Avances y desafíos para los corteros de caña en Colombia

El miércoles 10 de julio, un tribunal distrital en Buga, Colombia, absolvió a seis líderes laborales de “concierto para delinquir y sabotaje”. Los acusados –cuatro corteros de caña y dos asesores del senado colombiano– originalmente fueron cargados por asistir a una reunión en 2008 donde fue alegado que estaba presente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (WOLA también estaba en la reunión, y puede atestar que fue una reunión sobre las violaciones de los derechos laborales, y no estaba presente las FARC).

La absolución es casi histórica. En un país donde se compara la actividad sindical con el terrorismo y los líderes sindicales son regularmente declarados como “objetivos militares”, el fallo de que la reunión fue parte de una lucha legítima para los derechos laborales constituye un avance importante.

Pero aunque el caso es alentador, no es emblemático de la situación general de los derechos laborales en Colombia. Un año tras la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos, las violaciones de los derechos laborales siguen siendo la norma.

Un caso más típico es lo del ingenio azucarero San Carlos. El 16 de abril de 2009, Daniel Borja y Alexander Carrillo llegaron a sus puestos en el ingenio cerca de Cali, Colombia. Fueron recibidos por hombres armados que les dijeron que  el ingenio estaba baja nueva gerencia, y que ellos y unos 200 obreros más tendrían que retirar sus puestos. Frente a los papeles del retiro obligatorio, los trabajadores tuvieron dos opciones, les dijeron oficiales de Human Transition Management (HTM), la consultora que estaba ejecutando el despido masivo: firmar o firmar.

Después del despido masivo, Carrillo y Borja organizaron un colectivo de trabajadores para exigir su reincorporación; muchos de los trabajadores despedidos han sido incluidos  en una lista negra que se hace casi imposible conseguir trabajo alternativo. Irónicamente, mientras que los obreros fueron caracterizados como “peligrosos y beligerantes” por sus esfuerzos de conseguir su reintegro, la realidad es que fueron oficiales del ingenio quienes participaron en la violencia. El ex jefe de seguridad del ingenio San Carlos, Ramiro Rengifo, fue condenado recientemente por el asesinato de un sindicalista en 2000. Además, según documentos de la Fiscalía General de Colombia, el ingenio ha tenido vínculos de larga data con grupos paramilitares bajo el pretexto de “acuerdos de seguridad”.[1]

El gobierno de Colombia ha intentado enmendarse en los últimos años, y creyó un nuevo Ministerio de Trabajo como parte de sus compromisos en el Plan de Acción Laboral (PAL) entre Colombia y los Estados Unidos. El PAL tenía como objeto el mejoramiento de los derechos laborales en Colombia en el contexto del nuevo TLC (aunque hasta la fecha pocas de las provisiones del PAL han sido implementadas). El número de sindicalistas asesinados ha disminuido en los últimos años, y Colombia está negociando un final conflicto armado interno, lo cual viene arrastrándose desde hace décadas. Pero menos sangre todavía no ha producido beneficios tangibles para los trabajadores colombianos. Mientras que los Estados Unidos y Colombia aplauden la reducción de violencia como evidencia de éxito, los enemigos del movimiento laboral del país simplemente se han convertido más perspicaces.

Asesinar a sindicalistas es cada vez más costoso en términos políticos, y los tácticos están cambiando, según los líderes sindicales de Colombia. A través de amenazas de muerte (incluso unas que terminan en asesinatos), la tercerización y el despido masivo por la actividad sindical, los poderosos intereses económicos han evadido la implementación de las leyes laborales  y llevan a cabo ataques en contra de obreros organizados. Como resultado, la tasa de sindicalización en Colombia ha disminuido a sólo cuatro por ciento desde su punto más alto de 14 por ciento.[2] Mientras que el gobierno colombiano ha jurado tomar medidas enérgicas contra las violaciones de los derechos laborales, las multas han sido pocas–y de las multas citadas, aún menos han sido pagadas.

Además de los abusos laborales, los productores en el sector azucarero han sido involucrados en controlar el mercado de azúcar como un cartel ilegal, según una serie de investigaciones de oficiales colombianos.[3] Pero a pesar de esas violaciones, la Representante Comercial de los Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR) anticipa que el cultivo hará avances significantes en el mercado estadounidense gracias al nuevo TLC.[4]

Durante una visita reciente a Washington, DC, el Ministro de Trabajo de Colombia, Rafael Pardo, dijo a WOLA que los despidos fueron “retiros voluntarios”. Eso, dice Carrillo, es una mentira: “Fui intimidado por el Señor Oscar Aguera (del HTM, quien dijo) a una distancia de diez centímetros del rostro mío… que si no firmara la conciliación que eso ‘me traería muchas consecuencias’”. En una empresa con vínculos con paramilitares, en un sector caracterizado por los asesinatos, en un país que todavía está a años de la paz, sólo se puede imaginar que quería decir Aguera.