20 Jul 2012 | Análisis | News

Aumentan tensiones entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de El Salvador

Por Geoff Thale, Director de Programas de WOLA

El Salvador se encuentra en medio de una crisis constitucional y política con respecto a la estructura y la competencia de la Corte Suprema del país. En junio, los magistrados de la Corte Suprema, los cuales dictaminan sobre asuntos constitucionales, concluyeron que la Asamblea Legislativa del país ha abusado de su poder al designar magistrados a la Corte en dos ocasiones, y ordenaron a la Asamblea a llevar a cabo un nuevo proceso de selección judicial. La Asamblea se ha rehusado a acatar dicha orden, lo cual ha ocasionado una lucha de poder entre las dos ramas. Esto ha conllevado a manifestaciones públicas, disputas entre magistrados y numerosas maniobras políticas.

El problema es grave; ha afectado el estado de derecho y la independencia de la judicatura. La comunidad internacional ha evitado en su mayoría el tomar partido en dicha disputa y ha urgido la resolución de la crisis a través de negociaciones políticas que respeten las leyes constitucionales. Aquí presentamos dos análisis separados. El primero provee información de contexto sobre la crisis y sugiere formas en las cuales la comunidad internacional puede ser de utilidad en su resolución. El segundo se enfoca en la forma en la cual prominentes comentadores estadounidenses han representado y analizado la crisis a través de un marco político limitado que añade confusión en lugar de entendimiento sobre la crisis.

PARTE 1: Entendiendo la Crisis

Una Corte Suprema activista

La Corte Suprema de El Salvador esta compuesta de quince magistrados que se encuentran divididos en cuatro salas. Una de dichas salas dictamina sobre disputas de ley administrativa, otra sobre asuntos civiles, otra sobre apelaciones criminales, y una última sobre problemáticas de índole constitucional. Durante los últimos tres años,  esta última sala ha asumido un enfoque activista a la hora de dictaminar con respecto a la constitucionalidad de las acciones de las ramas legislativas y ejecutivas. La mayoría de los analistas argumentarían que las decisiones de la sala han estado bien razonadas y reflejan una independencia positiva en una corte que tradicionalmente ha sido la menos asertiva de las tres ramas del gobierno. Como era de esperar, dichos fallos han provocado el desacuerdo de numerosos actores políticos en El Salvador, incluyendo el presidente mismo (el cual se ha visto afectado por la decisión de la Corte de limitar el uso no supervisado de fondos discrecionales por parte de la rama ejecutiva), y varios partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa (los cuales se han visto afectados ya que se ha permitido a candidatos aspirar a puestos en la Asamblea sin la previa aprobación de los partidos políticos). El verano pasado, la Asamblea busco limitar el poder de la Corte Constitucional acortando los términos de sus magistrados, una medida que el Presidente avaló de forma inmediata. Sin embargo, un mes de protesta pública obligó a la Asamblea a reversar su decisión (para mayor información, vea al comentario de WOLA de junio de 2011 sobre la controversia).

Un proceso de selección politizado

Los magistrados de la Corte Suprema son seleccionados por la Asamblea Legislativa. Cada tres años, la Asamblea nomina a cinco magistrados para la Corte, la cual esta compuesta de quince miembros; los magistrados asumen este cargo por nueve años y pueden ser reelegidos. La selección de magistrados es un proceso altamente politizado: los magistrados tienen que estar previamente aprobados por una mayoría de dos tercios en la Asamblea, lo cual conlleva a negociaciones y alianzas entre partidos políticos, puesto que ninguno de ellos ha llegado a controlar dos tercios de los puestos en la Asamblea. Desde mediados de los noventa al año 2009, el partido político de derecha mas poderoso, ARENA, conformó alianzas con partidos derechistas y centristas para formar un acuerdo sobre que candidatos serian nominados para conformar la Corte Suprema, al igual que para otras posiciones estratégicas, como el Fiscal General y la cabeza de la oficina del inspector general nacional. Durante este periodo, el partido de oposición FMLN obtuvo suficientes sillas en la Asamblea para evitar que ARENA y sus aliados alcanzaran la mayoría de dos tercios requerida, pero no logró atraer a otros partidos para formar las alianzas requeridas para poder conformar una propia mayoría en la Asamblea.

Como resultado, el FMLN obtuvo un lugar en la mesa de negociaciones sobre nombramientos judiciales. Sin embargo, ARENA y sus aliados dominaron el proceso. Algunos de los candidatos del FMLN lograron la aprobación en el nombramiento de algunos candidatos a la Corte Suprema y a la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, pero ARENA y sus aliados nombraron la mayoría de los magistrados y otros oficiales. (Irónicamente, varios de los magistrados apoyados por el FMLN y aceptados por los otros partidos fueron aprobados por la sala constitucional de la Corte Suprema, a pesar de que esta última ha estado en constante desacuerdo con el FMLN y la mayoría de los demás partidos políticos.)

