el establecimiento público nacional.
  • El aumento del tráfico y consumo de sustancias sicotrópicas, las cuales son distribuidas y vendidas a plena luz del día sin que se identifique y se judicialice a los responsables.
  • El desorden social y la falta de controles en las vías de la ciudad y en el mismo terminal de transporte por donde se afirma circulan toda clase de insumos para la guerra y el negocio criminal del narcotráfico.
  • El fortalecimiento de las mafias que controlan la vida de buena parte de las instituciones y de entidades públicas y privadas y de los recursos públicos, los cuales no se invierten para el bien social, perpetuándose el caos producto del matrimonio entre el poder político y el manejo de la economía que enriquece a muy pocas familias nativas y a muchos foráneos, a expensas del empobrecimiento y la muerte de las comunidades.
  • La minería industrial y demás proyectos de la economía y el despojo que se implementan violando los derechos étnicoterritoriales, incluyendo la Consulta Previa, envenenando y afectando gravemente los ríos, la economía, la tranquilidad, y los derechos de las comunidades.

Por último, nos preocupa sobre manera, la situación de insolidaridad e indiferencias frente a esta difícil realidad, la cual contribuye a la descomposición social, el debilitamiento de la cultura y los valores tradicionales de las comunidades.
Llamamos a la comunidad y sus organizaciones a seguir pronunciándose frente a esta situación generalizada de violencias, injusticias e impunidad, a mantener vivas sus tradiciones y sus valores, a continuar resistiendo en los territorios y defenderlo como el don preciado de la vida recibida de Dios, padre y madre de la creación. En ese mismo sentido, llamamos a todos los hermanos cristianos a pronunciarse y solidarizarse con las víctimas de la violencia, las comunidades y sus procesos organizativos.

Exigimos de las autoridades el cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales creadas para defender la vida, la dignidad, las culturas, la honra y los bienes de la población civil, especialmente de los más vulnerados y marginados de la sociedad como son los pueblos indígenas y negros y comunidades mestizas que ancestral y milenariamente habitan estos territorios.

Quibdó, 8 de Marzo de 2012