Después de las elecciones del año 2009, el balance de poder que le permitió a ARENA dominar el proceso de nombramiento se vio modificado. ARENA y sus aliados aun conformaron la mayoría a inicios de la Asamblea Legislativa de 2009 a 2012; durante el verano de 2009, después de efectuar alianzas y negociaciones, esta alianza aprobó a cinco nuevos magistrados para la Corte Suprema, al igual que a candidatos para otras posiciones. Sin embargo, gracias de la pérdida de ARENA en las elecciones de marzo de 2009, una facción disidente de ARENA emergió y eventualmente se separó de dicho partido. Eventualmente, este nuevo grupo disidente se incorporó al partido GANA. Los representantes de GANA en la Asamblea Legislativa se aliaron con el FMLN para formar una nueva mayoría. A finales del término de la Asamblea, la cual finalizó en abril 2012, esta coalición de aliados buscó ejercer influencia y aprobaron conjuntamente el nombramiento de cinco magistrados para el próximo término de la Corte Suprema, así como de un nuevo Fiscal General y de otras posiciones.

Una decisión controversial por parte de la Corte

En junio de 2012, la Sala Constitucional de la Corte dictaminó que el nombramiento de nuevos magistrados en abril de 2012 por parte de la Asamblea 2009-2012 era inconstitucional. De acuerdo a la Sala, la Constitución permite que cada Asamblea apruebe solamente un grupo de magistrados durante su término de tres años. Sin embargo, la Asamblea en cuestión había nombrado un grupo de magistrados en el año 2009 y lo hizo nuevamente a finales de su término (en abril de 2012). Esto  fue políticamente calculado para prevenir que la nueva Asamblea efectúe su último nombramiento. De acuerdo a la lectura de la Constitución por parte de la sala, la Asamblea puede nombrar magistrados solo una vez  durante su término. Como resultado, los magistrados elegidos en abril de 2012 no podrían asumir sus cargos de manera constitucional y la nueva Asamblea retendría su competencia para nombrar a los magistrados que correspondían a su término. (Un escenario similar se dio lugar durante la Asamblea de 2003 a 2006, cuando la Asamblea nombro magistrados a inicios de su término en el año 2006. La sala  determinó entonces que el proceso era  inconstitucional y, como había ocurrido a finales de la sesión 2009-2012, ordeno el reemplazo de dichos magistrados.)

Dicha decisión fue recibida con desagrado por los partidos FMLN y GANA, los cuales habían negociado el nombramiento de los magistrados en abril de 2012. Al mismo tiempo, la decisión fue percibida como positiva por el partido ARENA, el cual había tenido éxito durante las elecciones de la Asamblea de marzo de 2012, y por tanto calculaba que podría tener mayor influencia en el nombramiento de magistrados durante la nueva Asamblea iniciada en mayo de 2012. La decisión también le ofreció a otros intereses políticos que no estaban de acuerdo con el fallo una oportunidad para atacar a la Corte y debilitar su autoridad.

Una crisis constitucional…

Después del fallo, el FMLN y el GANA buscaron maneras de retar a la Corte y defender sus nombramientos. La mayoría de los representantes en la Asamblea Legislativa votaron para apelar la decisión de la Corte ante la Corte Centroamericana de Justicia, una institución regional cuya autoridad para reversar o dictaminar en contra de las decisiones de la Corte Suprema de cualquier país centroamericano es altamente debatible. Esta corte regional rápidamente tomó cargo de dictaminar con respecto a la implementación de la decisión de la Corte Suprema salvadoreña; su fallo se hará público pronto. Los magistrados nombrados por la Asamblea en abril de 2012 han intentado asumir sus cargos en la Corte a pesar de la oposición de la Sala Constitucional.  En este momento, hay dos grupos de magistrados que argumentan ser miembros legítimos de la Corte Suprema de El Salvador.

Es irrebatible que esta es una crisis constitucional grave. Independientemente de la postura adoptada acerca de la decisión de la Sala Constitucional (varios respetados juristas están de acuerdo con esta decisión mientras otros que no la avalan) o de su enfoque activista, sigue siendo altamente problemático que la decisión final de la Corte, como rama independiente del gobierno bajo el principio de la separación de poderes y de un sistema de controles y balances, ha sido rechazada por la Asamblea Legislativa.

…Y una batalla politizada

El carácter político de la batalla que se está dando a lugar en El Salvador es incuestionable. El partido ARENA, el cual ha dominado el proceso de nominación judicial por varios años pero perdió dicho control a finales de la sesión legislativa de 2009-2012 a causa de una división interna, ahora considera como una ventaja política el proclamarse a si mismo defensor de la constitucionalidad y de los nombramientos apolíticos. El FMLN, reconocido crítico del profundamente politizado proceso de nombramiento cuando sus opositores de derecha tenían dicha ventaja, ha cambiado ahora su posición para así atacar la decisión de la Corte y defender su reciente poder político y sus nombramientos judiciales. El partido GANA ha buscado debilitar sus opositores de ARENA y maximizar su poder político en la judicatura y la oficina del Fiscal General por medio de negociaciones con el FMLN—un partido que varios líderes de GANA habían criticado previamente.

Esta problemática es por ende, de naturaleza claramente política (aunque los Estados Unidos debe evitar emitir criticismos acerca del proceso dado sus recientes batallas con respecto a nominados para la Corte Suprema). Al mismo tiempo, hay importantes principios constitucionales en juego; una resolución política debe reafirmar la separación de poderes y el rol de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Los partidos políticos deben ser urgidos  a alcanzar una solución que respete la constitucionalidad de los procesos en cuestión.

Posibles soluciones

Los partidos políticos tienen intereses políticos en juego. Pero dichos intereses podrían ser negociados de una manera que acepte la decisión de la Corte, afirmando de esta manera el orden constitucional. La Asamblea Nacional podría retirar su apelación a la Corte Centroamericana de Justicia e iniciar un nuevo proceso de nombramiento. Al mismo tiempo, la Asamblea podría actuar prontamente para nominar a nuevos magistrados, e incluso nominar de nuevo a aquellos magistrados cuyo previo nombramiento en el 2006 y 2012 había sido refutado. A pesar de no ser ideal, una propuesta como ésta podría resolver la crisis inmediata. Según se informa, todos los partidos en la Asamblea Legislativa considerarían esta solución con respecto a los magistrados nominados en el 2006. Sin embargo, ARENA se resiste a esta solución con respecto a los magistrados nominados en el 2012, debido a que esta alternativa disminuiría la influencia del partido y reafirmaría las decisiones hechas por la alianza entre el FMLN y GANA. ARENA, GANA y el FMLN, a través de negociaciones privadas o batallas públicas, deberían llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de los magistrados.

La comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, generalmente ha asumido la posición de que la disputa sobre los nominados a la Corte Suprema es una problemática de carácter político que debe ser resuelta a través de un proceso político a nivel nacional en lugar de una intervención internacional. Este es el enfoque apropiado. La defensa del principio del estado de derecho y del orden constitucional deben ser las metas. Una diplomacia neutral puede ser útil; asumir o parecer asumir posiciones claramente políticas en la disputa no lo es.  

PARTE 2: Malentendiendo la Crisis

Varios comentarios recientes en los Estados Unidos acerca de la crisis política en El Salvador con respecto a la nominación de magistrados para la Corte Suprema (ver editoriales del Washington Post y el Wall Street Journal) han presenciado las crisis a través de lentes políticos polarizados que malentienden el problema, y  que no contribuyen a una solución.

Si las posiciones editoriales del Washington Post y del Wall Street Journal se hubieran limitado a afirmar la necesidad de una solución que respete la Constitución y la separación de poderes, sus posiciones hubieran sido de utilidad. Sin embargo, las editoriales trascienden dicha posición. Al igual que otros análisis, estas ven el conflicto como el desarrollo de un drama geopolítico, no como una batalla constitucional y política a nivel nacional. De esta manera, las editoriales involucran a Daniel Ortega y Hugo Chávez en sus análisis, distorsionando y ocultando las realidades constitucionales y políticas de carácter nacional de la problemática en cuestión. El FMLN, el partido político de los rebeldes que participaron en la guerra civil de los años ochenta y que ahora constituyen una fuerza mayor  en las políticas salvadoreñas, no son simplemente un partido con el cual el Post tiene discrepancias. De acuerdo al Post, los líderes del FMLN están “ideológicamente armonizados” con “caudillos” como Ortega y Chávez.

La implicación de esta acusación es que a pesar de que las maniobras de otros partidos políticos en El Salvador reflejan esfuerzos legítimos para maximizar su poder político, el comportamiento del FMLN debe ser juzgado de forma diferente. El Post (tal vez creyendo las declaraciones de miembros de ARENA, quienes no sólo se proclaman así mismos como constitucionalistas, pero también fomentan la imagen de sus oponentes como autoritarios radicales alineados con una revolución bolivariana) describen lo que sucede como un caso en el cual “el FMLN busca subordinar a la Corte” a la realización de una agenda de “izquierdistas radicales” en Latinoamérica. Dicho análisis ignora convenientemente el rol de el partido GANA, un significativo bloque político conservativo constituido por disidentes de ARENA, que han sido descritos meramente como un “partido disidente.”

 Dicho análisis también ignora varias realidades en El Salvador y confunde, en vez de clarificar, nuestro entendimiento acerca de lo que está en juego. Los partidos políticos salvadoreños deben encontrar soluciones negociadas a la crisis, soluciones que respeten la integridad de la Constitución. Los Estados Unidos y otros actores internacionales deberían fomentar—no forzar—a los partidos políticos para hacer esto. Llamados a la suspensión de la ayuda estadounidense  hacia El Salvador podrían intensificar la polarización en vez de contribuir a una solución. La solución debería emerger porque los partidos están convencidos de la necesidad de seguir normas constitucionales, no porque cualquiera solución sea percibida como “pro Chávez” y otra “anti Chávez.”  El editorial del Post, al igual que análisis similares, dificulta el trabajo de aquellos que apoyan una solución constitucional a la crisis en El Salvador al describir la problemática en términos altamente simplificados y polarizadores.